Los leoneses pagarán en diferido más de 8 millones de euros del nuevo vaso para la basura de la provincia
El Gobierno de Castilla y León ha aprobado la primera partida de 820.000 euros destinada a la construcción del segundo vaso de vertido en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, una vez que el actual se encuentra saturado casi ocho años antes del plazo previsto para su vida útil por la nefasta gestión realizada hasta ahora en la planta provincial de basuras.
Será la empresa pública dependiente de la Junta de Castilla y León, Somacyl, quien se encargue de su construcción, de su gestión durante 15 años y del sellado final una vez colmatado. Pero no lo pagará todo, ni mucho menos.
El proyecto supondrá una inversión global de 11,8 millones de euros, de los que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aportará el 30%. El resto de la inversión correrá a cargo de Somacyl, pero está previsto que la empresa pública lo repercuta de forma diferida en la tarifa a todos los leoneses a los que el consorcio Gersul, presidido por la Diputación, le pasa el cobro anual.
El nuevo vaso ocupará una superficie de más de 130.000 metros cuadrados, con una capacidad de dos millones de toneladas de residuos que permitirá una vida útil de 15 años, teniendo en cuenta que la producción anual de residuos asciende a 150.000 toneladas.
El proyecto del nuevo vaso tiene un plazo de ejecución de 11 meses y un desarrollo en cuatro fases que serán selladas a medida que se vayan llenando. Igualmente el proyecto incluye la impermeabilización, desgasificación, dren de seguridad, tratamiento de lixiviados y programa de vigilancia y control, según la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
El CTR de San Román de la Vega, en funcionamiento desde 2004, dispone de una planta de tratamiento y depósito de rechazos con capacidad para 1,7 millones de toneladas y actualmente está ya sellado parcialmente y prácticamente finalizando su vida útil por lo que se hace necesaria la construcción de un nuevo vaso de rechazos que siga dando servicio los próximos años.
La actuación se enmarca dentro de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado en 2014, que contempla, entre sus líneas de actuación, la consolidación de un modelo integral de gestión de residuos domésticos y comerciales, de acuerdo a la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Todo ello se enmarca dentro de la política que lleva a cabo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre el control y prevención ambiental de la gestión de residuos.
Pero todo este proceso no está exento de una agria polémica. Y no sólo por el sobrecoste que soportarán los leoneses fruto de la gestión realizada desde la inauguración del CTR, que no ha cumplido apenas ningún parámetro de reciclaje, reutilización, generación de compost ni de energía eléctrica.
También por el perjudicial efecto ambiental que los municipios y pueblos del entorno siguen denunciando que se produce, lixiviados, contaminación de acuíferos y arroyos, efectos que también denuncia la Plataforma Gestión Residuos, motivos por los que están en marcha varias pugnas administrativas, y quizá judiciales, contra la ampliación de la planta de residuos provincial.
