Ponferrada da luz verde a la anulación del 'macrocontrato' de recogida de basura de FCC
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ponferrada adoptó este viernes el acuerdo para dar cumplimiento “en sus propios términos” a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que el pasado mes de junio anuló el contrato del servicio de recogida de basura y mantenimiento de zonas verdes, adjudicado en 2014 a la empresa FCC. Todos los grupos representados en el Consistorio votaron a favor del acuerdo, salvo Coalición por el Bierzo (CB) y USE Bierzo, que se abstuvieron.
Durante el turno de intervenciones, el portavoz del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio Carballo, explicó que “el contrato tiene una serie de vicios que no se podrán corregir si no se hace un nuevo pliego”. “La única solución es un nuevo concurso bien estudiado y con consenso de todos”, aseguró Carballo, que abogó por la municipalización de la concesión.
Por su parte, el portavoz de Ponferrada en Común (PeC), Miguel Ángel Fernández, se preguntó “por qué la mesa no valoró las contradicciones que el juzgado nos presenta” y consideró que “la mesa no estuvo a la altura de las circunstancias”, lo que provocará que las dos empresas implicadas -la adjudicataria, FCC, y la otra empresa en liza en la adjudicación, Urbaser- puedan presentar reclamaciones por daños y perjuicios. “Estas situaciones no se tienen que repetir”, remachó Fernández.
Por parte del grupo municipal de Ciudadanos, la concejal Ruth Santín dudó sobre la necesidad de celebrar el pleno para dar cumplimiento a una sentencia, algo en lo que coincidió el portavoz de CB, Pedro Muñoz. “Lo que hay que hacer es convocar la mesa de contratación y seguir las instrucciones de la sentencia”, aseguró Muñoz.
El exalcalde de Ponferrada y actual portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, fue interrumpido durante su intervención por los trabajadores del servicio, presentes en el salón de plenos. Folgueral criticó la “esquizofrenia judicial” que supone la anulación de contratos públicos.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, criticó la “hipoteca democrática” que suponen los contratos como el hoy anulado, de una duración de 20 años. “Se deja comprometidas a las corporaciones que vendrán”, lamentó Ramón, que reclamó que los responsables de la actual situación asuman “responsabilidades políticas, incluso patrimoniales”, entre los aplausos de los asistentes.
Pasos a seguir
A partir de la decisión tomada hoy por el pleno, las instrucciones de la sentencia del TSJ marcan que el siguiente paso será la convocatoria de una nueva mesa de contratación. Entre tanto, la actual concesionaria estará obligada a mantenerse en el servicio durante el periodo que preceda a la nueva adjudicación y mientras se liquida el actual contrato.
Cabe recordar que la resolución del TSJ resolvió el recurso presentado por la empresa Urbaser contra la adjudicación del servicio a FCC y declaró nulo el contrato porque “se vulneró la legalidad al no respetar el principio de igualdad”.
