La alcaldesa de San Andrés muestra “absoluta tranquilidad” al negar relación con el 'caso Pokémon'
“Absoluta tranquilidad” de la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo. Esta es la reacción principal, aparte de críticas a Izquierda Unida por “utilizar la justicia con intereses partidistas para desprestigiar la figura política y personal” de María Eugenia Gancedo, a raíz de conocerse que el Juzgado de León que investigaba si hay relación de funcionarios y políticos de San Andrés con el conocido caso de corrupción 'Pokémon' haya decidido pedir que la instrucción pase a la Audiencia Nacional.
Una sospecha del Juzgado de Instrucción número 5 de León que Gancedo no comparte, motivo por el que la alcaldesa socialista en la actualidad y cuando ocurrieron los hechos ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de León, al considerar que “no existe motivación” para la elevación del caso a los tribunales de Madrid que tramitan uno de los casos de corrupción más amplios de todo el país, que originariamente afectó sobre todo en Galicia.
A través de una nota, María Eugenia Gancedo recordó que la investigación judicial se originó “unos meses después de que Izquierda Unida de San Andrés, con su portavoz Eloína Terrón a la cabeza, interpusiese una denuncia ante la Fiscalía por la prórroga del contrato del agua aprobada en Pleno por el Ayuntamiento de San Andrés en el año 2010”.
Y “posteriormente, fue el propio abogado de esta formación política el que pide a la jueza que investigue una posible conexión con la trama Pokémon”, remarca la regidora, incidiendo en que “durante las diligencias abiertas al respecto, la Policía Nacional” que ha investigado el patrimonio y las cuentas de la propia Gancedo y su familia concluyó “en un informe que el único punto coincidente entre la prórroga del contrato del agua en San Andrés y la trama Pokémon que se investiga en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias es la empresa adjudicataria del servicio, que por otro lado opera en el conjunto del territorio nacional”, añade.
“La Policía Nacional no encontró ningún otro nexo de conexión con esta trama, pues, a diferencia con las personas investigadas en Galicia, en este caso no hay familiares contratados por o a través de la empresa investigada, ni prebenda económica o material alguna por la ampliación del contrato (viajes, regalos...etc.)”, insiste. Lo cierto, según las indagaciones judiciales, es que se amplió 15 el contrato del servicio municipal de aguas de la empresa Aquona a cambio de 2 millones de euros en obras nunca realizadas, por otra parte.
Gancedo, que insiste en que “no tengo nada que esconder”, explica que “el expediente que sustenta la prórroga del contrato del agua en San Andrés del Rabanedo cuenta con informes favorables (entre ellos, el informe jurídico) y, además, existe una sentencia judicial firme que reconoce a la empresa el derecho a compensar el déficit tarifario que produce el servicio”.
Por eso, censura que este asunto “responde únicamente a los intereses políticos de una formación que utiliza la justicia con intereses partidistas para desprestigiar la figura política y personal de María Eugenia Gancedo, con la única intención de conseguir así lo que no ha logrado conseguir en las urnas”.
