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nueva regulación del sector eléctrico

La térmica de Anllares no se libraría del cierre pese al decreto del Gobierno

A.M. | 15/11/2017 - 09:10h.

Los propietarios de la instalación ubicada en Páramo del Sil presentaron la solicitud de cierre el pasado 25 de mayo, pero la nueva normativa del Ministerio que dirige Álvaro Nadal sólo será aplicable a las peticiones cursadas con posterioridad al 15 de septiembre de este mismo año.

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Central térmica de Anllares, en el término municipal de Páramo del Sil (León). / César Sánchez / Ical

El real decreto del Gobierno para evitar el cierre de las centrales que producen energía eléctrica en España llega tarde para salvar a la térmica de Anllares, ubicada en Páramo del Sil. La nueva normativa, cuyo borrador se dio a conocer este mismo lunes, no afectará a esta instalación, de la que es propietaria Gas Natural Fenosa en un 66% y Endesa en un 33%.

El real decreto del Ministerio que dirige Álvaro Nadal no afectará a la central de Páramo del Sil porque sólo será aplicable a las solicitudes de cierre presentadas con posterioridad al 15 de septiembre de 2017, fecha en que finalizó el trámite de consulta pública previa, en las que, al tiempo de la entrada en vigor del presente real decreto, no haya recaído la correspondiente resolución definitiva.

Según han confirmado fuentes de Gas Natural Fenosa a este periódico, los propietarios de estas instalaciones cursaron el pasado 25 de mayo la correspondiente petición administrativa ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para solicitar "el cese paulatino de la actividad de la central térmica de Anllares hasta 2019, en cumplimiento con la directiva europea de emisiones".

Por otro lado, los propietarios de la central térmica de Anllares han recordado que ésta no cuenta con una infraestructura de desulfuración, ni de desnitrificación de las emisiones, motivo por el cual, en octubre de 2013, ya se comunicó su imposibilidad para cumplir con los límites recogidos en la Directiva de Emisiones Industriales (DEI). Además del problema de la emisión de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, la central, al 50% de su capacidad, emite 1.500.000 toneladas al año de CO2.

Desde Gas Natural no han valorado la legislación con la que el Gobierno pretende impedir el ciere de las centrales de producción eléctrica y han asegurado que todavía la están analizando.

La Robla sí se mantendrá operativa

No obstante, Gas Natural Fenosa ha confirmado que sí mantendrá operativa la central térmica de La Robla con una fuerte inversión para cumplir con la Directiva europea de Emisiones Industriales.

La compañía ha agregado que ya está analizando alternativas para la adaptación en el grupo 2 de la central, con el objetivo de extender su operación más allá del 1 de julio de 2020, fecha en la que finaliza el denominado Plan Nacional Transitorio al que se acoge. La central ya cuenta con una desulfuradora que le permite cumplir los límites de emisión de azufre marcados en la normativa europea, han explicado las mismas fuentes.

Compostilla ya había anunciado su cierre

Otra de las instalaciones a las que podría afectar este real decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital  es la térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil, en manos de Endesa. A este respecto, desde Endesa no han querido confirmar o desmentir a este periódico si se ha presentado de forma oficial una solicitud para solicitar su cierre y han descartado valorar la nueva regulación sobre las autorizaciones de cierre de las eléctricas.

A este respecto, hay que recordar que el pasado mes de mayo Enel, principal accionista de Endesa, confirmó el cierre de Compostilla en 2020. La compañía argumentó en ese momento que "no se han planificado inversiones de adecuación ni ajustes a la normativa IED para las plantas de Teruel y Compostilla. Como consecuencia, tales plantas, en base a la normativa ambiental vigente y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, deberán ser cerradas antes del 30 de junio de 2020″. De hecho desde el 2014 ya tiene reservados los fondos necesarios para afrontar el cierre y el desmantelamiento de la central.

Iberdrola cree el decreto del Gobierno puede ser contrario a la normativa europea

Quien sí ha valorado el decreto del Gobierno para impedir el cierre de centrales de producción eléctrica ha sido Iberdrola que ha aseverado que puede ir en contra de la legislación europea, ya que la nueva Directiva de Electricidad, incluida en el Paquete de Invierno de la Comisión, plantea que se debe garantizar que "no existan barreras injustificadas para la entrada y salida del mercado de las empresas de generación y suministro de electricidad".

Así lo advierte la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán en sus alegaciones presentadas al proyecto de real decreto que pretende regular el procedimiento de cierre de instalaciones eléctricas, que ya ha sido trasladado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En ellas, la compañía aboga por un mecanismo de subastas de capacidad, la posibilidad de hibernación de instalaciones, la libre entrada y salida en el mercado y una retribución al parque nuclear que garantice su viabilidad económica.

En cuanto al futuro de las instalaciones de producción que quedasen fuera de las citadas subastas, en las que no podrían participar las centrales de producción de carbón al ser muy contaminantes, Iberdrola considera que debería depender del criterio de sus propietarios.

Para la eléctrica, esto resulta especialmente relevante en un escenario como el español, en el que buena parte del parque de generación presenta pérdidas económicas y debe hacer frente a una elevada carga fiscal, que se traduce en un coste para el sector de unos 3.000 millones de euros al año.

En consecuencia, pide que las instalaciones que se comprometan a suministrar capacidad de respaldo deberían poder cerrar o, si así lo considera su propietario, entrar en fase de 'hibernación'.

En este sentido, Iberdrola aboga en la documentación remitida al Gobierno por permitir la libre entrada o salida de instalaciones del mercado, de acuerdo al criterio de sus propietarios. De lo contrario, advierte de que el mercado dejaría de enviar señales reales de escasez de potencia cuando así ocurriese en momentos de puntas de demanda.

Añade que "las normas del mercado permitirán la entrada y salida de empresas de generación y suministro de electricidad en función de su evaluación de la viabilidad económica y financiera de sus operaciones".

Además, considera que impedir la libre salida y entrada en el mercado también iría en contra de la normativa española: tanto del principio de libertad de empresa recogido en el artículo 38 de la Constitución como en los artículos dos y ocho de la Ley del Sector Eléctrico.

Iberdrola ha solicitado al Gobierno autorización para cerrar sus centrales de carbón de Sama (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia), unas instalaciones que iba unir la polémica línea eléctrica Sama-Velilla, una autopista que atravesaba la Montaña leonesa y que generó un amplio rechazo social a la instalación.

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