Asturias y Andalucía ya batallan contra la libertad comercial total de horarios que impone el Gobierno
Mientras el Ayuntamiento de León supesa dónde y cómo aplica la medida aprobada por el Gobierno central de aplicar la libertad de horarios comerciales en la ciudad que conlleva la declaración 'por decreto' de la Zona de Especial Afluencia Turística, y la Junta de Castilla y León (competente en esta materia) no se manifiesta por el momento, otras Comunidades Autónomas como Asturias y Andalucía ya están dando los primeros pasos para la batalla contra la decisión del Gobierno que ha indignado al pequeño y mediano comercio leonés.
En concreto, el ejecutivo del Principado estudia interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la liberalización de horarios comerciales, un decreto que obliga a 24 ciudades, entre ellas también Oviedo y Gijón, a declarar, en un plazo de seis meses zonas de gran afluencia turística en las que habrá libertad de horarios. Porque de no decidirlo en seis meses, la medida se impondrá en todo el territorio de estos municipios. Así lo publica hoy Asturias24.es.
La Consejería de Economía considera que el Gobierno central puede incurrir en una invasión de competencias del Principado de Asturias con el decreto. Por esta razón, el director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, ha avanzado que los servicios jurídicos analizarán el decreto para, en su caso, interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
González Zapico ha destacado que, con esta medida, el Gobierno de España rompe también el equilibrio del que gozaba la comunidad autónoma en materia de comercio, puesto que siempre hubo gran consenso en relación con los horarios a través del consejo asesor de comercio.
Por su parte, el consejero de Turismo y Comercio de Andalucía, Rafael Rodríguez, ha mostrado la oposición de la Junta andaluza a la nueva liberalización de los horarios comerciales asegurando que supone una vulneración del Estatuto de Autonomía y del título VIII de la Constitución, ya que Andalucía tiene competencias exclusivas en la regulación de los calendarios y horarios comerciales.
El Gobierno central también pretende impedir que las comunidades autónomas puedan desarrollar esa normativa a pesar de que éstas tienen competencias exclusivas en materia de horarios comerciales.
