Casi uno de cada tres titulares de la Renta Garantizada en Castilla y León es menor de 35 años
El 29,2 por ciento de las personas que cobra la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León es menor de 35 años, por lo que muchos de estos beneficiarios tienen cargas familiares, sobre todo niños. No en vano, hay cerca de 14.000 menores de edad que dependen de los titulares de esta prestación. El perfil del perceptor de la renta, que funciona en la Comunidad desde 2011 para garantizar las necesidades básicas de subsistencia y reciben en la actualidad 38.060 personas, se completa con que el 88,5 por ciento de esos individuos es español, aunque hay más de 60 nacionalidades entre los extranjeros; es mayoritariamente hombre (58 por ciento); vive en el medio urbano (62 por ciento) y la cuantía media que percibe es de 536 euros al mes.
La renta garantizada es uno de los programas esenciales de la Red de Protección a las Personas y Familias afectadas por la crisis que, con el paso de los años, ha demostrado su necesidad. El número de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía se ha incrementado un 12 por ciento entre 2014 y 2016, hasta llegar a cerca de 70.000 personas en la Comunidad.
Un aumento de los perceptores que ha venido acompañado de una importante subida del presupuesto para financiar. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinó en 2011 un total de 27 millones de euros para hacer frente al pago de estas ayudas frente a los 55 millones presupuestados en 2015 y los 76,5 millones del presente ejercicio.
Los datos facilitados por este departamento a Ical recogen que junto a los más de 11.000 menores de 35 años que se benefician de la Renta Garantizada hay otros tantos que tienen entre 36 y 45 años. Es decir, las personas entre 18 y 45 años suman el 60 por ciento del total de titulares de esta prestación. Les siguen, el 26 por ciento de los perceptores entre 46 y 55 años y el 12 por ciento de los que cuentan entre 56 y 64 años, mientras que los mayores de 65 años solo suponen el 2 por ciento (760 personas).
La coordinadora autonómica de Cruz Roja, Eva Fernández, mostró a Ical su preocupación por el dato de que casi un tercio de los perceptores de la Renta Garantizada tenga menos de 35 años, lo que da idea de la falta de oportunidades laborales para un determinado colectivo en Castilla y León. Apuntó que el perfil de los beneficiarios atendidos por la organización en los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión tiene entre 35 y 50 años, además de estar marcados por la “cronicidad” al llevar tiempo vinculados a la entidad.
Fernández apostó por trabajar con los jóvenes que cobran una prestación desde el punto de vista educativo y sociolaboral. No en vano, consideró que muchas de ellos pueden volver al sistema educativo después de haber abandonado las aulas a edades tempranas, mientras que otros requieren mejorar sus habilidades sociales y conseguir competencias básicas. Además, hay casos donde la única salida es incidir en la formación para que encuentren un empleo, ajustado a sus capacidades.
5.500 beneficiarios encuentran trabajo
La Junta es consciente de que uno de los pilares de la Renta Garantizada, además de cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, es promover la formación y la inserción sociolaboral del perceptor. Por ello, ha redoblado los esfuerzos para que las personas que cobran esta prestación consigan un empleo al ser la “mejor herramienta” para su autonomía. Los datos que maneja la Consejería señalan que cerca de 5.500 personas perceptoras de la Renta Garantizada encontraron un empleo entre 2015 y 2016.
De las 38.060 personas que cobran esta ayuda, 33.687 tiene nacionalidad española y un 11,5 por ciento es extranjero. Destaca que el 65 por ciento de los foráneos proceda de Marruecos (2.836), seguido a mucha distancia de ciudadanos de Bulgaria (385), Rumanía (375), Portugal (130), Argelia (94) y Colombia (90).
La cuantía mínima por titular en Castilla y León está fijada en 426 euros pero la cifra media se sitúa en 536 euros, lo que supone 110 euros más. Una cifra que está relacionada con el dato de que el 58 por ciento de los beneficiarios tiene cargas familiares y, por tanto, tiene derecho a más dinero para hacer frente a un incremento de los gastos para vivir.
La conocida en otras comunidades autónomas como la Renta Mínima de Inserción es una prestación mensual que actúa de barrera ante las situaciones de pobreza y garantiza a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad un mínimo de ingresos que evita el empeoramiento de su estado social. Hay que recordar que la Renta Garantizada en Castilla y León tiene una duración ilimitada al igual que en Asturias y Madrid, junto a Extremadura donde está fijada en seis meses pero prorrogable sin límite de tiempo. En otras regiones, se limita a seis meses (Andalucía) aunque lo más habitual es que dure un año.
El informe sobre 'Derechos sociales en las comunidades autónomas y crisis económica', elaborado por el Foro de la Autonomía, señala que País Vasco es la región que tiene la Renta Mínima de Inserción más elevada, con 665 euros, aunque está limitada a 24 meses. Le sigue Navarra, con 548 euros y una duración que va de 6 a 30 meses. En el lado opuesto, aparecen Murcia (300 euros), Valencia (338 euros), Castilla-La Mancha (372 euros) y Madrid (375 euros).
El estudio precisa que la crisis económica incidió en este tipo de prestaciones al asegurar que muchas comunidades optaron por su reforma, con el objetivo de “reducir la cuantía y el número de beneficiarios”, en el marco del principio de estabilidad presupuestaria y control del déficit. Eso sí, también subraya que en los últimos años se constató un “corrección favorable” al incremento de la Renta Mínima de Inserción y cita los casos de Galicia, Extremadura, Baleares y Navarra.
Compatible con ayudas
Esta mejora también llegó a Castilla y León, puesto que la Junta acordó en 2016, en el marco del Diálogo Social, adaptar la Renta Garantizada a los nuevos perfiles de las personas y familias que requieren atención. La medida fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios en las Cortes para contar con una prestación más flexible, más compatible con otras ayudas (desempleo, RAI, PAE, PIE y Prepara, hasta alcanzar el máximo establecido) y así llegar a más personas. Además, la Junta facilita la reanudación automática de la percepción una vez que la persona deja de trabajar, que fue suspendida al obtener ingresos con esa actividad laboral.
Este compromiso se ha traducido en dotación presupuestaria, ampliación de la cobertura y agilización en la concesión de la prestación en situaciones de mayor urgencia o vulnerabilidad. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, recordó este mes en su comparecencia en las Cortes para informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de su cartera en el ecuador de la legislatura que en estos dos años más de 3.600 procedimientos de concesión de Renta Garantizada de Ciudadanía se tramitaron antes del plazo de tres meses, establecido en la ley. De ellos, el 33 por ciento se gestionó antes de un mes.
