El gobierno anuncia cambios en las políticas contra las mujeres maltratadas

La consejera de Familia, Milagros Marcos, asiste a la conferencia sectorial sobre Igualdad. Foto: Juan Lázaro/ ICAL

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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinará a Castilla y León 255.791 euros para atender a las víctimas de violencia de género, de los 4,3 millones que repartirá entre todas las autonomías. Se trata de un 17 por ciento más de la cantidad habitual y 55.591 irán destinados a la atención de los menores, según explicó hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, que participó en la Conferencia Sectorial en la materia.

Marcos, que destacó que se trata de “la primera vez desde el año 2009” que el Gobierno aumenta las partidas para este tipo de acciones, resaltó que si el incremento nacional es del 7,5 por ciento, en Castilla y León lo hace casi un 17 por ciento “por criterios de dispersión y de ruralidad”, que implican que el coste para atender en igualdad de oportunidades a las mujeres que viven en el medio urbano y en el medio rural sea superior. Por estos motivos, Marcos valoró que se hayan incorporado unos criterios que habían sido planteados desde la Comunidad.

Por otra parte, destacó en la coordinación y la colaboración interterritorial para que las víctimas tengan acceso a los recursos en otras comunidades autónomas. “Una regulación común es algo en lo que Castilla y León venía trabajando desde hace tiempo”, dijo, para añadir que “Castilla y León ya tenía convenios con algunas comunidades autónomas”.

En este sentido, valoró que los recursos estén a disposición de las agredidas no solo en aquellos casos en que exista una sentencia judicial o un informe fiscal, sino también cuando haya un informe social. Para Milagros Marcos se trata de “algo fundamental porque permite y apoya el modelo de atención a las víctimas de género”. Así, pretenden que la atención no se limite al momento posterior a la denuncia.

Asimismo, la consejera anunció que Castilla y León renovará en septiembre el convenio firmado con el Ministerio del Interior para coordinar las actuaciones y la información entre la Junta , los profesionales del sistema de servicios sociales y las fuerzas de seguridad del Estado. Este acuerdo permite “esa atención anterior a la denuncia, esa protección y acompañamiento permanente desde que la víctima pueda tener el menor atisbo de problema en su propio domicilio”. Además, se ampliarán los contenidos del acuerdo firmando un protocolo de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial parar reforzar la seguridad en el ámbito local con los cuerpos de policía de manera que “se implemente esta atención integral”. Pretenden que la víctima solamente se dirija a un único profesional de referencia que le pueda orientar sobre los recursos que tiene a su disposición.

Las autonomías pagarán los desplazamientos de las maltratadas sin recursos a casas de acogida

El documento sancionado por todas las comunidades, salvo Cataluña y País Vasco, establece que la Comunidad de origen de la víctima y de sus hijos tendrá que costear los gastos de desplazamiento si la maltratada no dispone de medios económicos. Aunque también contempla la posibilidad de que tanto la comunidad de recepción de la víctima, como la de su origen, compartan los gastos.

Para poder acceder a este protocolo “bastará que la víctima haya denunciado o que disponga de un informe de los servicios sociales de su comunidad en el que se certifique que es víctima de violencia de género y que se encuentra en peligro”, explicó Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, en una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, recalcó que “cuando llegue la unidad familiar a la casa de acogida, los niños serán escolarizados de forma inmediata y la mujer se le aplicarán los recursos y servicios que su situación concreta haga necesarios, al igual que el itinerario profesional de asistencia pertinente”.

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