El negocio funerario de León y el alfoz nació ilegal hace 13 años y deja 8,4 millones públicos a Mémora
Trece años después, 8,4 millones de euros públicos pagados después, resulta que los servicios funerarios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre eran irregulares, administrativamente hablando al menos. Así de clara es la lectura de un duro informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, que considera ilegal el acuerdo adoptado en 2003 por la Mancomunidad de servicios funerarios Serfunle para convertir en su socio privado al grupo Mémora, a pesar de lo cual en este tiempo se ha embolsado 8,4 millones por un canon que no venía en los pliegos de la convocatoria.
La decisión del Consultivo es la respuesta a la consulta elevada en enero de este año por el actual equipo de Gobierno y sugiere tumbar el actual contrato con Mémora, básicamente porque el mismo no ha respetado los principios de “igualdad y no discriminación”, de manera que supone una “alteración de las reglas de licitación” que hizo que únicamente se presentara la compañía actualmente llamada Mémora, ya que los restantes posibles licitadores interesados no habrían concurrido en igualdad de condiciones, algo que ocurrió por ejemplo con Funespaña.
A pesar de considerar sin lugar a dudas la nulidad del proceso, el mismo informe de la institución que preside el leonés Mario Amilivia (alcalde de León cuando se firmó aquel contrato, aunque fuentes próximas aseguran que se ausentó entonces de la votación) considera que el dinero pagado a Mémora durante todo este tiempo en base a aquel canon que no figuraba en el pliego inicial es en realidad un dinero público correctamente pagado a la sociedad funeraria, ya que a su juicio obedece a “servicios prestados” realmente por esta compañía. Al contrario, el informe del Consultivo cree que Serfunle tendrá que indemnizar a su socio privado “por los daños y perjuicios que haya sufrido”, en una cuantía que la propia compañía Mémora ha cifrado en otros 18 millones de euros.
Cabe recordar que, según fuentes del Consejo Consultivo, el informe es “semivinculante” y deja “libertad a la Mancomunidad a que haga lo que estime oportuno”. De momento, Serfunle convocará la semana que viene una asamblea para decidir si inicia formalmente el proceso de liquidación.
Dureza de León en Común
Tras conocerse la noticia, de momento la única formación política en posicionarse ha sido León en Común, que en una pública exige “responsabilidades por este dinero que se ha pagado ilegalmente”. “No nos parece casualidad que el funcionario que firmó este pago fuera de las cláusulas del contrato fuera a su vez secretario de la patronal de funerarias. El Jefe de Servicios económicos del Ayuntamiento y mano derecha del concejal de Hacienda y Régimen Interior debe responder de esta situación que ha costado a las arcas públicas 8,4 millones de euros”, explica, en referencia a Carlos Hurtado, secretario del consejo de administración de la empresa mixta y jefe de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León.
León en Común pide “a la empresa Mémora que devuelva el dinero cobrado ilegalmente, y al equipo de gobierno del Partido Popular que haga todo lo que esté en su mano, incluso por vía legal, para que el dinero sea restituido”. Y a renglón seguido, pide a los tres ayuntamientos que apuesten “por una gestión 100% pública del nuevo servicio que surja a raíz de este proceso”.
