Carpetazo al derroche de más de 600.000 euros por el fracaso de la estación de esquí de San Glorio
El grifo se ha cerrado definitivamente. Pero se cierra después de manar una auténtica lluvia de dinero en las localidades de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina a costa del auténtico bluf que supuso el desarrollo de la estación de esquí de San Glorio, el cuestionable último tren económico para la Montaña Oriental leonesa.
El Pleno de la Diputación dará hoy, con seguridad, carpetazo definitivo a un convenio formalizado con ambas pedanías por el entonces presidente de la institución provincial, Javier García Prieto, y en virtud del cual las arcas provinciales han desembolsado en la última década más de 600.000 euros por la cesión conjunta de 1.180 hectáreas en las que supuestamente la empresa Tres Provincias iba a impulsar la estación invernal, plenamente arropada por la Junta de Castilla y León y su constante visto bueno ambiental.
El punto de hoy es un mero trámite: la Diputación dirá “no” a la última reclamación de ambos pueblos, que piden el pago del 'pico' o la parte proporcional correspondiente a 2016, hasta que en mayo ese mismo Pleno liquirada los convenios en vigor. Pero sí han cobrado ambas localidades, convirtiéndose en obras concretas, a razón de los 30.000 euros/año que incluían los convenios firmados en agosto y diciembre de 2005. Una cifra que además ha de considerarse incrementada en el IPC de cada una de las anualidades.
El principio del fin de este acuerdo fue la sentencia del Tribunal Constitucional, que en marzo de 2015 -hace ya dos años- declaró nula e inconstitucional los cambios en la Ley 4/2000 de declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre/Montaña Palentina, cambio en el que se empecinó el entonces consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández-Carriedo, y que se hizo ex profeso para permitir el esquí en altas cotas de San Glorio.
A pesar del mazazo judicial, la Junta no perdió la oportunidad para insistir en la ejecución de la estación de esquí, indicando que bordearía el rechazo judicial vía decreto y a pesar de la oposición medioambiental ecologista.
Transcurrido más de un año sin noticias de ese 'apaño' político de la Junta, en 2016, la Diputación ahora presidida por Juan Martínez Majo hizo valer que los derechos de Llánaves y Portilla quedaban ya zanjados, denunciados los convenios de una década atrás y la institución exenta de pago alguno desde el momento en el que al “constatarse la inviabilidad del proyecto como aprovechamiento para los deportes de invierno” ambas localidades podían “disponer libremente de estos terrenos”. Eran 850 correspondientes a Portilla y 330 de Llánaves, aunque recibían idéntico dinero.
El acuerdo del 'no' también tuvo en 2016 el apoyo de todos los partidos políticos, si bien En Común-IU y Ciudadanos reclamaron un programa de inversiones alternativo para la comarca.
