Unanimidad de las Cortes a favor de medidas para el retorno de jóvenes y de personas en prisión en el exterior

Todos los grupos de las Cortes se unieron hoy en la petición para que se potencien las acciones de fomento del empleo y la contratación de jóvenes en el exterior para facilitar su retorno a la Comunidad y en el apoyo a ciudadanos residentes fuera que se ven privados de libertad con el objetivo de que puedan cumplir sus condenas en España y, a ser posible, en centros penitenciarios autonómicos.

La proposición no de ley, firmada por los portavoces de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto (IU yUPL), solicita a la vez al Gobierno de España que realice las acciones oportunas para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de los presos en las cárceles extranjeras y el traslado, en el marco de los acuerdos bilaterales, a cárceles preferentemente de la Comunidad para cumplir sus penas.

Con representantes de la Fundación +34 en la tribuna de invitados de las Cortes, los seis oradores elogiaron el trabajo de esa asociación para mejorar las condiciones de vida de las personas que cumplen condena en el exterior y saludaron que se habiliten ayudas para el retorno de jóvenes a la Comunidad, si bien los procuradores de la oposición avisaron de que estarán “vigilantes” en el cumplimiento de lo aprobado hoy.

Ramiro Ruiz Medrano (PP) se remitió a la responsabilidad del Gobierno para auxiliar y proteger a los ciudadanos residentes en el exterior y recordó que en Castilla y León existe una ley de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y el II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa 2015-2018. “La política social siempre ha sido una prioridad de la Junta”, defendió, para expresar el respaldo a quienes están privados de libertad como los 1.735, de los cuales 31 son ciudadanos de Castilla y León que cumplen condena en 19 países.

La socialista Marta Olmedo dirigió sus primeras palabras a la Fundación +34 por su trabajo a favor de los presos españoles en el extranjero y por “poner en la agenda” sus problemas y necesidades. Olmedo señaló que cometer un delito no exime de cumplir una condena pero añadió que sí de solicitar que sea en condiciones dignas y desde el respeto de los derechos humanos.

Olmedo manifestó que su grupo quería un texto “más reivindicativo y exigente”, si bien indicó que se aceptó en aras del consenso y anunció un seguimiento de esta iniciativa, así como de las ayudas prometidas por la Consejería de la Presidencia para facilitar el regreso de jóvenes a la Comunidad.

Natalia del Barrio (Podemos) recordó que se insta a la Junta a cumplir su propia ley, señaló que echa en falta en el texto la aportación de recursos para las personas que cumplen condenas en el exterior y confió en que el compromiso adquirido “no quede en palabras vacías”, con un recorte de la mitad en los fondos a la cooperación exterior.

En nombre de Ciudadanos, José Ignacio Delgado explicó que el apoyo de su grupo obedece a que se comparten las tres peticiones de la proposición no de ley y a que la Junta sea un “referente” para las personas en situación de vulnerabilidad que residen fuera y como una medida de fomento de la población. También, abogó por la defensa en todos los lugares de los derechos humanos para quienes cumplen condenas en el exterior.

José Sarrión (IU) se mostró escéptico en el cumplimiento del texto, pese a su firma, sobre todo en relación a las ayudas para el retorno a la Comunidad y abogó también por el cumplimiento de los derechos humanos de quienes cumplen fuera penas de prisión, aunque invitó a visitar cárceles de Castilla y León para ver situaciones de “hacinamiento e insalubridad”.

Finalmente, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, otorgó a la Fundación +34 el mérito de que la propuesta haya unido a todos los grupos de la Cámara y reseñó el apoyo para la salvaguarda de los derechos de las personas que siguen condenas en el exterior, así como para trabajar y puedan cumplir aquí sus penas.