Las eléctricas bloquean en los juzgados las tasas por ocupar espacio público con sus redes de distribución

Torres eléctricas en Ponferrada. César Sánchez/Ical

Antonio Vega

El sector eléctrico ha puesto encima de la mesa, una vez más, su habitual táctica de judicialización cuando no le gusta un asunto público que le afecte. En esta ocasión lo hace contra las tasas de uso del dominio público que pueden aprobar ayuntamientos o juntas vecinales para gravar el uso del espacio que hacen con sus redes de distribución las eléctricas.

En las últimas semanas se asiste a una cascada de recursos contra la aprobación de estas tasas en localidades de León interpuesto por parte de diferentes compañías eléctricas o incluso de Red Eléctrica, la compañía cuasimonopolística que gestiona la red y que todavía cuenta con capital público en su accionariado.

Esta tasa ha sido avalada de forma reiterada por sentencias del Tribunal Supremo, y además de a las eléctricas pueden afectar también a gasistas o empresas de aguas e hidrocarburos. La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (Juntas Vecinales) calculó que la provincia de León podría ser una de las más beneficiadas por la cantidad de dominio público existente, especialmente en manos de los pueblos de forma comunal. Según cálculos de un informe que encargaron a la Ingeniería Valbuena y Ron la recaudación nacional podría suponer alrededor de cien millones de euros.

El cálculo de las tarifas de la tasa se realiza de acuerdo a un estudio técnico-económico, según el cual, el valor del inmueble se obtiene sumando el valor catastral del suelo rústico con construcciones al valor de las instalaciones, y la base imponible es resultado de multiplicar ese valor del inmueble al coeficiente de relación con el mercado y la ocupación en metro cuadrado que corresponde a cada metro lineal.

El último recurso presentado ha sido contra la tasa aprobada por la Junta Vecinal de Santa Cruz del Sil, municipio de Páramo del Sil, por parte de la filial de distribución Unión Fenosa. También esta empresa ha recurrido la aprobada en Villaestrigo del Páramo, municipio de Zotes del Páramo, o la del Ayuntamiento de Molinaseca.

Red Eléctrica ha recurrido, por su parte, la aprobación de la tasa en el municipio de Molinaseca y en el de Villamanín. También lo ha hecho en el Ayuntamiento de Rodanillo, a la que se sumó Unión Fenosa. La eléctrica Iberdrola ha llevado a los tribunales la aprobación por parte del Ayuntamiento de Prioro y la de Villamanín. También ha recurrido la tasa aprobada por la Junta Vecinal del Real Concejo de Valdeón. Todas estos recursos se han producido en los últimos cuatro meses.

Ayuntamientos como Valderrueda, Rioseco de Tapia, Villares de Órbigo, Barrios de Luna, Sena de Luna, Santa Colomba de Somoza, Valdepolo, Boca de Huérgano han aprobado también la tasa, que incluso el segundo municipio de la provincia, Ponferrada, anunció que implantaría.

La Diputación de León aseguró en un pleno celebrado hace un año que estaría en “primera fila” para ayudar a los pueblos y municipios más pequeños para que pudieran aprobar la creación de estas tasas si así lo deseaban. Quizás ahora deba estarlo también en la guerra judicial por la que las eléctricas han optado para no pagar estas tasas.

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