Imputado el Consejo de Administración de Caja España en 2009 por los créditos a Santos Llamas

Juan Lázaro / ICAL El expresidente de Caja España, Santos Llamas, a su llegada a la Audiencia Nacional

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El Juzgado de Instrucción Número 5 de León ha imputado a la mayoría de los miembros que formaban el Consejo de Administración de Caja España en 2009, dentro de la investigación para determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad, por los créditos concedidos a directivos con empresas constructoras, entre ellos el expresidente Santos Llamas.

Así, el Juzgado de Instrucción número 5 de León ha citado a declarar como imputados a todos los asistenes al consejo de la entidad que aprobó los créditos millonarios. Tendrán que acudir a partir del próximo 25 de mayo, después de la demanda presentada por Izquierda Unida de Castilla y León y por Ecologistas en Acción. En concreto, los imputados son los siguientes: Miguel Ángel Álvarez Sánchez (UGT); Francisco Fernández (ex alcalde de León, PSOE); Javier García Prieto (procurador autonómico PP, propuesto ahora por la lista al Ayuntamiento de León); José Antonio Turrado Fernández (secretario autonómico del sindicato agrario Asaja y presidente provincial); Artemio Domínguez González (PP Salamanca); Bernardo Fernández Álvarez (empresario, designado por UPL); Alfredo Fernández Salvadores (sindicato Csica); Juan Elicio Fierro Vidal (concejal del PP en Ponferrada); Marcos García González (excargo del PSOE León); Zenón Jiménez-Ridruejo (ex procurador del PSOE); Fernando Martínez Maíllo (PP, presidente de la Diputación de Zamora); Alejandro Menéndez Moreno (catedrático de la Universidad de Valladolid); Maria Begoña Núñez Díez (exprocuradora del PSOE por Palencia y concejala en Palencia); y Olga Palacio García (exconcajal del PSOE en León);

Isabel Carrasco Lorenzo no figura en esta lista por haber fallecido de tres disparos en mayo del año pasado cuando era presidenta de la Diputación de León y presidenta del PP leonés. Formaba parte del Consejo de Administración de Caja España durante el tiempo de los hechos investigados judicialmente.

El impacto electoral que podría tener el hecho de que muchos de ellos estén inmersos actualmente en cargos públicos de más o menos relevancia o que, como el caso de García Prieto, se hayan anunciado para relevantes candidaturas, podría causar cambios bruscos en las próximas e inminentes elecciones municipales y autonómicas de mayo.

La magistrada Rocío González ya tomó declaración el pasado 22 de enero, en calidad de testigos, a los peritos del Banco de España que habían realizado varios informes advirtiendo al consejo de administración de la entidad del riesgo de la concentración de créditos de Llamas; una investigación que también solicitó la Fiscalía de León en julio de 2012.

En uno de esos informes, firmado por la jefa de División de la Asesoría Jurídica Interna del Banco España, Rosario Pérez, se analizan 29 operaciones de crédito o líneas de avales concedidos por Caja España a Santos Llamas por 67,9 millones de euros. Asimismo, el documento revela que el 80 por ciento de las operaciones firmadas por Llamas con la entidad que presidía eran de riesgo y no se computaban como tal en la Caja.

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