El Parque Nacional de Picos de Europa propone cazar lobos pese a que un informe suyo lo desaconseja desde 2013

Imagen de un lobo muerto, en este caso por un presunto y polémico accidente.

Carlos J. Domínguez

La polémica saltó en el último Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa que comparten Castilla y León, Asturias y Cantabria: sus representantes políticos (PP y PSOE) aprobaron inicialmente la eliminación a través de la caza de ejemplares de lobo en uno de los territorios más protegidos de España, con la excusa de minimizar los daños que esta especie causa a las cabañas de los ganaderos de las tres comunidades.

En un acuerdo y unas declaraciones llenas de eufemismos, con términos como “extracción de ejemplares” o “control de la población”, la decisión política escondía considerar especie cinegética a partir del próximo otoño a los lobos del Parque Nacional, de manera que si “se constata un incremento de los daños”, se podría llegar a incrementar la “captura de animales” hasta en un 20%. Sin decir que sería a tiros ni cuantificar los animales que serían literalmente sacrificados.

La polémica se recrudeció pocos días después, cuando Ecologistas En Acción y WWF calificaron ese plan de “contrario a los principios rectores de la Red de Parques Nacionales” y aseguraron que las medidas contenidas en él se hicieron “sin la más mínima justificación científica y técnica”. De hecho, el acuerdo inicial se había adoptado sin la obligatoria presencia de las organizaciones ecologistas.

Se estima que desde entonces hasta 60 colectivos conservacionistas han reaccionado airadamente contra esta pretensión de los consejeros de Medio Ambiente de Asturias, Cantabria y Castilla y León, en este caso el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Suárez-Quiñones: “Absoluta legalidad”

Éste, tras una reunión con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, abogó como necesaria por la “compatibilidad” entre la conservación del lobo ibérico, como especie protegida, y el ganado de la zona de Picos de Europa, como recurso “autóctono y necesario”.

También defendió la “absoluta legalidad” del proceso, ya que el Protocolo del lobo es necesario para manejar y controlar la situación y buscar un equilibrio. Eso sí, también se debe establecer la adecuada “regulación del control de la especie cuando hay daños” en las poblaciones, pues los ganaderos lo reclaman.

Pero iLeon.com ha localizado un documento, elaborado por encargo del propio Patronato de Picos de Europa, y firmado en 2014 -hace apenas cuatro años- por los expertos Luis Llaneza, Emilio J. García y José Vicente López-Bao, dirigido por Miguel Menéndez de la Hoz, en el que justo lo contrario: que abatir lobos en el Parque Nacional no soluciona problema alguno.

El informe propio lo deja claro: la caza no es la solución

Esta asistencia técnica, denominada 'Seguimiento de las poblaciones de lobos en el Parque Nacional de Picos de Europa“, que incluso se encuentra entre la documentación que el Patronato tiene colgada en su propia web, es demoledor respecto a los nuevos planes. Porque en sus conclusiones deja claro que la única medida contra los daños al ganado es ”básicamente el control de ejemplares“.

“No obstante”, advierten los expertos, “se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones, también en el Parque Nacional, que eliminar lobos no es una solución a largo plazo y, además, no siempre consigue reducir daños a la ganadería, a menos que se extraiga una fracción importante de la población”. Y esta alternativa “inevitablemente entraría en conflicto con los objetivos de conservación de un Parque Nacional”. Más categórico es difícil.

El estudio continúa asegurando que “un manejo adecuado del ganado, minimizando el riesgo de predación mediante la protección del mismo -vallas electrificadas, perros pastores u otros métodos de prevención- disminuye su vulnerabilidad y disponibilidad ante el lobo, lo que repercute muy significatimente en el nivel de daños”.

“El porcentaje del ganado afectado es muy bajo”

Y además “conviene no olvidar que el porcentaje total de ganado afectado por daños de lobo es muy bajo en relación con la carga ganadera total, aunque lógicamente para el ganadero particular afectado el impacto pueda ser significativo”.

Respecto a esto, en el anuario estadístico de 2015, el penúltimo publicado, el propio Parque Nacional recuerda que en la actualidad son 583 las explotaciones ganaderas que aprovechan terrenos de este espacio protegido, las cuales ese año “han han sufrido la pérdida de 197 cabezas de ganado”. “Prorrateando entre todas las explotaciones, se tendría una perdida media de 0,34 cabezas de ganado por explotación; esto, lógicamente, no es real, ya que sabemos que han sido afectadas un total de 67 explotaciones ganaderas por acciones del lobo”, reza ese otro documento. O sea, que la excusa del impacto no concuerda con las propias estadísticas de daños reales.

Pero si hay una zona donde los daños ganaderos no justifican la caza del lobo es León. Porque son prácticamente inexistentes. Lo dice también la estadística oficial. Categóricamente. En la última memoria anual publicada completa, la de 2016, se consigna que de los 137 expedientes de daños solicitados por los ganaderos y atribuidos al lobo, 105 fueron en Asturias (por valor de 51.083 euros); 32 casos más en Cantabria (no llegó a 10.000 euros); y cero casos en León.

No es un año aislado: en 2015 tan sólo se registró en el Parque Nacional un ataque de este controvertido cánido, en concreto en febrero en el municipio de Posada de Valdeón. El resto, nuevamente mayoritarios en Asturias. Y en 2014, de un total de 66 expedientes, únicamente uno correspondió a la parte leonesa del espacio protegido, por la muerte de un cordero nuevamente en Posada, que se indemnizó con 138,61 euros.

Los pagos de indemnizaciones por daños causados por lobos, con datos oficiales del propio Patronato. Obsérvese la incidencia en León.

Nuevamente tomando como referencia el informe de expertos de 2014, entre los años 2012 y 2013, el importe que el Parque pagó por daños de los lobos al ganado en Picos fue en León un 0,5% del total, según se aprecia en este gráfico que contenía ese informe. Parece demostrado que en León, donde la Junta continúa permitiendo la muerte por disparos de ejemplares de lobo, la necesidad de este control poblacional basado en los daños a la cabaña ganadera se cae por su propio peso en base a las cifras oficiales.

Una sucesión de sentencias en contra que no cambian la política

Cabe recordar que la eliminación de lobos ya se aplica desde hace años en Castilla y León amparada por la Junta, eso sí, a pesar de que sucesivos planes de gestión de este cánido haya sufrido innumerables reveses judiciales: el último, anulando el Plan de Aprovechamientos Comarcales del Lobo en los territorios cinegéticos situados al norte del río Duero para la temporada 2015-2016, el que se aplicó en la provincia de León.

Sólo un mes antes antes, también el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ya dejó sin validez la totalidad del Plan del Lobo por la falta de informes obligatorios. Y previamente, el Plan de Aprovechamientos del Sur del Duero. Sentencias que, como han sido o serán recurridas, no modificarán un ápice las cacerías aprobadas por la Junta. Para hacerse una idea de la magnitud del plan autonómico, cabe recordar que sólo en León en 2017 se aprobó la caza de 51 ejemplares.

Pese a las tres sentencias categóricas, el área de Medio Ambiente que dirige el leonés mantendrá las batidas cinegéticas contra el lobo, porque como arguyó Suárez-Quiñones -juez de profesión- cabe recurso al Supremo y además los jueces, dijo, “no son infalibles”.

Los ecologistas siguen sin salir de su asombro. No sólo porque esta sucesión interminable de varapalos judiciales no haga mover un ápice la política de gestión de esta especie sino porque tampoco provoque la dimisión de nadie, ni técnicos ni altos cargos ni políticos. Y que incluso lejos de ello, la caza de los lobos se pretenda extender al espacio más protegido de España, Picos de Europa, donde un vecino puede sufrir una multa por cortar unas ramas de unos árboles sin el correspondiente permiso.

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