Cuatro empleados de la Diputación, llamados a declarar en la operación 'Púnica'

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso por la operación anti-corrupción Púnica que mantiene en la cárcel al ex presidente de la Diputación de León y que ayer dejó en libertad bajo fianza de 30.000 euros al interventor de la entidad, ha llamado a declarar en próximas fechas a otros cuatro miembros de la institución, según aseguraron hoy fuentes de la misma.

Los llamados a declarar son cargos de confianza de la presidencia de la Diputación de León, tanto bajo la época de Carrasco como en la de Marcos Martínez. El primero de ellos es el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, que trabaja como jefe de gabinete de la Presidencia de la Diputación. Carrasco le nombró y Martínez le mantuvo en el cargo al tomar posesión. Es alcalde por el PP en el municipio que alberga la mayor parte de la estación de San Isidro, investigada en 'Púnica'.

Las otras tres citaciones son de personas de confianza del equipo de Gobierno como son para Ana Ampudia, técnico de Intervención (y muy próxima a Isabel Carrasco en todo su mandato). Además se llama a declarar al viceinterventor, Diego Armesto, y al jefe del área de Turismo, Ovidio Altable.

De momento se desconoce si esas personas acuden en calidad de testigos o podrían hacerlo como imputados. El flamante presidente de la institución, Emilio Orejas, preguntado hoy sobre si descartaba nuevas responsabilidades aseguró que “no lo sabemos” y reclamó “que la Justicia actúe y lo haga hasta el final, hasta las últimas consecuencias”.

Respecto a la situación del interventor, señaló que la Diputación ya está dando los pasos encaminados a apartarle de su cargo, con el traslado a Valladolid, “donde está el órgano competente”, del expediente abierto al respecto hace días y paralizado cuando el interventor comunicó su calidad de testigo en el caso; situación que ayer varió tras declarar ante el juez.