Las instituciones leonesas siguen sin ser transparentes en sus contratos públicos
Nuevo suspenso en transparencia para las instituciones leonesa, ya que ninguna cumple con con la obligación legal de publicación de contratos y licitaciones públicos, según el nuevo análisis realizado por Transparencia Internacional España en julio de 2016. Ya en el mes de marzo todas las instituciones leonesas suspendieron ya que ni Diputación de León, ni Universidad, ni los Ayuntamientos de León ni de Ponferrada cumplen este precepto. Tampoco la Junta ni las Cortes se encuentran en el listado de las instituciones cumplidoras con esta cuestión, conforme a los nuevos datos facilitados por la entidad.
Así León encabeza la lista de provincias incumplidoras de Castilla y León ya que nadie sigue la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado.
Soria es la provincia de la Comunidad que cumple, ya que tanto el Ayuntamiento como la Diputación Provincial publican directamente sus contratos y licitaciones en la plataforma de contratación del sector público. El Consistorio de Ávila es otro de los cumplidores, pero no así Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.
En el caso de las diputaciones provinciales, publican sus contratos y licitaciones en la citada plataforma las de Ávila, Burgos, Soria y Valladolid e incumplen con esa obligación legal la ya citada de León, además de Palencia, Segovia y Zamora. Respecto de las universidades públicas, que también figuran en el análisis, sólo la de León no cumple y sí las de Burgos, Salamanca y Valladolid.
El nivel de cumplimiento de las comunidades autónomas en la publicación de sus contratos y licitaciones en la plataforma pública es del 35 por ciento, es decir seis de las 17. Son Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y La Rioja. En el lado opuesto, están las once restantes, un 65 por ciento de incumplidoras.
Transparencia Internacional explica en su informe que en enero de 2016 eran sólo tres comunidades entre las 17 totales las que cumplían esta normativa legal y en el reciente análisis del mes de julio han pasado a ser seis las que cumplen la ley. Esto significa que ahora es algo más de un tercio de las autonomías que cumplen, y por tanto son casi dos terceras partes las que siguen sin cumplir la normativa legal, subraya TI.
Tampoco las Cortes de Castilla y León se encuentran entre las asambleas legislativas que publicas los datos de contrataciones y licitaciones en la plataforma de contratación del sector público. Cinco son los parlamentos autonómicos que cumplen la normativa: Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y Murcia.
Precisamente, Transparencia Internacional valora que son los mismos parlamentos que lo hacían hace unos meses, por lo que no ha habido ningún avance en el cumplimiento normativo por parte de estas instituciones públicas, y califica de “significativo” que el Congreso de los Diputados y el Senado sigan sin cumplir esta normativa legal.
En el caso de los ayuntamientos, de los 110 grandes consistorios españoles analizados en enero de 2016 por TI-España, sólo 29 cumplían esta obligación, esto es el 26 por ciento, que se elevan a 33 en el último análisis, de manera que sólo el 30 por ciento cumple la ley. Para la organización, “resulta significativo” que grandes ayuntamientos como los de Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla incumplan esta normativa legal.
Es en las diputaciones provinciales en las que se aprecia el mayor avance entre enero y julio, ya que de 18 de las 45 totales que cumplían la normativa legal, ahora son 27, esto es, el 60 por ciento, las que han pasado a cumplir esta normativa, aunque TI subraya que el 40 por ciento sigue incumpliendo la normativa legal.
Por último, en el anterior análisis eran 30 las universidades que cumplían la ley de las 51 totales, mientras que ahora son 33 las que cumplen, lo que hace que del 59 por ciento de cumplimiento se haya pasado al 65 por ciento, algo más de la tercera parte las Universidades que en todo caso siguen sin cumplir esta normativa legal sobre contratos.
