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RECURSOS MINERALES

La Junta aprueba un plan minero desfasado que prima la extracción sobre el Medio Ambiente

Jesús María López de Uribe | 05/09/2017 - 09:00h.

La Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 pretende facilitar que se abran las minas lo más rápido posible adaptando la legislación medioambiental para este propósito, y aprueba un informe que habla de ocho minas de carbón en León, cuando quedan tres abiertas, y que llega a estar desactualizado hasta en dos mil años al referirse la primera vez al cobre en Cármenes y el oro en el Teleno.

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La destroza de Corta Pastora en La Pola de Gordón, un cielo abierto que es una de las tres explotaciones de carbón que quedan abiertas en la provincia de León.

"Existe una importante labor investigadora que está poniendo de manifiesto la existencia de importantes recursos [...] de cobre y cobalto en el entorno de Cármenes (León), de plomo y cinc en el corredor cámbrico de Toral de los Vados-Oencia, o de oro en la zona del Teleno". Este es el primer párrafo de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 que se refiere a la explotación de cobre y oro en la provincia, que parece obviar que ya los astures tenían minas para extraer estos productos y que los romanos conquistaron esta zona para explotarlas intensamente hará dos mil años.

Una presentación poco afortunada para un plan minero que consiste en un extensísimo documento de 134 páginas, 104 de ellas con vasta información y 30 con mapas geomineros, que cualquier leonés o conocedor de la materia consideraría un cachondeo tras leer el párrafo anterior. Afortunadamente no es del todo así, puesto que este informe oficial de la Junta está compuesto de varias partes. Una de ellas redactada por expertos, en las que la precisión técnica a la hora de indicar qué minerales son explotables (y cómo) sí indica en los apuntes geomineros que los romanos y astures sabían muy bien que León es enormemente rico en muchos y diversos minerales.

Pero la polémica es que, siendo un plan de actuación a futuro, añade otra parte más política que es donde se incluye el impreciso y malogrado párrafo anteriormente descrito. Ésta redacción impuesta desde la Administración 'esconde' varias recomendaciones para cambiar la legalidad minera primando la actividad de la extracción sobre el Medio Ambiente. Así, el fin de la estrategia planteada pretendería conseguir que se abran "lo más rápido posible" las explotaciones, para evitar una "excesiva protección" de los parajes y facilitar la actividad a los empresarios y el negocio económico. Cosa que ya los ciudadanos observaron repetidamente en las alegaciones al documento en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Pese a que se les contesta educadamente a cada uno diciendo que tomarían en cuenta sus varias y contundentes quejas, el documento final no las contempla como les gustaría.

Sin embargo, la postura de la Junta antes de aprobar este plan ya indicaba que esta estrategia minera iría en ese sentido de abrir zanja donde fuera para las empresas mineras, puesto que sus objetivos reconocidos eran de salida tres: la "reconfiguración del modelo administrativo al efecto, de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero", el "impulso deliberado (sic) a la mejora de la competitividad de las actividades mineras que desarrollen el potencial minero del territorio castellano y leonés", y la "mejora de la integración de las actividades mineras en el conjunto de la sociedad y su enraizamiento sostenible en el territorio".

Carlos S. Campillo / ICAL La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero
Carlos S. Campillo / ICAL La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

Con todo ello, una vez leído el desarrollo de esos objetivos en este documento público recopilado por la Dirección General de Energía y Minas dirigida por el leonés Ricardo González Mantero, y aprobado el 24 de agosto por el Consejo de Gobierno de la Junta en Valladolid, es difícil distinguirlo de uno redactado por el sector empresarial minero. La apuesta por rebajar los criterios actuales medioambientales, legales e incluso económicos para abrir una mina es clara y evidente, incluso advirtiendo que va a costar la oposición de la Sociedad y que se deben tomar medidas para rebajar esos inconvenientes.

Adecuar las leyes medioambientales a facilitar la extracción

Así, el ímprobo y preciso trabajo técnico de los geólogos y expertos que se incluye en este plan minero queda en segundo plano cuando en la parte política, la que decide el camino a seguir para beneficiar a la extracción de minerales, se comienza a advertir que la inmensa riqueza mineral de la autonomía debe anteponerse a la protección de los parajes.

"En resumen, el sector de la minería presenta unas perspectivas halagüeñas, que se pueden traducir en una producción constante o creciente para casi todas las sustancias. Además, Castilla y León atesora un potencial minero muy interesante, capaz de atraer inversiones para la investigación y la explotación de sus recursos minerales, si bien, el grado de desarrollo que alcance la minería en el futuro ha de superar un licenciamiento social cada vez más inclusivo a la vez que un marco normativo que de manera unánime requiere su perfeccionamiento y adaptación a los tiempos que corren". Una frase burocrática para indicar que hay que cambiar la legislación para superar la resistencia social de la apertura de las minas; como ocurre a día de hoy en la de uranio de Retortillo, Salamanca, con una fortísima contestación popular (y más de 170.000 firmas en contra).

A esto se suma, como ejemplo, otro párrafo en que la Dirección General de Minas de la Junta ya sugiere directamente que se promocionen las actividades mineras por encima de la protección natural, incluso la que esté por hacerse. "Es por todo ello, que se hace necesario que los documentos técnicos de soporte para la elaboración de la normativa medioambiental utilizada para la ordenación y declaración de futuros espacios naturales tengan en consideración el potencial minero existente en la Comunidad de Castilla y León".

Asunto que en el caso de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (como el de la Montaña Occidental de León) queda aún más evidente. El documento aprobado por la Junta indica en el párrafo final de su punto 5.3: "Sería conveniente que el Centro Directivo competente en materia de minería colabore en la realización de estos planes con el fin que no se establezcan determinadas figuras de protección que impidan o dificulten el desarrollo actual y futuro de la actividad minera".

Simplificar los trámites administrativos para facilitar la actividad minera

Lo aprobado por la Junta de Castilla y León es claro y meridiano: se persigue una simplificación de los trámites administrativos que facilite la actividad y la generación de riqueza y empleo. La propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, apostó por ello en la presentación de esta estrategia a los medios de comunicación porque para los defensores del sector minero éste "fija población en el medio rural" y además "es difícil que ésta sea deslocalizable". Cosa que es cierta, salvo que cierre la explotación del mineral como está ocurriendo en las comarcas mineras del carbón con funestas consecuencias sociales y poblacionales.

La Estrategia de Recursos Minerales persigue una simplificación de los trámites administrativos y la adecuación de la normativa de Medio Ambiente que facilite la apertura de nuevas minas.

Según la nota de prensa de la Junta, "para favorecer su explotación productiva se plantea la redacción de un decreto de Minería para desarrollar con más claridad y reforzar la seguridad jurídica de ciertos trámites administrativos inherentes a cualquier iniciativa extractiva, como los otorgamientos de autorizaciones, suspensiones temporales, prórrogas, concentraciones de trabajos, caducidades y concursos".

Y pese a que también indican que "desde el punto de vista del cuidado medioambiental, se prevé la elaboración de un plan de regularización de las garantías financieras, con el propósito de minimizar el impacto que sobre las arcas públicas puedan tener cierres prematuros o no planificados de empresas dedicadas a la explotación de yacimientos", la Consejera de Economía obvia que la estrategia aprobada también apunta a rebajar los requisitos económicos para iniciar las extracciones y facilitar así la apertura de nuevas minas. La Junta admite en sus propias notas de prensa que la intención es "allanar el camino a todo emprendedor que quiera abrir o ampliar su negocio en torno a los recursos minerales de Castilla y León".

Es de destacar también que la Junta se compromete a facilitar a los empresarios, técnicos y capitales financieros la organización de jornadas sobre el estado de la minería autonómica poniendo como gestores de estos eventos a la Dirección General de Energía y Minas, las asociaciones empresariales y los Colegios Profesionales. Que todo quede en casa, incluso el negocio de los eventos hoy en día tan en boga por cualquier promesa de negocio.

Un plan con cifras de 2014 con ocho explotaciones de carbón en León, cuando hoy sólo quedan tres

El extenso y denso documento compilado y presentado bajo la supervisión del leonés Ricardo González Mantero como director de Energía y Minas de la Junta (con sede en el EREN de la avenida Reyes Leoneses), evidencia en su primera lectura unos desfases temporales cruciales para la provincia leonesa. Es cierto que en sus mismas páginas reclama una acción más efectiva a la hora de recoger datos estadísticos, pero posiblemente porque es un reconocimiento implícito de que los datos más actualizados tabulados en todo el informe son del año 2014. Es decir, que se está planificando desde 2017 a 2020 con cifras de 2014.

Pero aún es más grave la circunstancia respecto a las explotaciones de carbón, que, desde 2014 cuando se contabilizaban 8 en León y 5 en Palencia, hoy prácticamente han desaparecido. Tanto, que el propio documento (que en realidad cuando se consultaba durante las alegaciones se titulaba 2016-2020), añade un párrafo con las que siguen abiertas en 2015 y otras menciones a cambios legislativos en 2016. Líneas posiblemente añadidas según pasaba el tiempo sin obtener el visto bueno definitivo del Gobierno del PP en la Junta para evitar su absoluta obsolescencia.

Es tan notorio su retraso a la hora de aprobarlo hace diez días, que el documento en su primer párrafo indica que su aprobación "surge como compromiso de legislatura de Juan Vicente Herrera del 2 de julio de 2015". Y el segundo, que su pase a documento estratégico oficial se había "de concretar en el año 2016"; como así prometió "el Presidente de la Junta de Castilla y León en el debate sobre política general de la Comunidad Autónoma de fecha 29 de junio de 2016 en las Cortes de Castilla y León".

El plan, prometido en 2015, debía haberse aprobado según el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en 2016.

En resumen, el plan minero de la Junta se ha aprobado con más de un año de retraso, con datos de 2014, con una previsión de ocho minas de carbón abiertas en León cuando en 2017 sólo están operativas una explotación de interior y dos cielos abiertos. Al menos también apunta algo que viene de largo y que son parte de las sempiternas promesas de Herrera al sector del carbón: que hay que continuar los planes para la reconversión de estas comarcas mineras (incluyendo la promoción de sus museos y la valorización del patrimonio genominero) llevando a cabo el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros del Carbón 2016-2020 aprobado por las Cortes de Valladolid. Que hay que incluir el carbón de nuevo en la lista de combustibles estratégicos de la Unión Europea. Que hay que convencer a las Eléctricas de que compren carbón autóctono y otras medidas propias de cuando había minas abiertas. Promesas que, aunque necesarias y trabajadas en los despachos, no se han concretado en nada a día de hoy. Y de poco sirven si los datos que se manejan son de hace tres años en un sector que se ha desplomado en estos últimos dos hasta casi desaparecer.

Siendo indudable el trabajo técnico desplegado para poner en blanco sobre negro la situación de la riqueza geominera de las nueve provincias de la comunidad autónoma y con un gran listado de medidas de todo tipo para afrontar la política futura de la Minería en León y en Castilla, destaca que un informe de 2015 —que se podría haber aprobado a primeros de 2016, puesto que es un resumen de las líneas de actuación del departamento dirigido por Ricardo González Mantero y presidido por la Consejera de Economía, Pilar del Olmo, y no una norma legislativa a aprobar por las Cortes ni ser debatida o enmendada—, haya estado cogiendo polvo en los despachos políticos 13 meses desde que el presidente Juan Vicente Herrera indicó que debía salir inmediatamente a la luz. Así se explica que los datos que apunta en cuestión de calcular la producción de cada tipo de minería estén tan desfasados para un sector que ha pasado por tal convulsión como la minería del carbón: de ser uno de los motores económicos fundamentales de la provincia de León, a prácticamente nada.

Esta circunstancia, lógicamente, hace dudar de la adecuada efectividad de la estrategia planteada por la Junta para las comarcas mineras leonesas y palentinas del carbón (los llamados "recursos energéticos"), aunque para el resto de las de la autonomía y de otros sectores (minerales metálicos, industriales, rocas ornamentales, áridos o aguas) pueda ser más o menos acertada porque los datos de 2014 no han supuesto un cambio radical en su desarrollo. Éstos últimos, pese a la crisis, sí siguen abiertos.

Concienciando al ciudadano: "La minería es bienestar social"

Eso sí, la Junta intenta mirar al futuro. En un intento de no mostrar a los ciudadanos lo malo del cierre de las comarcas mineras del carbón dedicará esfuerzos a "la concienciación social dirigida a todo tipo de público para dar a conocer en que ámbitos de la vida cotidiana están presentes las materias primas minerales". Es tal cual lo que expone una de las importantes líneas de actuación que propone su plan minero. En este último caso, como si se preparara a la Sociedad para las rebajas en los estándares medioambientales, la Estrategia de Recursos Minerales 2017-2020 apunta que "es esencial para sembrar el conocimiento que posibilite que las generaciones futuras entiendan que la minería es un pilar básico en el modelo actual de bienestar social y económico y que, realizada de la manera adecuada y con la tecnología disponible, es compatible con la conservación y disfrute del medio ambiente".

Los técnicos de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, realizaron un indudable esfuerzo para tener terminado en 2015 este documento, con amplísima información geominera sobre todos los tipos de minería y potenciales explotaciones futuras. En sí mismo el informe es indudablemente una mina, pese a haber sido aprobado tan tarde. Eso sí, en muchos sentidos es tan enorme y extenso que para encontrar las buenas vetas de la verdadera intención política de los gestores burocráticos y políticos de la autonomía hay que leerlo en profundidad. Con linterna, pico y pala.

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