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Seis años más tarde del accidente ocurrido en la muralla leonesa, cuando una joven estudiante, menor de edad en aquel momento, resultaba herida por la precipitación de algunas piedras del monumento, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia del caso.

La Junta de Castilla y León deberá hacer frente a los gastos médicos, de mandíbula fracturada y rotura de algunos dientes, que ascienden a 70.000 euros.

De nada han servido las discusiones entre Ayuntamiento, Ministerio de Cultura, Hacienda y Junta de Castilla y León sobre quien tenía la culpa de que se cayeran las piedras de la muralla.

Según ha declarado en procurados de las Cortes, Alejandro Valderas, la sentencia es "muy novedosa", ya que viene impuesta por la Audiencia Nacional y no existe ningún organismo por encima de ella. "No es apelable, e incide en un tema en el que ya hubo una sentencia previa con el caso del Castillo de Catalañazor, en la provincia de Soria", donde en 2010 falleció un hombre.

Según está sentencia, aprobada el 6 de febrero, "la competencia exclusiva de cuidar de los bienes de interés cultural dentro de Catsilla y León es de la Junta.

"La Junta, desde el primer momento, dijo que no tenía nada que ver porque la muralla sería del Ayuntamiento o del Estado, pero no de su propiedad. Así se lo comunico a la familia y Juzgados y ni siquiera se presentó en el juicio. La sorpresa es que ahora tiene que pagar la multa junto con el Ayuntamiento y el Estado" ha declarado Valderas.

El organismo autonómico deberá hacer frente al pago "no por ser la dueña, sino la gestora de los bienes de interés cultural".
Valderas ha acusado a la Junta de "llevar escurriendo el bulto de sus obligaciones desde el año 1982". UPL ha evidenciado, además "una falta enorme de competencia en el tema de los monumentos: no los restaura, no los censa, no vigila su estado, no los vallas, y no acude a los juicios".

Por este motivo, Valderas ha solicitado "la necesidad de que se tenga que realizar una nueva ley de patrimonio en Castilla y León".