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En la reunión se han abordado las posibles soluciones a las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 24 de Noviembre de 2011, sobre las explotaciones de carbón a cielo abierto en el Alto Sil-Valle de Laciana. A este respecto, la Junta de Castilla y León acordó el pasado 23 de febrero el allanamiento judicial a las pretensiones de anulación de las autorizaciones de Nueva Julia, Ampliación de Feixolín y Los Ladrones.

Al término de la reunión, el presidente de la Junta de Castilla y León ha declarado que el comisario de Medio Ambiente "ha sido claro y ha reiterado que, según el criterio de la Comisión, la sentencia obliga, pero nos ha ofrecido un plazo de dos o tres semanas para consultar a los servicios jurídicos de la Comisión y ver el grado de disponibilidad en la aplicación de la sentencia, buscando un escenario que incluso coincida con la finalización de la vida operativa de esta última corta".

Juan Vicente Herrera ha señalado que la Comisión Europea trabajará con la Comunidad Autónoma de Castilla y León para ir perfilando, en un plazo medio de seis u ocho meses, el plan regional que garantice el futuro de las actividades en la comarca, lo que permitirá solapar los dos procesos, por un lado, darle futuro, reordenar y legalizar plenamente las actividades económicas, y por otro, cumplir el último fleco de la sentencia del 24 de noviembre de 2011.

En el encuentro mantenido con el comisario de Medio Ambiente, el presidente Herrera ha trasladado el propósito del Gobierno autonómico de hacer conciliables las obligaciones y las exigencias que se derivan de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que supondría el cierre de la corta de Fonfría, la única afectada por la sentencia que sigue abierta y que genera casi 2.000 empleos directos e indirectos, es decir, el 60% de la población activa de la zona.

Los efectos de la sentencia, que no puede ser recurrida,condena al Reino de España por incumplimiento y obliga a adoptar las medidas necesarias para poner fin a las infracciones declaradas, de modo que se debe acordar la ejecución de la sentencia con la Comisión.

Propuesta de modificación del status jurídico del lobo

El presidente Juan Vicente Herrera ha tratado con el comisario Potocnik la petición de la Junta de Castilla y León para que el status jurídico del lobo se modifique en la Directiva Habitats, ya que en ella se establece una doble consideración jurídica del lobo en la Comunidad, y que el Ejecutivo autonómico no comparte: en las poblaciones al norte del Duero, el lobo es una especie sujeta a planes de gestión y ha sido declarada especie cinegética por Decreto 172/1998, mientras que en las poblaciones al sur del Duero se trata de una especie estrictamente protegida. La postura que defiende al Junta es unificar el status jurídico del lobo de forma que se aplique el que ahora está vigente para las poblaciones del lobo al norte del Duero.

Además, el actual status jurídico del lobo genera un conflicto social importante en la Comunidad debido a los daños generados en la ganadería extensiva. Cabe destacar que en Castilla y León existen 22.000 explotaciones ¿que aglutinan un total de 3,2 millones de reses- y que cada año se registra en torno a un millar de ataques de lobo -la mitad de ellos, en explotaciones ubicadas al sur del río Duero, donde la población de lobos supone apenas el 15% del total-.

En la reunión, el comisario Potocnik ha manifestado que la modificación de la Directiva es un proceso muy largo y complejo, pero ofrece a los servicios jurídicos de la Comisión para que estudien posibles alternativas sin modificar la Directiva. El presidente de la Junta de Castilla y León ha declarado que con carácter inmediato aprovecharemos el ofrecimiento para avanzar en posibles alternativas a este problema.