León participará en un programa piloto de atención a personas en riesgo de exclusión
El alcalde de León, Antonio Silván; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Alicia García; y representantes de otras instituciones como los Ayuntamientos de Salamanca y Valladolid o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, han firmado este lunes el convenio para el desarrollo del Proyecto Pact -Proactive Case-based Targeted model for social inclusión-. Se trata de una iniciativa piloto de innovación en servicios sociales para mejorar el modelo de atención a las personas en riesgo de exclusión social que se ensayará en León, Salamanca, Valladolid y su provincia.
El Proyecto Pact ha sido seleccionado, en el marco de la convocatoria de subvención del Programa EaSI -Programme for Employment and Social Innovation- de la UE, para ensayar un nuevo modelo de atención a las personas en riesgo de exclusión social a través de la Red de Protección a las Familias afectadas por la Crisis.
El proyecto contará con dos estrategias fundamentales. Por un lado, organizar los servicios sociales desde la alianza público-privada que integre la información, los recursos, las respuestas y aprendizaje con la colaboración de la EAPN. Por otro lado, la de inversión social, requiere experimentar una nueva forma de atención a las personas desde la proactividad y la prevención detectando las situaciones y los perfiles de las personas y familias susceptibles de ser atendidas integralmente antes de que se produzcan agravamientos y cronicidades de la exclusión social favoreciendo la inserción laboral de las personas.
Por ello, el Ayuntamiento de León forma parte de este proyecto innovador que se desarrollará en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Salamanca y Valladolid, la Diputación de Valladolid, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y la Universidad de Valladolid que evaluará el proyecto.
El acuerdo que se firma tiene una duración de 36 meses, desde este mes hasta el mes de octubre de 2018. El plan de trabajo establece una primera fase de diseño y desarrollo; una fase de experimentación, y una última fase de evaluación y difusión.
Los sectores objeto del acuerdo son las organizaciones y los profesionales del sistema de servicios sociales y las personas y familias en riesgo de exclusión social.
El principal objetivo que persigue esta iniciativa es obtener el conocimiento detallado de todas las necesidades de la población en riesgo de exclusión social, y especialmente, los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía en el marco de la Red de protección a las familias afectadas por la crisis.
El proyecto pretende obtener un conocimiento detallado del funcionamiento y resultados de los procesos de inserción social y laboral de la población objetivo. Se podrá calcular el riesgo de cronificación de las situaciones personales y familiares a través de la determinación de los factores críticos presentes en cada circunstancia: empleabilidad, tiempo de permanencia en atenciones, resiliencia, estados vitales, aspectos de convivencia, ente otros.
De esta forma, se pondrá en práctica una herramienta común de diagnóstico multidimensional de la inclusión-exclusión enfocada a la intervención. En este sentido, se desarrollará una nueva metodología de trabajo, proactiva y preventiva, que detecte las situaciones y los perfiles de las personas y familias susceptibles de ser atendidos integralmente antes de que se produzcan agravamientos y cronicidades de la exclusión.
El proyecto servirá para mejorar la metodología, adaptar la aplicación informática integrando y compartiendo la información entre los profesionales, testar una nueva forma de organizar los servicios integrándolos en la Red de Protección a las Familias afectadas por la Crisis, entre otras actuaciones.
