El portavoz del PSOE en Val de San Lorenzo tendrá que tirar parte de su casa
La planta bajo cubierta construida por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, Ricardo Fernández, en su casa “vulnera y no es compatible” con las normativas urbanísticas. A esta conclusión llega el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de León en la sentencia emitida el pasado 16 de marzo, en la que impone “una multa de 10.001 euros, por infracción urbanística grave, así como la restauración de la legalidad urbanística infringida”, es decir, obliga a Ricardo Fernández a tirar el ático que según la sentencia construyó de manera ilegal. Este es el fallo judicial al recurso presentado en enero de 2014 por el edil del PSOE al expediente sancionador abierto por el Consistorio maragato contra las presuntas irregularidades urbanísticas.
El concejal socialista maragato ha anunciado que recurrirá el fallo del Contencioso Administrativo porque el informe del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación “no se ajusta a la realidad”, ha señalado Fernández. Este documento del SAM fue solicitado por el Ayuntamiento en 2012 para abrir el expediente sancionador al edil del PSOE y en él los técnicos de la institución provincial concluían que “se ha realizado la modificación de la cubierta con el aprovechamiento y acondicionamiento de la planta bajo cubierta, sin que esté contenida en el proyecto técnico y excediéndose de la licencia urbanística”. Según Ricardo Fernández, contiene “afirmaciones que no son ciertas, como que la primera planta tiene más altura -en concreto serían 1,10 metros más- respecto a la calle, que la que figura en el proyecto”. Fernández argumenta que la obra una vez finalizada obtuvo la correspondiente certificación.
En la sentencia se relata la historia de este 'encontronazo' judicial entre el PP y el PSOE (una de las siete denuncias interpuestas por PP y PSOE en esta legislatura) que se remonta a 2007. En el pleno celebrado 20 días antes de celebrarse la elecciones municipales del 27 de mayo, el Ayuntamiento del Val, entonces gobernado por el PP, daba “órdenes para que se inspeccione una obra determinada, ya que si bien tiene proyecto, entendemos que se ha extralimitado en la ejecución del mismo”. El equipo de gobierno PSOE-UPL que gobernó tras los comicios metió la orden en el cajón, hasta que una vez finalizada la legislatura 2007-2011, con un equipo de gobierno nuevamente del PP, se volvió a desempolvar. En el proyecto de obra que obtuvo la licencia municipal correspondiente, se recoge que la vivienda del edil socialista constaría de un semisótano y dos plantas (baja y primera) “sin referencia alguna a planta bajo cubierta”, precisa el fallo judicial.
En clave política, Ricardo Fernández encuadra este enfrentamiento en el Contencioso Administrativo en “las venganzas personales y la persecución política pura y dura” a la que, según el portavoz del PSOE, le están sometiendo “la alcaldesa, el portavoz del PP y el del MAS” en esta legislatura. En el último pleno celebrado el pasado 18 de marzo, Fernández preguntó a la alcaldesa, Azucena Fernández, si no iba a encargar “otro informe al SAM sobre la vivienda de propiedadd municipal, construida en esta legislatura, de las mismas características que la mía, con garaje, planta primera y segunda y una edificación bajo cubierta”. La regidora le contestó que “todos los proyectos tienen el informe técnico correspondiente”.
