La Junta eleva al Consejo Social de la Universidad de León a un empresario que voló unos chalets para realizar una estafa

Javier Morán Lobato (izda), presidente de FELE-Bierzo, y Javier Cepedano (dcha), presidente de la FELE y del Consejo Social de la Universidad de León. Foto: César Sánchez/Ical.

Antonio Vega

Este nuevo curso los alumnos de Derecho Penal de la Universidad de León (ULE) podrán realizar ejercicios prácticos con los nuevos miembros del Consejo Social de la institución académica leonesa, a tenor de alguno de los nombres que han sido publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León este martes, 29 de noviembre.

La consejería de Educación publicó el listado de 27 nombres que pasan a componer este órgano de la ULE que, entre otras funciones, aprueba cada año los Presupuestos de la institución. Además de los 27 nombres forman parte el rector, Juan Francisco García Marín, y su presidente, el a su vez presidente de la patronal leonesa de empresarios FELE, Javier Cepedano.

Los empresarios tienen otros siete puestos en este órgano, copados todos por miembros de la Federación Leonesa de Empresarios. Así repiten como miembros a dos asesores jurídicos de la FELE, Enrique Suárez y Francisco Javier Sanz Rojo. Se incorporan además Juan María Vallejo Fernández (constructora Geoxa y hermano del exconcejal del PP Cecilio Vallejo); José Manuel Rodríguez Cuevas (presidente de los electricistas leoneses agrupados en Apietel); Francisco Rodríguez García (directivo en empresas del Grupo Lamelas Viloria); la última incorporación empresarial es la más polémica, se trata del presidente de FELE-Bierzo, Javier Morán Lobato, condenado en el año 2002 a cuatro años y medio de cárcel por tenencia ilícita de explosivos al intentar efectuar una estafa.

Según la ley 3/2003 de Universidades de Castilla y León los miembros del Consejo Social los miembros no universitarios del mismo son “designados entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social”. La directora general de Universidades de Castilla y León, Pilar Garcés, ha explicado a este periódico que si la patronal autonómica, Cecale, ha considerado oportuno incluir a Morán entre sus miembros la consejería sólo revisa que no tenga vinculación con la universidad, único requisito que regula la Ley autonómica en la materia. Sobre si desde el punto de vista ético es cuestionable su presencia la responsable de la Junta en materia universitaria ha aludido a que si el afectado ha cumplido su pena también existe el derecho a la reinserción social.

Contactado por ileon.com el rector de la Universidad de León para solicitarle un comentario sobre el nombramiento de Javier Morán ha asegurado desconocer su historial hasta que este medio se lo ha explicado y ha pedido tiempo para conocer los detalles y ofrecer una opinión.

Condena de cárcel

Javier Morán fue condenado en sentencia del 15 de junio del año 2000 a tres penas, dos de ellas de prisión, por dinamitar unos chalets que había construido ilegalmente la empresa propiedad de su padre para intentar estafar al seguro al tener que derribarlas. La Audiencia Provincial de Pontevedra dictaminó, en una sentencia que absolvió a su padre, Javier Morán fue autor de un delito de tenencia ilícita de explosivos con pena de cárcel de cuatro años y seis meses. Le impuso un segundo delito de daños con el pago de una multa de doce meses de cuota diaria de 1.500 pesetas (9 euros). El tercer delito al que le condenó fue de estafa de especial gravedad en grado de tentativa, que le supuso una pena de seis meses de prisión y multa de tres meses de cuota diaria de 1.500 pesetas (9 euros)

Los hechos juzgados se remontaban a 1997, cuando el empresario y su padre construyeron con la sociedad familiar unos chalets cerca de la playa de La Lanzada sin licencia municipal. El Ayuntamiento de Sanxenxo inició un procedimiento que culminó ordenando su derribo, momento en que habrían optado por dinamitarlos para que el seguro pagara la indemnización correspondiente.

En el año 2002 el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso de Javier Morán y finalmente le impuso una pena de cuatro años y medio de prisión por tenencia ilícita de explosivos pero excluyó el delito de estafa al no haberse iniciado formalmente como tal. Le ratificó además la condena por un delito de daños a una multa de 1.500 pesetas (9 euros) durante doce meses. Fuentes judiciales han confirmado a ileon.com que la sentencia fue cumplida.

Javier Morán Lobato es presidente de los empresarios bercianos desde el año 2011, miembro de la Directiva Provincial de la FELE como vicepresidente y vocal del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de León. A todos estos cargos suma desde el martes el ser miembro del Consejo Social de la Universidad de León.

Resto de renovación

Además de los puestos de los empresarios se mantienen por parte de los sindicatos Manuel Mayo y Rosa Castro. A propuesta de la consejería de Educación siguen Juan Carlos Luengo Manjón (empresario), Manuel Miguélez Valbuena (exdirector general de Paradores), María Jesús Soto Barragán (banca financiera), Martín Manceñido (presidente Donantes de Sangre) y Manuel Ángel Fernández Arias (empresario expresidente de FELE).

Por su parte las Cortes de Castilla y León mantienen como vocales a Ana Díaz-Rincón Cotelo (funcionaria), Manuel Suárez González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández (procuradora PSOE).

En representación sindical han entrado además como vocales Azucena Pérez, Rosario Puente, María José Sitja y Agapito Muñíz. El director de la ADE, José Manuel Frade Nieto, entra a propuesta de la propia entidad y la empresaria y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de León, Nuria Lesmes, a propuesta de la consejería de Educación.

Los miembros de la Comunidad Universitaria en el Consejo Social son Manuel Blanco en representación de los estudiantes, Andrés Otero en representación de los profesores y Alfonso Frontaura como representante del Personal de Administración y Servicios (PAS).

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