Folgueral afronta con “total tranquilidad” la ejecución forzosa que anula las retribuciones del bipartito
El portavoz municipal de Unidad Social de Electores (USE Bierzo) y exalcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, aseguró este viernes que afrontan con “total normalidad y tranquilidad” la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula el pleno del 30 de marzo de 2013, en el que se acordó la organización y las retribuciones del anterior equipo de gobierno. “No vamos a poder asumir la responsabilidad política cuando nosotros convocamos un pleno con el auspicio y con el informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ponferrada”, apostilló Folgueral.
“Si hay alguna responsabilidad es la del Ayuntamiento de Ponferrada”, insistió el portavoz de USE, que puntualizó que dicha sentencia tendrá que ejecutarse evidentemente por ser una orden judicial pero rechazó cualquier tipo de responsabilidad por parte de él, como al alcalde, y del resto de sus compañeros en el anterior equipo de gobierno municipal porque es el Consistorio “el demandado y el responsable de la celebración de ese pleno”.
En este sentido, entiende que los “rumores” sobre la ejecución de esa sentencia de la que “no tenemos ninguna confirmación oficial ni documentación” es “una nueva cortina de humo para no hablar de las necesidades reales de la ciudadanía en una ciudad que en este momento está absolutamente parada”. Así, tildó de “curioso” que la demanda parta de los anteriores concejales del PP, Juan Elicio Fierro y Reiner Cortés, a los que se refirió como “un presunto imputado y un tránsfuga”. “Justo los interlocutores válidos para hacer unas declaraciones como las que han hecho” ironizó Folgueral.
“Aparentemente vamos a generarle un grave trastorno económico al Ayuntamiento de Ponferrada, otro más producido por el PP de estos declarantes, parece ser un presunto imputado y un tránsfuga, que realmente son los que han hundido económicamente con su equipo de gobierno a este ayuntamiento durante 18 años”, subrayó el portavoz de USE, que insistió en que no tiene confirmación oficial porque “no somos parte” y que no sabe en qué términos debe ser ejecutada la sentencia.
En ese sentido, añadió que “puede ser que se declare inejecutable y todo quede como está o, si se nos introduce en el circuito, tendremos que defendernos porque hemos sido auspiciados por un equipo ténico y un ayuntamiento, a partir de ahí jurídicamente nos auxiliaremos”, al tiempo que señaló el “exceso de celo” de quienes “se han erigido en jueces externos a los servicios jurídicos haciendo comentarios sobre los sueldos del bipartito”.
