El Gobierno se pone de lado frente a las obras de la Plaza del Grano

El desnivel entre las nuevas baldosas de la calle Capilla y el empedrado tradicional de la plaza preocupa a los detractores del proyecto. Foto: Ismael González Millán

Carlos J. Domínguez

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Es en habitual equilibrio que las respuestas parlamentarias del Gobierno central mantiene ante este tipo de iniciativas y no ha sido un caso extraordinario en la respuesta oficial que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ofrece ante el senador valenciano de Compromís, Carles Mulet, a propósito de la polémica entre el proyecto que ejecuta el Ayuntamiento de León en la Plaza del Grano y las críticas de numerosos colectivos que se oponen a la intervención que creen no tradicional.

En su respuesta, fechada el 28 de febrero, el Gobierno opta por ni rechazar ni asumir el proyecto, aunque se decanta quizá más por la segunda opción, recordando además que gran parte de estas obras se deben a la jugosa financiación estatal procedente del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, en concreto, casi 200.000 euros, el 75% del coste total de la Fase I (calles Capilla y Mercado) y la Fase II (Accesibilidad). “Al margen de ello, el Gobierno no ha emitido ningún informe ni autorización sobre ese entorno, ya que no tiene competencia alguna para ello”, recuerda el escrito.

Sin embargo, hay un detalle algo comprometido. Y es que admite que el proyecto en la parte que afectará ya al tradicional y delicado empedrado de la Plaza del Grano, en la fase llamada de accesibilidad porque ejecutará un perímetro de aceras que sustituirán a los cantos rodados, no tienen visto bueno del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos), entidad asesora oficial de la UNESCO en Patrimonio.

Competencia repartida entre Junta y Ayuntamiento

De hecho, afirma el Gobierno que “pospone el análisis de la segunda fase al momento en que el proyecto de ejecución sea redactado”, tras admitir que la primera tuvo un durísimo informe en contra que posteriormente fue matizado a través de una carta a cambio de una serie de compromisos municipales que, según ha criticado después su presidenta, Begoña Bernal, jamás se han cumplido, acusando al PP en el Ayuntamiento de “hacer trampas” como “bellacos”.

En todo caso, el Ejecutivo asegura haber consultado a la Junta de Castilla y León, que ha recordado que el espacio y la responsabilidad es del Ayuntamiento de León, en virtud de “un Plan Especial de Protección, autorizado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León el 29 de septiembre de 2014”. En última instancia, admiten, “corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la adopción, en su caso, de las distintas medidas de protección mencionadas por su señoría” en la pregunta inicial de Mulet.

La 'protección' del Camino de Santiago sólo afecta a la fuente

Y eso sí, descarta que la proximidad del Camino de Santiago, y su protectora figura de Patrimonio de la Humanidad, afecte en modo alguno al desarrollo de los trabajos, ya que asegura que “sólo está protegido como elemento asociado al Camino el elemento central, es decir, la fuente”. “El Camino de Santiago declarado es un bien lineal que discurre por la Calle Herreros, frente a la fachada de la iglesia de San Martín y la Plaza del Grano se sitúa a unos 80 metros de la misma, quedando, por tanto, fuera de las bandas laterales de protección del Camino que constituyen su zona de amortiguamiento y que poseen una anchura genérica de 30 metros”, cita textualmente. Un argumento menos para los detractores de la obra, aglutinados casi todos en la Plataforma Salvemos la Plaza del Grano.

Por otro lado, esta Plaforma critica con dureza algunos detalles de la evolución de la Fase I en las calles Capilla y Mercado, con la instalación en el suelo de “losas similares que formarán las aceras previstas en la fase 2 del proyecto del Sr. Cañas”, lo cual creen “incompatible con la preservación del empedrado”.

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