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pleno de las cortes

La Junta da marcha atrás y vuelve a permitir el repostaje en gasolineras sin personal

Ical | 11/04/2018 - 16:21h.

La normativa que obligaba a la presencia de personal en las estaciones de servicio de Castilla y León ha sido derogada con los votos favorables de PP y Ciudadanos.  PSOE, Podemos y UPL se han abstenido y IU-Equo ha votado en contra.

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Miriam Chacón / ICAL. Foto de archivo.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León derogó este miércoles la norma que obligaba a la presencia de personal en las estaciones de servicio de Castilla y León a propuesta de Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. De esta manera, y con el voto favorable de PP y C's, la abstención de PSOE, Podemos y UPL y el único voto en contra de IU-Equo, se dejó la regulación "tal y como estaba" antes de 2016, cuando las Cortes dieron el visto bueno a la obligatoriedad de al menos un trabajador en las estaciones de servicio con el fin de garantizar la seguridad y accesibilidad.

El procurador del Grupo Parlamentario Popular, Salvador Cruz, aludió a cuatro elementos que han provocado el cambio de postura de los 'populares' en este escaso tiempo, entre los que señaló la entrada en vigor del Real Decreto qu regula las condiciones de seguridad añadidas para las estaciones atendidas; la norma que implica condicionantes para garantizar la seguridad en bienes y derechos privados; la posicion de la Comunidad Económica Europea que es "determinante" y que supone "una realidad" en numerosas Comunidades que están dando marcha atrás en esta obligatoriedad; y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentda por Urcacyl y que ha utilizado el PP para "dar un paso más".

Con este paso la norma queda "igual que en 2016" cuando el PP pidió la incorporación d epersonal para garantizar la seguridad, pero ahora son también los 'populares' quienes plantean la solución a un conflicto "en un ejercicio de responsabilidad" para dejar el Estatuto del Consumidor "como estaba".

Desde el Grupo Mixto, el procurador Luis Mariano Santos (UPL) recordó que los leonesistas ya pidieron la excepcionalidad de que la norma no se aplicara a las cooperativas de Castilla y León. "No es para ponerse medallas que hayamos gastado varios plenos para esta materia", consideró Santos, quien pidió acabar con el trámite "y dejemos las cosas como estaban". Por su parte, el procurador José Sarrión (IU-Equo) estimó que lo que "estuvo muy mal" fue no aceptar la excepcinalidad en su día. "Vivimos en una sociedad donde la tecnificación destruye el empleo y concentra la producción en manos de multinacionales", declaró Sarrión, quien incidió en la necesidad de poner "un freno" al auge de las multinacionales.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ofreció su voto favorable a esta normativa aunque consideró que Castilla y León ya legisló "a sabiendas de las alertas legislativas que había" y recordó la "labor social" de las gasolineras, en especial en una Comunidad tan despoblada como es Castilla y León, insistió.

Desde Podemos, Félix Díez Romero estimó que el debate "empieza a aburrir" y puso de relieve la recogida de firmas por parte de Urcacyl para pedir la retirada de esta norma, así como la ILP presentada por este organismo, a pesar de lo que el cambio de posición en esta materia no se ha debido a este hecho, sino "porque hay una amenaza de sanción a las comunidades y por responsabilidad", declaró.

José Francisco Martín, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, se felicitó por que los 'populares' estén presentando "su trabajo de fin de máster" a un tema que calificó como "el mayor ataque a estas gasolineras y al empleo después del centimazo". Martín incidió en que la nueva norma estatal en relación a las gasolineras -que limita el tiempo de respostaje a tres minutos y la cantidad suministrada a 75 litros- "expulsa" a las estaciones de servicio de as cooperativas haciendo que la ILP se quede "en agua de borrajas" dado que se trata de limitaciones "muy difíciles de cumplir".

Además, los socilaistas insistieron en la presentación de una PNL ya hablada con Urcacyl que pretende pedir al Gobierno de la nacion la eliminación de estas limitaciones "sin sentido" para una cooperativa agraria, así como que se establezcan prórrogas para que la adaptación a estos requisitos "tan duros" se pueda derogar "hasta que el nivel de las comunicaciones y telecomunicaciones sea el adecuado" para cumplir con estas peticiones, concluyó.

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