El viernes inician su tramitación parlamentaria las cuentas de Castilla y León
Las cuentas de Castilla y León para 2018 inician mañana su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se aprueben antes de que acabe el año y entren en vigor el 1 de enero de 2018. El proyecto, que prevén un montante global de 10.859,21 millones de euros, lo que supone un aumento en 566 millones respecto a 2017, el 5,5 por ciento, tiene despejado el camino gracias al acuerdo alcanzado entre los grupos Popular, Ciudadanos y la Junta, que según su presidente, Juan Vicente Herrera, plantea un marco “expansivo, social e inversor”.
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, registrará, a las 11.00 horas, el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2018. El diseño presupuestario, que aprobado por el Consejo de Gobierno de este miércoles, presenta la cifra más alta de la historia, aunque sin embargoue está condicionada por un ascenso de las operaciones financieras del 22,6 por ciento, con 1.281,75 millones, de los que 1.187,53 irán a amortizaciones (deuda de reposición).
Las cuentas rozan el máximo histórico en gasto social, con 6.606 millones para Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, y presenta el mayor crecimiento del gasto en las inversiones reales, con un 16,7 por ciento y 620,73 millones.
Los presupuestos parten de los 9.577,5 millones de euros de gasto no financiero. Una magnitud 329,5 millones mayor que la de 2017, con un avance porcentual el 3,5 por ciento. Un dato que sube en 2,3 millones de euros respecto a la aprobada por las Cortes el pasado 20 de septiembre de techo de gasto. Este nuevo techo de gasto es básicamente el resultado de la diferencia entre el incremento de las transferencias del Estado y la disminución de los recursos procedentes de la UE, circunstancias ambas que están previstas como posibles causas de modificación en la normativa.
Gasto
De los 9.577,5 millones de euros de techo máximo de gasto no financiero las consejería manejarán 8.333,4 millones, a los que habría que sumar los recursos de la PAC (924,4 millones), los reservados para abonar los intereses de la deuda (288,5 millones) y los dirigidos a financiar las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (31,1 millones). Esta magnitud que manejarán las consejerías supondrá un crecimiento del 4,1 por ciento, que en términos absolutos implica 330,5 millones adicionales.
El gasto efectivo encadena en 2018 la cuarta subida consecutiva y acumula un incremento superior a los 1.000 millones de euros respecto a 2014. Asimismo, el 70 por ciento del aumento experimentado por los créditos no financieros se concentra en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, que en conjunto gestionarán 6.606 millones.
Se trata de la segunda cifra más alta de la historia autonómica, si se toma como referencia la evolución presupuestaria del gasto social desde que se realizaron las principales transferencias a la Comunidad. De hecho, esa cuantía únicamente fue superior en 2010, y por sólo cinco millones de diferencia. Ahora bien, aquel año los recursos efectivos a disposición de las consejerías eran 900 millones superiores a los de 2018, lo que da idea del importante esfuerzo que hace la Junta en la actualidad.
Los tres departamentos sociales por excelencia absorberá el 80 por ciento del gasto no financiero disponible para las nueve áreas ejecutivas y el 87 por ciento de los recursos autónomos de carácter no financiero. El presupuesto de la Consejería de Sanidad asciende a 3.588,2 millones (sube el 3,2 por ciento); el de Educación se eleva a 2.044,5 millones de euros (el 3,4 por ciento más) y el de Familia e Igualdad de Oportunidades suma 974,3 millones (aumenta el 5,3 por ciento).
La Consejería de Economía y Hacienda dispondrá de casi 367 millones, un 20 por ciento menos. Destaca de su presupuesto el descenso del 55,5 por ciento de las operaciones financieras, motivado fundamentalmente por la gestión y amortización de un menor volumen de recursos BEI en relación a 2017. Con 54 millones para inversiones, el 13,5 por ciento más, podrá ejecutar los compromisos asumidos y los planes industriales de Renault y Nissan.
I+D
El proyecto de Presupuestos para 2018 recoge un nuevo esfuerzo inversor en políticas de ciencia y tecnología, cuyos créditos repuntan de forma notable, el siete por ciento, hasta los 236 millones de euros. Esta cifra representa el 2,8 por ciento del gasto no financiero de las consejerías, por lo que la Junta da un paso más hacia la meta del tres por ciento al término de la legislatura, comprometido por Herrera.
El fomento del empleo contará con 304,5 millones de euros, el 4,1 por ciento más, respetando el acuerdo asumido en el seno del Diálogo Social de reservar para este fin al menos 90 millones de fondos autónomos. Buena parte de estos fondos serán gestionados por la Consejería de Empleo, que contará con casi 297,3 millones, el 3,8 por ciento más.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, que con un presupuesto global de 476,1 millones anota la mayor subida entre todos los departamentos, del 8,8 por ciento. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la que más eleva su gasto no financiero, el 8,95 por ciento, pese a que el volumen total de su presupuesto (513,6 millones de euros) desciende ligeramente.
Por último, a Cultura y Turismo le corresponden 126 millones de euros, el 4,8 por ciento más, recursos con los que reforzará especialmente la política turística, la promoción de la actividad cultural y la conservación del patrimonio.
Impulso inversor
El capítulo 6 de inversiones reales escala de forma decidida el 16,7 por ciento hasta los 620,7 millones y fluye hacia todas las políticas de gasto: las de tinte social se potencian el 14,4 por ciento y, el resto, el 18 por ciento de media. Las inversiones crecerán más en la Consejería de Agricultura tras un difícil año marcado por la sequía, un 26,3 por ciento, seguida ésta por la de Fomento, con un avance del 21,8 por ciento.
El Plan de Inversiones Sociales Prioritarias –ejecutadas por Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades–, se nutre de 198 millones de euros; aunque crecen un 44 por ciento las obras en carreteras y un 36,7 por ciento las de regadíos y concentraciones parcelarias.
Plan de Convergencia
El proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2018 prevé 25 millones de euros para financiar la primera anualidad del nuevo Plan Plurianual de Convergencia Interior, pero condicionado a la aprobación de la ley, que se tramita en las Cortes, para culminar el modelo de Ordenación Territorial con los mapas rurales.
El presidente de la Junta detalló como novedad que el proyecto de presupuestos recoge una disposición adicional en la que figura la partida de 25 millones de euros del Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del nuevo Plan de Convergencia.
Además, condicionó la activación de esa partida a que se apruebe el proyecto de ley de mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León y, posteriormente, las áreas estratégicas. Herrera insistió en todo momento en que es un fondo condicionado a la aprobación de los mapas rurales.
Ingresos
El análisis de los ingresos evidencia que la Junta de Castilla y León prevé recaudar diez millones de euros en 2018 con la creación del nuevo impuesto sobre el impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal, por el desmantelamiento de la central de Garoña, que revertirá en un plan de dinamización económica para la zona burgalesa.
El nuevo gravamen se incluirá dentro del impuesto propio sobre afección medio ambiental de determinadas instalaciones, que recaudará en su conjunto 74 millones de euros, un 15,6 por ciento más que este año. Asimismo, se tramitará en las Cortes el año que viene a través de un proyecto o una proposición de ley.
El grueso de los ingresos, el 60 por ciento del total, procederá de las entregas a cuenta del modelo de financiación. Concretó que ascenderán a 6.480,9 millones de euros, el 6,2 por ciento más, una sustancial mejora impulsada, dijo, por la “recuperación de la economía y del empleo durante ese ejercicio”.
Fiscalidad
La Junta introducirá el año que viene dos nuevos beneficios fiscales y mantendrá los de este año, hasta un total de 51, que permitirán un ahorro a 168.458 ciudadanos de la Comunidad, de 294,43 millones de euros.
Los datos facilitados por la Junta revelan que los beneficios fiscales en el IRPF beneficiarán a 98.930 personas con 45,41 millones; en el de Sucesiones y Donaciones, a 60.690 con 218,55; en el de Transmisiones Patrimoniales, a 3.480 por 17,47; en el de Actos jurídicos Documentados, a 4.120 por 9,13; y en los tributos sobre el juego a 1.238 personas, por 3,86 millones.
Cuadro marco
Las cuentas de la Junta están elaboradas conforme a un cuadro macro que refleja que la economía de Castilla y León crecerá el año que viene a un ritmo del 2,7 por ciento, una décima por encima de lo anunciado con motivo de la presentación del techo de gasto y dos más que la previsión en las cuentas de este año.
El año que viene será el quinto ejercicio de crecimiento ininterrumpido del PIB, y puso sobre la mesa una estimación de una tasa de paro media anual del 12,2 por ciento; con un aumento del empleo del 2,8 por ciento, que se traducirá en 28.000 puestos de trabajo adicionales y “permitirá aproximarse al objetivo de legislatura del millón de ocupados”.
El límite de gasto no financiero cumple “plenamente” con las tres condiciones que imponen tanto la Ley Orgánica de Estabilidad como la Ley de Estabilidad Autonómica. En concreto, resaltó que se ajusta al déficit del 0,4 por ciento, un 33 por ciento inferior al de este año (0,6 por ciento).
Además, dijo, respeta el límite de deuda del 20 por ciento del PIB al cierre del año 2018 y es compatible con la llamada regla de gasto, al situarse por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional del 2,4 por ciento, según los criterios legalmente establecidos.
