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CASO CAJA ESPAÑA

El juez cierra el 'caso Caja España' al considerar prescrito el presunto delito de administración desleal

Un recurso interpuesto por el concejal del PP Javier García Prieto considera que la responsabilidad penal en la que pudieron haber incurrido los miembros del consejo de administración de la caja estaría prescrita, al haberse llamado a declarar a los imputados más de cinco años después de haberse cometido el presunto delito.

Carlos S. Campillo/Ical. Javier García-Prieto (D) y Miguel Ángel Álvarez (I), exmiembros del consejo de Caja España.
ileon.com | 06/03/2018 - 14:35h.

Cambio de rumbo, al menos parcial, en el llamado 'caso Caja España' que investiga por presuntamente irregulares la concesión de créditos de la antigua entidad financiera a su expresidente, el constructor Santos Llamas.

Tras pasar a mediados de febrero los 13 imputados hasta el momento a declarar en los juzgados de León, aunque sólo lo hicieron 6 entre ellos el exalcalde de León Francisco Fernández, el juez ha emitido un auto en el que declara el sobreseimiento de la causa al considerar extinguida la posible responsabilidad penal del delito que se les imputaba, de administración desleal.

En el auto de 10 páginas que cierra de momento el 'caso Caja España' el juez, sustituto en el juzgado que investigaba los hechos, relata que la investigación se inició con una denuncia de la Fiscalía de León el 20 de mayo de 2013, sobre unos hechos ocurridos entre enero de 2007 hasta el 2012, que eran 29 operaciones de créditos renovadas a empresas vinculadas a Santos Llamas. El importe ascendía a 67,9 millones de euros.

En marzo de 2015 la Fiscalía pide que declaren como imputados todo el consejo de Caja España de enero de 2009, cuando se concedieron se aprobaron reestructuraciones de deuda a varios constructores, entre ellos Santos Llamas, que habrían incumplido una circular del Banco de España al efecto.

El juez argumenta en su decisión que el plazo efectivo a contar desde los hechos presuntamente delictivos es el 8 de enero de 2009 -aunque hay operaciones posteriores de 2010, 2011 y 2012 bajo sospecha- por lo que considera que hasta el 6 de abril de 2015 en que se dictó providencia para citar por vez primera a los investigados como imputados ya habrían pasado más de los 5 años que indica la ley para poder realizar la investigación.

En el auto que cierra el 'caso Caja España', de momento ya que cabe recurso, no analiza en ningún momento el fondo de la cuestión sino que se centra en cuestiones jurídicas sobre las fechas de inicio de la investigación, recursos y trayectoria formal del asunto.

Los pasados 19 y 20 de febrero 13 de los 14 miembros del consejo de Caja España en 2009 pasaron por el juzgado a prestar declaración. Sólo faltó el número 3 nacional del Partido Popular, el expresidente de la Diputación de Zamora Fernando Martínez Maíllo, que debería declarar en el Supremo en su condición de aforado.

De todos los llamados sólo prestaron declaración 6, el primer día solo el exalcalde de León por el PSOE, Francisco Fernández. Rehusaron hacerlo ese día Miguel Ángel Álvarez, exconsejero por UGT; Bernardo Fernández, exconsejero por UPL; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero por Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero y exconcejal del PP en Ponferrada; Alejandro Menéndez, catedrático de universidad; y el actual concejal del PP en el Ayuntamiento, Javier García Prieto.

El 20 sí prestaron declaración todos los citados, que fueron Marcos García, exsecretario del consejo de Caja España (PSOE); Zenón Jiménez-Ridruejo, exconsejero por el PSOE; Begoña Núñez, exconcejal de Palencia (PSOE); Olga Palacio, exconcejala socialista de León y José Antonio Turrado, líder povincial y autonómico del sindicato agrario Asaja.

En su declaración defendieron todos la conveniencia de la aprobación de la novación de los créditos a Santos Llamas y otros constructores, alegando incluso que la caja estaría en peligro de quiebra en caso de no haberlo hecho.

La investigación del caso tenía como acusación particular a Izquierda Unida, Izquierda Abierta y Ecologistas en Acción. IU ya ha anunciado que presentará recurso contra la decisión judicial.

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