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CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta rediseña los procesos para la concentración parcelaria para reducir los plazos "al máximo"

Ical | 11/01/2018 - 16:10h.

Establece la posibilidad de un régimen cooperativo para zonas de mayor actividad ganadera y de iniciativa privada en áreas de mayor demanda social o tamaño reducido.

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La Consejería de Agricultura y Ganadería reduce al "máximo" plazos y simplifica los procesos administrativos para la ejecución de la concentración parcelaria en Castilla y León y regula, como novedad, el régimen cooperativo para zonas de mayor actividad ganadera que agrícola y la iniciativa privada en áreas de mayor demanda social o de tamaño reducido.

Así se recoge en el decreto por el que se aprueba el reglamento de concentración parcelaria de Castilla y León con el que se pretende una aplicación más eficaz, ágil, simplificada y transparente de estos procesos, según explicó la consejera del ramo y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Marcos explicó que desde el inicio de la legislatura se ha intervenido en 106.500 hectáreas, que supone el 70 por ciento de las 160.000 del compromiso adquirido para este mandato y precisó que el objetivo final es llegar al 82 por ciento de la superficie a concentrar en el año 2023, que ahora está en el 66,9 por ciento, dado que de más de nueve millones de hectáreas, 5,7 son concentrables y cuatro millones están finalizadas.

La consejera manifestó que es difícil establecer un tiempo medio en que se puedan acortar estos procesos, porque depende de cada uno de ellos, aunque pueden estar entre los 12 y 24 meses en casos al actuar en paralelo a la declaración de impacto ambiental o entre el 10 y 15 por ciento al ampliar del cinco al 15 por ciento el número de recursos que se pueden presentar contra el acuerdo de reaordenación para suspender una toma de posesión.

Por otro lado, frente al procedimiento ordinario, se regula el abreviado, lo que permite refundir fases del proceso y, de esta forma, acortar plazos. También, se articula un sistema colectivo de rectificaciones que permite obviar los largos y múltiples trámites individuales y sustituirlos por un solo procedimiento colectivo y simultáneo en la fase del acta de reordenación de la propiedad.

Igualmente, se facilita la actividad de los agentes implicados (técnicos, agricultores y funcionarios) en los equipos de trabajo y otros órganos como comisiones locales y grupos de trabajo, y se les dota de una mayor agilidad eliminando trabas jurídico-administrativas.

Según Agricultura, este nuevo reglamento permitirá que los procesos de concentración parcelaria sean más simples, para lo que se flexibilizan los requisitos para solicitarlos. Ahora se pide mayoría de propietarios o cultivadores, o que cuenten, al menos con el 50 por ciento de la superficie a concentrar, mientras que antes se requería el 75 por ciento.

Nuevos tipos

También, se crea la posibilidad de abarcar una mayor tipología de zonas de concentración parcelaria, desvinculando en ciertas situaciones la necesidad de ejecutar infraestructuras agrarias costosas y con posible impacto ambiental. De esta forma, se podrá actuar en zonas donde actualmente es difícil concentrar y con ellas se incrementará el número de zonas concentrables.

Además, se articula la posibilidad de intervenir en zonas con poca actividad agrícola pero con actividad ganadera a través de entidades asociativas. En este caso serán concentraciones parcelarias en régimen cooperativo. Se posibilita la vía de la concentración parcelaria en régimen privado para aquellas zonas con alta demanda social, de reducido tamaño, de escasa dificultad o que no alcancen la consideración de prioritarias, asumiendo los beneficiarios los costes del proceso, con un apoyo y una supervisión por parte de la Administración.

Marcos destacó que con esta nueva norma se gana en objetividad, seguridad jurídica y transparencia. En el reglamento, se recogen las deducciones a las aportaciones, la cuantificación, regulación de las fincas de restauración del medio natural y también la nueva modalidad de régimen cooperativo.

Como ejemplo, las deducciones pueden producirse en las aportaciones de los propietarios, cuyo total no podrá exceder del 10 por ciento del valor de las parcelas aportada (la Ley de Concentración Parcelaria de 1990 preveía un 16,6 por ciento) o del 7 por ciento para los propietarios de una única parcela, para las fincas destinadas a la restauración del medio natural o para ejecutar obras de regadío. Se asegura, de esto modo, la disponibilidad de terreno suficiente para acometer las infraestructuras anexas al proceso de concentración y se reduce el descuento de las aportaciones de los propietarios.

Recoge, también, la incorporación de las fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo al fondo de tierras disponibles de Castilla y León o bien adjudicarlas a las entidades locales para que las destinen a infraestructuras comunes o mejoras medioambientales, proporcionando así un beneficio social.

Beneficios

Según la Junta, las actuaciones de concentración parcelaria son una de las actuaciones más eficaces en el medio rural para potenciar la actividad y el empleo y constituyen una herramienta contrastada de lucha contra el despoblamiento y los desequilibrios territoriales. Como ejemplo, señala que el número de incorporaciones de jóvenes en zonas concentradas es un 40 por ciento superior a zonas no concentradas, y la inversión privada de los agricultores para modernizar sus explotaciones es un 36 por ciento mayor.

Entre los principales beneficios que conlleva la concentración parcelaria, apunta a la productividad y competitividad con la corrección de desequilibrios, la mejora de la rentabilidad de las explotaciones al hacerlas más eficientes, el aumento de la posibilidad de diversificar producciones o la eficiencia y la vida útil de la maquinaria.

En el apartado de medio ambiente, se resalta el ahorro energético y la reducción de la contaminación y del consumo de combustibles. Así, indica que en las concentraciones parcelarias ayudan a disminuir las emisiones de efecto invernadero (disminución de distancias un 40 por ciento, ahorro de combustible un 25 por ciento y reducción de CO2 un 25 por ciento).

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