El ministro de Justicia sobre el juez que pidió la absolución de La Manada: “Todos saben que tiene un problema”
La polémica política y ciudadana sobre la sentencia del caso de 'La Manada' no cesa varios días después de conocerse la condena de 9 años de cárcel por abuso sexual continuado, y no por agresión sexual, a los hombres que agredieron a una joven en los Sanfermine de 2016.
Además de la protestas ciudadanas en la calle el tono político ha sido subiendo en las últimas jornadas con críticas a la sentencia y 'fuego cruzado' entre los políticos y el poder judicial, cuyas asociacione han criticado pronunciamientos críticos contra la polémica sentencia. Una asociación, Jueces para la Democracia, ha pedido incluso la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por alguna de sus valoraciones y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, arremetió contra los cargos públicos que critican la sentencia ya que “se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos”.
Este lunes Catalá, en una entrevista en la Cadena COPE, ha ido más allá y ha asegurado que se debería haber actuado contra el magistrado de orígenes leoneses Ricardo González, “pero cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares”. El ministro ha rehúsado explicar el problema y se ha remitido a algunos expedientes que el magistrado ha tenido, según se ha conocido estos días por varios medios de comunicación.
“Debería de haberse actuado preventivamente” ha reiterado, criticando que el voto particular de petición absolutoria ocupara más páginas que la mera condena y “expresiones muy inadecuadas”, volviendo a cuestionar la responsabilidad del CGPJ. Apunta que la indignación de la sociedad se debe más que a la propia sentencia condenatoria al voto particular que abogaba por la absolución.
El ministro de Justicia ha reiterado la apuesta del Gobierno de iniciar los trámites para una modificación del Código Penal, “no precipitadamente ni populista”, para reformular los supuestos penales relativos a delitos sexuales. “En la lucha contra la violencia hacia la mujer, me parece aconsejable escuchar a los expertos y, si procede, cambiar el código penal”, ha resumido.
Petición de dimisión
Tras las palabras de Rafael Catalá todas las asociaciones judiciales existentes, cuatro de jueces y tres de fiscales, han emitido un comunicado conjunto en el que piden la dimisión del responsable ministerial por sus controvertidas declaraciones.
Las entidades judiciales consideran que sus palabras suponen una “intromisión del Ejecutivo en las labores que les corresponden exclusivamente al CGPJ (tales como la tutela o impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien aún ejerce de ministro de Justicia”. Lamentan “la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales”.
