El Procurador del Común tacha de “ridículas” las ayudas por cuidados familiares a dependientes
El Procurador del Común, Javier Amoedo, certificó hoy que se ha producido “una notable disminución” de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar de personas dependientes por la fórmula de cálculo acordada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y calificó de “ridículas” ayudas en algunos casos de entre los 20 y 30 euros mensuales.
Amoedo terminó su intervención en el pleno de las Cortes, donde presentó el informe de 2013, con la petición de un cambio en la ley que regula la renta garantizada de ciudadanía para que no sea “siempre” incompatible con otras prestaciones y se puedan garantizar ayudas suficientes para atender a las personas y evitar el riesgo de exclusión social.
La petición del Procurador del Común se produjo tras exponer una queja en la que se declaró extinguida la renta a una persona por importe de 532,50 euros y se pidió su devolución porque tenía reconocido el subsidió de desempleo por valor de 42,60 euros mensuales. “Es insostenible”, valoró sobre la cantidad que percibe para denegarse la renta de ciudadanía.
En cuanto a la ayuda a los cuidados familiares a dependientes, afirmó que “somos conscientes de que esta drástica reducción ha ocasionado un dramático impacto en las personas beneficiarias de este tipo de prestaciones”. Amoedo explicó así la actuación de oficio y emitió una resolución que no fue aceptada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
El Procurador explicó que la apertura del expediente de oficio se abrió al constatar que la fórmula matemática establecida por la Consejería que dirige Milagros Marcos para determinar el importe de la prestación no se adapta a la fijada por el Consejo Territorial del sistema de autonomía y atención a la dependencia, como criterio mínimo y común para todas las comunidades autónomas.
Precisamente, en la resolución no aceptada, el Procurador del Común sugiere a Familia que adapte la normativa de Castilla y León al acuerdo del Consejo Territorial, de manera que se modifique el cálculo establecido para determinar la cuantía de las prestaciones. A la misma Consejería, se dirigió para pedir un cambio en el decreto que fija los precios públicos de los servicios sociales.
El Procurador del Común recibió 3.300 quejas en 2013, de las que 1.945 fueron contra la Administración autonómica y 968 contra las corporaciones locales, de ellas León (634), Zamora (629) y Valladolid (584) encabezan la lista, mientras que Ávila (86) y Soria con 895) fueron en las que menos se presentaron. Fuera de la Comunidad, el defensor autonómico destacó las 98 registradas en Madrid.
El Común dictó 991 resoluciones, de las que las administraciones públicas asumieron ocho de cada diez, archivó 396 y formuló recomendaciones en 595, de las que 125 no han sido aceptadas. La Administración autonómica recogió el 78 por ciento de las recomendaciones y la local el 75 por ciento.
Adelantar el debate
La viceportavoz socialista, Ana Redondo, y el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), pidieron que el debate sobre el informe del Procurador del Común se celebre al inicio del año y no cuando faltan tres meses para que cierre las quejas presentadas en 2014. Amoedo respondió que no está en contra de que se adelante la fecha de presentación de su informe en el hemiciclo, pero respondió que no depende de él y que en otros parlamentos se celebra en las fechas de aquí.
Redondo denunció que las “políticas de recorte al cuadrado” impulsadas por la Junta y el Gobierno provocan el deterioro de la actividad económica, la pérdida de la calidad y cantidad de los empleos y la rebaja del bienestar de los ciudadanos. La viceportavoz, tras denunciar que se hayan “disparado” las quejas en el área de Familia y que 830 personas lleven más de un año en lista de espera, advirtió de que del “sentimiento de abandono y desamparo” brota la “desesperanza y el desafecto” por la política y es aprovechado por los populismos para crecer.
“La responsabilidad de revertir esa situación es nuestra y para recuperar la confianza de los ciudadanos deberíamos decirles que un año después de presentadas sus quejas se han resuelto o están en vías de solución”. “Venimos a hablar del informe, otros que han estado ausentes hablan de otras cosas en una falta de respeto al Procurador”, afirmó después el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo.
Por su parte, José María González valoró el aumento de quejas en el área social, no porque se alegre de que los servicios vayan peor, sino porque están en la línea de sus denuncias sobre la pérdida de calidad en la sanidad, educación o servicios sociales. Además, destacó el aumento de quejas al Gobierno y Junta y el descenso de peticiones a los ayuntamientos. “Saben quienes son los culpables”, valoró.
Fernández Carriedo destacó la caída del número de quejas, al pasar de las 355 al día en 2012 -año récord- a las 275 de 2013 y las 170 en lo que va de 2014, y defendió que en sanidad serían 78 si de las 984 se descuentan las de urgencias nocturnas, ya reabiertas. El popular manifestó que la Junta y su grupo están centrados en los ciudadanos y “no se distraen con otros problemas”, en referencia a la crisis interna en el PSCyL, y reiteró que la legislatura no ha terminado, que queda trabajo y que en esta recta final se debe consolidar la recuperación.
El Procurador del Común respondió que él no se fija en el número de quejas, sino en quién está detrás y las personas afectadas. “Una queja no grande puede afectar a muchas personas”, sentenció.
