El alcalde de Sahagún se enfrenta a delitos de estafa, falsedad documental y prevaricación

Redondo en las Cortes de Castilla y León, donde es procurador del PP. / Rubén Cacho / ICAL

ileon.com

El actual alcalde del Partido Popular en Sahagún y parlamentario en las Cortes por este mismo partido político, Emilio Redondo, se enfrenta a tres posibles delitos de carácter penal por dos obras diferentes realizadas bajo su mandato y que, presuntamente, se llegaron a pagar pero no a ejecutar.

Se trata de las mejoras en los depósitos del municipio de Sahagún, que contaba con una subvención pública de la Diputación de 47.000 euros, y por otro lado las obras de mejora del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sahagún. Por el primer caso, el alcalde y procurador autonómico se enfrenta a los posibles delitos de prevaricación y falsedad documental, según entiende el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), donde finalmente se le juzgará tras inhibirse el Juzgado de Sahagún, dada la protección de la que goza Redondo por su condición de aforado al ser parlamentario dentro del Grupo Popular. La denuncia inicial fue interpuesta en 2008 por el portavoz municipal del PSOE, Lisandro de la Viuda.

En el caso del cuartel, el asunto está siendo investigado por la Fiscalía a instancias de todos los grupos de la oposición (PSOE, UPL y UPyD) en el Ayuntamiento de Sahagún. Ambas informaciones son hoy destacadas por el periódico La Nueva Crónica. La situación judicial del regidor y parlamentario causa precupación dentro de las filas del PP, a pesar de que el proceso judicial acumula ya seis años, y puede ser una de las causas de que la ausencia de Emilio Redondo fuera la única de la reciente rueda de prensa dada en León por todos los produradores autonómicos populares para defender los presupuestos del año que viene.

Los dos casos, al detalle

El caso de los depósitos, por el que el alcalde se enfrenta a una pena de entre seis meses y seis años de prisión, proviene de la aprobación de los trabajos en 2007. El Juzgado de Sahagún ya asumió que el pago municipal se llegó a realizar a una empresa de electricidad por importe de más de 47.000 euros, cuando esa misma firma ya había presentado otras facturas por idéntica cantidad pero conceptos distintos, habiendo además diferencia entre lo cobrado y lo realmente ejecutado, según informe pericial.

Respecto a las polémicas obras en el antiguo cuartel de la Benemérita, revertido por el Ministerio del Interior a Sahagún hace años y en un mal estado de conservación, toda la oposición argumentó ante la Fiscalía que los trabajos “se llevan a cabo en una zona especialmente protegida, carecen de acuerdo de órgano alguno, no tienen el preceptivo proyecto técnico, ni cuentan con informe jurídico de la secretaria municipal, ni autorización de la Junta de Castilla y León”, teniendo en cuenta que las obras se ejecutan en los restos de la abadía benedictina de San Benito, afectándole la protección por ser Bien de Interés Cultural desde 1931. Además, los denunciantes añaden que “tampoco tienen el expediente de contratación, a pesar de su elevada cuantía” y que incluso no hay consignación presupuestaria.

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