La Diputación aprobará una “moción churrera” para apoyar que no se toque la prisión permanente revisable
Todos los que hayan disfrutado, o padecido, alguna vez un Pleno en la Diputación de León bajo el mandato del presidente Juan Martínez Majo (PP) le habrán oído hablar de “mociones churreras”. La definición del propio Majo se refiere a aquellos textos que se debaten para su aprobación de un asunto que en muy poco o nada afecta directamente a la provincia leonesa, porque es generalista, válida para cualquier otro punto del país y que, además, viene confeccionada por los partidos desde sus sedes centrales en Madrid, a mayor gloria de aquel que las promueve.
El presidente de la institución se ha mostrado orgulloso siempre de que en su mandato nunca se han planteado “mociones churreras” en el Palacio de los Guzmanes, sino que siempre se han centrado en León o, al menos, se han confeccionado en León y no en otras latitudes.
Sin embargo, en la sesión plenaria de este miércoles 28 de marzo el Partido Popular presentará, y aprobará seguro porque cuenta con mayoría absoluta, una “moción churrera” de libro. En ella, se pide que la Diputación leonesa “la figura de la prisión permanente revisable”, es decir, la cadena perpetua, aprobada a su vez por el PP de Mariano Rajoy en el año 2015.
El texto va aún más allá, e “insta” desde León “a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados que reconsideren su postura sobre la derogación” de la cadena perpetua. Hay que recordar que esa 'marcha atrás' a la prisión permanente, planteada por el PNV, ha comenzado su tramitación y que el PP teme que se la tumben, porque con el apoyo de Ciudadanos de Albert Rivera no suma suficientes votos frente a la oposición, por ejemplo de PSOE y Podemos.
Ofensiva institucional de los populares
De ahí que el PP haya puesto en toda España en marcha una ofensiva de implicación institucional allí donde gobiernan y de actos callejeros en concentraciones a favor de la prisión permanente, aprovechando la enorme sensibilización social que han causado fatales sucesos recientes como el hallazgo del cadáver de Diana Quer y el asesinato del pequeño Gabriel Cruz.
Los padres de este último no, pero otros muchos, como los de Diana Quer, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés o Sandra Palo, se han sumado junto al PP en esta campaña para que el endurecimiento de las penas se mantenga. Aunque otros como la madre de los dos niños asesinados por José Bretón han considerado “patético e indignante” que el PP “quiera aprovecharse de las víctimas”. Y es que, por ejemplo, en la concentración convocada en León, de los 40 asistentes, una cuarta parte eran cargos públicos del PP de León. Majo no estaba, pero si el diputado provincial popular de Turismo, Genaro Martínez.
Presentada el 12 de febrero, aduce Castañón
Este espinoso asunto ya fue debatido en Comisión de Presidencia y Recursos Humanos del Palacio de los Guzmanes hace una semana. Y con mucho más debate que habitualmente. Su presidente, el popular Francisco Castañón, vicepresidente de la institución, argumentó que su postura no contraviene la Constitución y negó el oportunismo y la decisión de debatirse “en caliente” que le afeó el portavoz socialista, José Pellitero, porque tal moción se presentó el 12 de febrero, antes del traumático hallazgo de Gabriel Cruz.
Y Ciudadanos 'contradice' a Rivera en León
Desde León en Común (IU), Miguel Flecha abogó directamente por el rechazo de la moción. Fue el único. Porque por Ciudadanos, Juan Carlos Fernández contravino la tibia postura a nivel nacional de su líder Rivera, anunciando su abstención “hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional”, aún insistiendo en ser partidario de que “no sea tan fácil el acceso al tercer grado”. Guardando a duras penas el equilibrio.
A título meramente informativo, que se ratificará en la sesión de este miércoles, el PP impuso en la Comisión su mayoría absoluta dado que PSOE y Ciudadanos se abstuvieron. En el Pleno se verá cómo opinan, además, el diputado de UPL Matías Llorente y el de Coalición por el Bierzo Pedro Muñoz, que no pertenecen a la comisión previa. La polémica, como máquina de los 'churrospolíticos', está servida.
