Mario Amilivia defiende al Consejo Consultivo ante la petición de Ciudadanos y UPL de su supresión
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, defendió hoy como “necesaria e irrenunciable” la función de esta institución para garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos, y aseguró que su desaparición supondría una merma de la calidad democrática, un incremento de la litigiosidad y un aumento del gasto público.
Durante su comparecencia ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para exponer la Memoria de 2014, en la que se recogen 597 dictámenes, cuya aceptación por las administraciones supera el 95 por ciento, Amilivia sostuvo que el Consejo es una institución al servicio de los ciudadanos porque están presentes en cada informe que emite.
Los procuradores Luis Mariano Santos (UPL) y José Ignacio Delgado (Ciudadanos) plantearon expresamente la eliminación del Consejo Consultivo por ver duplicidad y para racionalizar el gasto público. Amilivia respondió que es el órgano de España más austero en presupuesto, plantilla y composición (tres consejeros) y subrayó que los consultivos de España no solapan al Consejo de Estado, sino que le sustituyen en las autonomías.
Los grupos Popular, Socialista y Podemos defendieron la existencia de esta institución propia de autogobierno de la Comunidad, aunque con matices, ya que los dos primeros destacaron su trabajo y función a favor de la legalidad así como de ser “clave” en el equilibrio del poder y para evitar posibles abusos.
Natalia del Barrio, de Podemos, afirmó que es una institución necesaria y expresó el respaldo de su grupo a la misma, pero cuestionó que se convierta en un “órgano de puertas giratorias”, en relación a que sus consejeros hayan ocupado puestos políticos en la Junta o en las Cortes. La parlamentaria apeló a una mayor profesionalización, transparencia así como a que sus informes sean vinculantes.
“Es difícil entender la descentralización y el autogobierno sin instituciones propias”, aseveró el popular Juan José Sanz Vitorio, quien vinculó la posición de supresión de este órgano con el propio Estado de las Autonomías, de la Comunidad Autónoma y de los municipios. “El debate no es consejo sí o consejo no, sino que se habla de comunidad autónoma si o no”, apostilló.
Sanz Vitorio expresó el “respaldo inequívoco” a la institución y su labor, igual que Virginia Barcones (PSOE), que subrayó que esta institución refuerza el autogobierno, no se solapa con el Consejo de Estado y emite dictámenes con más celebridad. “Es una garantía para los derechos de los ciudadanos y para evitar abusos de las instituciones”, añadió.
Luis Mariano Santos argumentó que no es sólo UPL quien pide la supresión del Consultivo, sino que se recogió en el informe de reforma de la Administración del Gobierno de Rajoy, algo que después precisó Amilivia, quien señaló que en el informe CORA el Consejo Consultivo es el único de ese tipo que se mantiene.
Por su parte, Delgado rechazó que se vincule la posición de su partido de suprimir el Consultivo con la existencia propia de la Comunidad o de los municipios y matizó que ellos son partidarios de fusionar funciones y servicios, no de “cargarse” los pueblos.
Retraso en la comparecencia
En su intervención, Amilivia lamentó el retraso en presentar la Memoria de 2014 en las Cortes, donde se registró a finales de marzo, tras haber pedido en dos escritos la comparecencia. Sanz Vitorio replicó que no ha sido por “falta de interés” de la Cámara, sino por la celebración de las elecciones de mayo y el cambio en la Mesa del Parlamento. El presidente del Consultivo expresó su deseo de comparecer de inmediato cuando el próximo año presente la nueva Memoria de 2015.
Junto a los 597 dictámenes elaborados a solicitud de las distintas administraciones, Amilivia resaltó las 96 resoluciones dictadas el ejercicio pasado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, adscrito desde 2012 al Consejo. Además, destacó que resuelve en un plazo medio de 24 días, que garantiza la libre concurrencia y la igualdad de trato y que evita la litigiosidad.
Según los datos del Consejo, sólo alrededor de un uno por ciento de los recursos son recurridos ante la Jurisdicción Contenciosa. Además de ello, la tasa de resolución de los asuntos por el Tribunal es el 100 por cien. También, defendió la “mayor cercanía y rapidez” en la emisión de sus dictámenes, en un plazo medio de 20 días, 10 en caso de urgencia.
En el año 2014 fueron admitidas a trámite un total de 619 solicitudes de consulta, de las que se emitieron 597 dictámenes, la mayoría sobre responsabilidad patrimonial, en concreto 433, el 72,5 por ciento del total, que supusieron 25 millones de indemnizaciones de las administraciones por daños ciudadanos.
Durante 2014 se recibieron 424 comunicaciones oficiales sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, de las cuales en más del 95,47 por ciento se atendieron las observaciones realizadas por este Consejo, lo que ha acreditado históricamente la “no politización, la independencia y la auctoritas del Consejo”, aseveró su presidente.
Por último, manifestó que la web de la institución ha recibido 125.000 entradas y lamentó que una de las nuevas competencias, como la posibilidad de elaborar propuestas legislativas a instancia de la Junta, siga inédita. Destacó, por el contrario, que cualquier ayuntamiento pueda pedir un dictamen al Consejo sin pasar por la tutela del Ejecutivo de la Comunidad, como antes de la reforma de su ley reguladora.
