El PSOE pide a la Junta un plan urgente para que León deje de encabezar la lista de monumentos en peligro
“El Patrimonio leonés, sea civil, militar, arqueológico o religioso, se desmorona ante la pasividad de la Junta de Castilla y León, administración competente”. Esta es la denuncia que los procuradores del PSOE por León, Teresa Gutiérrez y Miguel Ángel Fernández Cardo, emitieron hoy sobre el “lamentable” estado del patrimonio monumental de la provincia de León. “Nos cabe el dudoso 'honor' de encabezar la lista de las provincias españolas con más elementos del patrimonio histórico sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores según la reputada lista de la asociaciónHispania Nostra”, declararon.
De acuerdo con la denominada Lista Roja de Hispania Nostra, 25 monumentos leoneses se encuentran en peligro. Asimismo, la Comunidad encabeza dicho elenco al incluir 177 inmuebles protegidos, el 32 por ciento del conjunto nacional, cuando es la octava comunidad española en número de bienes de interés cultural (1.506), según el Anuario de Estadísticas Culturales 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El Grupo Socialista por León en las Cortes autonómicas exige a la Junta un plan urgente que, en uso de las competencias atribuidas por su propia legislación, “aborde la situación del patrimonio amenazado en nuestra provincia, para actuar de manera eficaz sobre la grave situación de elementos culturales en riesgo, frenar su deterioro y afrontar acciones para su conservación”.
Según los procuradores del PSL-PSOE, la existencia de esta larga serie de bienes de interés cultural cuyo deficiente estado de conservación pone en riesgo su pervivencia, aconsejaría, por sí solo, el requerimiento a los propietarios de las obligaciones previstas en el artículo 24.1. de la Ley de Patrimonio Cultural o, en su defecto, la ejecución subsidiaria por parte de la Junta de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas.
El artículo 24.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, recuerdan,establece que “los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León están obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro”. Por su parte, el artículo 24.3 de la citada Ley recoge que cuando los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés cultural o bienes inventariados no realicen las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado uno de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria.
Además, se establece la posibilidad de conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable, debiendo promover, en caso de bienes inmuebles, su inscripción en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo previsto en la Ley del Patrimonio Histórico Español. La Administración, añade la Ley, podrá realizar de modo directo las obras necesarias si así lo requiriera la más eficaz conservación de los bienes y, también excepcionalmente, podrá ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad“
Los procuradores socialistas recuerdan además que en el Artículo 73 de la misma Ley, se establece que “se promoverá la creación del Instituto del Patrimonio Cultural de Castilla y León, a propuesta de la Consejería competente en materia de cultura y que éste, desarrollará actividades y programas de estudio, difusión, investigación, conservación y restauración del Patrimonio Cultural de Castilla y León y que podrá encargarse de la ejecución de esas acciones, con financiación privada o pública, en este último caso, si procede, a través de convenios con otras administraciones y entidades”. El PSL-PSOE también denuncia que, transcurridos más de 12 años, la Junta no ha dado ningún paso hacia el cumplimiento de ese prefecto legislativo de creación de este instituto.
La representación leonesa en las Cortes de Castilla y León acusa a la Junta de eludir sus responsabilidades y de votar sistemáticamente contra todas las iniciativas que en defensa del patrimonio leonés se han presentado en el Parlamento autonómico. La última ocasión, el pasado 7 de abril, cuando, en un debate con el procurador Miguel Ángel Fernández Cardo, la Junta -dicen- trató de desprestigiar a Hispania Nostra “en un vano intento por ocultar la realidad de nuestro patrimonio que es constatable por toda la ciudadanía”.
