La trama Gürtel corrompió en León con el 3% pero la justicia autonómica archivó el caso sin juicio

Variante Olleros de Alba

Antonio Vega

La trama Gürtel llegó de pleno a la provincia de León, y no sólo por la abultada condena de 15 años de cárcel por delitos básicamente fiscales de la mujer astorgana de Luis Bárcenas, sino por considerar probado un caso de pago de comisiones ilegales de una obra realizada en la Montaña Oriental por una empresa también leonesa. Algo que el propio Francisco Correa, condenado a 51 años de prisión, contó sin pudor en su declaración en el juicio.

Se trata del llamado caso de la variante de Olleros de Alba, una obra que sirvió para desviar la carretera CL-626 en el tramo que une La Magdalena y La Robla a la altura de la citada localidad, y que fue adjudicada en el año 2002 por la Junta de Castilla y León a la empresa Teconsa por 2,8 millones de euros, una sociedad controlada por el empresario José Luis Martínez Núñez, ya fallecido.

En el juicio de Gürtel Francisco Correa respondió a la fiscal Sabadell por los apuntes de su contabilidad que se corresponderían a las comisiones por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba. El líder de la trama aseguró que si figuraban ahí es que serían verdad, aunque aseguró no conocer el detalle de los mismos ya que él no realizaba anotaciones contables. Cuestionado sobre las iniciales LB, las vinculó a Luis Bárcenas; GG las atribuyó a Gerardo Galeote; JM las identificó como Jesús Merino; y en el caso de TO aseguró que serían de un consejero de la Junta de Castilla y León pero dijo no recordar su nombre y sólo pronunció de forma dubitativa 'Tomás'. El principal imputado político, y luego desimputado, por este caso fue el consejero de Fomento cuando la adjudicación, José Manuel Fernández Santiago, conocido como 'Toti'.

Cuando saltó a los titulares la investigación de la trama Gürtel en el año 2009 se inició una investigación, que asumió en el año 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que tomó declaración a varios imputados, entre ellos el que fue consejero de Fomento durante la adjudicación y luego presidente de las Cortes autonómicas, el ya citado José Manuel Fernández Santiago. En el año 2012 se archivó el caso tras haber descartado un delito de prevaricación y considerar prescrito el de cohecho.

Pago de comisiones del 3%

La sentencia de la primera época de Gürtel (1999-2005) señala como hechos probados el pago de comisiones en relación con la obra de la variante de Olleros, entre otras obras más que la misma empresa recibió también de la Junta de Castilla y León y por las que se pagaron mordidas entre los años 2002 y 2004. En concreto se considera acreditado que el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exvicepresidente y exconsejero de la Junta Jesús Merino recibieron 18.600 euros cada uno y Francisco Correa otros 31.150 euros.

Los jueces relatan respecto a los hechos delictivos ocurridos en Castilla y León que Luis Bárcenas, Jesús Merino y Pablo Crespo aprovecharon la influencia de los dos primeros “con la finalidad de procurarse un ilícito enriquecimiento, urdieron una estrategia para obtener adjudicaciones de obra pública a favor de empresas de confianza de Franciso Correa y que este pudiera controlar, a cambio de gratificaciones, mediante el cobro de comisiones que este distribuía en efectivo y, en el caso de Luis Bárcenas, también en forma de viajes y servicios que encubría con facturas ficticias”.

Una parte de esos fondos se derivaban a una sociedad, Spinaker 2000, que compartían con Jesús Sepúlveda. Los tres condenados habrían conformado junto a Sepúlveda, exmarido de la exministra Ana Mato condenado a 14 años de prisión, una “trama de empresas” dedicada a la “ocultación de fonfos” proveniente de comisiones ilegales.

Los cobros que se consideran probados “en contraprestación a su intermediación en la adjudicación de contratos públicos, que realizaron valiéndose de sus influencias sobre cargos públicos de su misma formación política” fueron de 1,2 millones en el caso de Bárcenas, 331.737 euros por Merino y 1,2 millones para Correa. Todo por adjudicaciones intermediadas en Castilla y León, algunas identificadas de forma directa y otras no.

Hay tres comisiones que cobraron de forma directa vinculadas a obras, todas ellas adjudicadas a la empresa Teconsa. Era propiedad del Grupo Martínez Núñez, de la familia berciana que encabezaba el fallecido José Luis Martínez Núñez, cuyo hijo José Luis Martínez Parra será juzgado por otras dos piezas separadas de la trama, la de la visita del Papa a Valencia y la de Boadilla del Monte. Según la sentencia pagaron mordidas por la variante de Olleros, la adjudicación de la variante de Mena (Burgos) y la del vertedero de la provincia de Salamanca.

En el caso de la variante de Olleros de Alba se ha considerado probado que los condenados habrían recibido en enero de 2003 varios fondos: de 18.600 euros en el caso de Luis Bárcenas y Jesús Merino y de 31.150 euros en el de Francisco Correa. Aunque la comisión total repartida, con otras personas, podría haber ascendido hasta el 3% del total de la obra según las pruebas, unos 175.000 euros.

El testimonio de Correa y los informes policiales son a juicio de los jueces suficientes para atribuir las iniciales de los documentos a Luis Bárcenas, Jesús Merino y el propio Francisco Correa. Las pruebas que lo avalan es un documento encontrado al contable de la trama y que contenía anotados las mordidas a repartir con las iniciales de cada uno. En el documento escrito a mano fechado el 18 de enero de 2003 aparece el reparto de 72.000 euros entre Correa, Bárcenas y Merino, además de otros 1.650 euros que habría apartado Correa para otras cuestiones.

Junto a ese documento se localizó también un fax de diciembre de 2012 con la adjudicación a Teconsa de las obras de la variante. Éste contenía anotaciones escritas que ponían “73.650=12.555”. Los 73.650 euros coinciden con el 3% del importe de adjudicación de la contrata, que era 73.654,11207 euros, que, a su vez, son alrededor de 12.255.000 de las antiguas pesetas (12.255).

Todos estos hechos se consideran prueba de actividades ilícitas llevadas a cabo por los acusados en Castilla y León y sirven de prueba para apuntalar las condenas de Bárcenas, Merino y Correa.

El TSJ de Castilla y León lo archivó sin juzgar

Pero este asunto que ahora la Audiencia Nacional considera probado es 'cosa juzgada' para el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que asumió la investigación dado que el exconsejero acusado, José Manuel Fernández Santiago, era procurador entonces (y ahora) y por tanto aforado.

La investigación corrió a cargo del magistrado César Balmori Heredero, que llamó a declarar a los implicados entre los que se encontraban el propio Fernández Santiago, Luis Bárcenas, Jesús Merino, Francisco Correa o los ejecutivos de Teconsa Rafael Martínez Molinero, José Luis Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, además de varios funcionarios y técnicos vinculados con la adjudicación.

En abril del 2012 el juez dio carpetazo al caso, ratificado después en dos recursos, al considerar prescrito el presunto delito de cohecho imputado a José Manuel Fernández Santiago y no probado el delito de prevariación también atribuido por la Fiscalía. Además el auto sobreseía también las actuaciones sobre otros otros once funcionarios y técnicos imputados, además de los directivos de Teconsa.

Fiscalía y Abogacía del Estado recurrieron el auto del juez pero el Tribunal, en una sala de la que formaba parte el actual presidente del TSJ José Luis Concepción, rechazó sus argumentos contra el sobreseimiento y tumbó los recursos cerrando el caso definitivamente en el verano del 2012. No obstante las actuaciones relativas a Bárcenas y Correa y a otros investigados se remitieron al juzgado de la Audiencia Nacional que llevaba el caso Gürtel, motivo por el que los hechos han aparecido en la primera época del caso (1999-2005).

Ha sido ahora cuando la Audiencia Nacional ha considerado probado que sí hubo comisiones por adjudicaciones de obras en Castilla y León, y en particular en la provincia de León. Pero sólo valen como prueba para condenar a la trama Gürtel y no hay condenas específicas por los hechos delictivos, de los que el Superior de Justicia de Castilla y León no vio nada.

La Audiencia Nacional ha condenado por este primer gran juicio a Francisco Correa a 51 años y 11 meses de cárcel; a Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses; y a Jesús Merino a 3 años y 7 meses de prisión.

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