La Junta pagará 4 millones para ampliar el CTR tras colapsarse por la nefasta gestión
El centro de tratamiento de residuos (CTR) o vertedero provincial, construido para albergar 20 años toda la basura de la provincia leonesa, tiene los días contados cuando apenas alcance los 10 años. La Junta, la Diputación y el consorcio provincial Gersul que lo gestiona ya saben que apenas tiene capacidad para 14 meses más, estará colapsado en diciembre de 2016, si no antes, fruto de una evidente gestión desastrosa acumulada en los últimos años.
Por eso, en la reunión mantenida hoy entre el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, el más concreto compromiso alcanzado es el de acelerar al máximo la polémica ejecución de un nuevo vaso de vertido aledaño al actual, que en apariencia ya rebosa tras el controvertido traslado de cientos de miles de toneladas de fardos procedentes del Páramo.
El plazo inaplazable es ese: 14 meses. La inversión, casi 4 millones de euros, destalló el consejero tras asumir “la gravedad de la situación” que obligará a la Junta a ejecutar esta nueva infraestructura -desde la entidad pública Somacyl-. Y el compromiso de Suárez-Quiñones y Majo de que este nuevo esfuerzo inversor no supondrá coste coste para ningún ciudadano de la provincia vía incremento de las tasas, como sí ocurrió cuando el CTR fue construido. Suárez-Quiñones se comprometió a “forzar la máquina administrativa”, porque los terrenos están disponibles, hecho el acuerdo in extremis del Ayuntamiento de San Justo de la Vega garantizando que no pondrá trabas a cambio 77.500 euros anuales y pendiente aún la realización del proyecto de obra y las pertinentes autorizaciones ambientales.
Este fue el único compromiso tangible de un encuentro en el que también se anunciaron inminentes firmas de convenios mutuos entre Junta y Diputación -sin concreción económica de ninguna clase, aún-. Uno de estos convenios, para “crear una comisión de trabajo que evalúe la situación y necesidades del transporte rural” en la provincia, suscribiendo un acuerdo vigente desde 2005 pero que, según admitió el consejero, jamás sus antecesores buscaron desarrollar.
Y otro convenio, no menos vago todavía, para estudiar y “realizar el esfuerzo económico preciso” para poner fin a la desastrosa situación del acceso a Internet en buena parte de la provincia leonesa, con casos flagrantes como que la turística Cueva de Valporquero carezca de ningún tipo de conexión posible. El compromiso del consejero es que “en esta legislatura” se puedan incentivar ayudas indirectas para impulsar una banda ancha de 20 megas a través de tecnología por satélite, porque la actual admitió que apenas llega en muchos lugares a 1 mega, “claramente insuficiente”.
Bomberos comarcales: volver a rehacer estudios
La situación de las carreteras autonómicas, en un precario y peligroso estado de conservación en buena parte de su trazado por la provincia, y el diseño definitivo de un sistema de servicio de bomberos comarcal fueron otras de las cuestiones tratadas. A este respecto, el consejero señaló que la Diputación prepara un inventario de los medios reales operativos existentes -algo que el Plan Provincial de Prevención y Extinción de Incedios Urbanos ya había concretado en los mandatos de Isabel Carrasco y Marcos Martínez- y recordó que la Junta se limitará a cumplir sus competencias, colaborando en materia de formación y planificación, a pesar de que en otras muchas provincias sí ha financiado parques comarcales durante años. Ni Suárez-Quiñones ni Majo concretaron si finalmente se mantendrá un sistema con personal exclusivamente municipal y voluntario, motivo de polémica meses atrás, o si habrá un sistema mixto con bomberos profesionales.
El presidente de la Diputación agradeció la buena disposición del responsable autonómico, su concreción en algunos compromisos ya durante la jornada de hoy y el trabajo previo y posterior que se desarrollará para buscar soluciones a las cuestiones que plantea la institución provincial a la administración autonómica.
