La alcaldesa de Ponferrada defiende la legalidad de sus actuaciones en relación a 'Enredadera'
La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, defendió este viernes la escrupulosa legalidad de las actuaciones del equipo de Gobierno de la ciudad, después de que tanto la regidora como varios concejales hayan aparecido en las conversaciones transcritas por la Udef en el sumario del caso. “Nunca nadie va a poder encontrar un solo papel que indique que la alcaldesa no ha actuado ajustándose a la legalidad”, aseguró Fernández Merayo al término de una sesión en la que el portavoz socialista insinuó que el recorrido judicial del caso podría acabar suponiendo la apertura de una pieza separada para investigar las actuaciones en la capital del Bierzo.
“Toda la contratación se ha hecho con arreglo a la ley y nunca hemos cedido a ninguna presión”, insistió la regidora, que defendió que desde su entrada en la alcaldía “ni un solo contrato se ha adjudicado a las empresas de la trama” y recordó que varias solicitudes se han rechazado. “Puedo dar explicaciones de mis actos, pero no de lo que se dice de mí”, aseguró la alcaldesa.
Otro de los nombres que aparecen en el sumario de la investigación es el del concejal de Movilidad y portavoz del equipo de Gobierno, Ricardo Miranda, quién admitió hoy haberse reunido con alto cargos de la empresa encargada del Transporte Urbano de Ponferrada (TUP) para hablar de los “plazos del expediente” relativo al pliego de licitación que el Consistorio prepara para licitar el servicio, que se encuentra en situación de alegalidad desde hace varios ejercicios.
En ese sentido, Miranda concretó que “a día de hoy no hay pliego, la realidad es que no se ha aprobado nada” y recordó que los responsables municipales han anunciado en las últimas semanas su intención de asumir la gestión directa del servicio. En cualquier caso, Miranda remarcó que tanto el contrato del TUP como el 'macrocontrato' de recogida de basuras y limpieza viaria son “problemas heredados” y lamentó tener que dar “un maremagnum de explicaciones sobre algo que no está siendo investigado por nadie”.
El último de los señalados por las conversaciones transcritas por la Policía era el portavoz de USE Bierzo y exalcalde de la ciudad, Samuel Folgueral, quién situó estas charlas en el terreno de la “normalidad”. “Los responsables públicos tenemos la obligación de tener contactos con todos los operadores del tejido social”, afirmó el exalcalde. En la misma línea, Folgueral aseguró que no se esconde de nada y calificó el pleno de “obra de teatro que hace un flaco favor al estado de derecho”. “Nadie debe eludir la transparencia, pero si estamos ante una trama corrupta, que vengan los jueces y hagan su trabajo”, sentenció.
Las críticas de los convocantes
Por parte de los grupos convocantes -PSOE, Ponferrada en Común (PeC) y Ciudadanos (Cs)- el asunto se trató como un “tema de suma gravedad y del máximo interés para la ciudadanía”, como reflejaba el orden del día de la sesión. Así, el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, afirmó que “el Ayuntamiento no está investigado, de momento, pero el equipo de Gobierno está bajo sospecha”. Tras preguntar por los contratos municipales, Fernández se mostró partidario de “romper los que estén bajo sospecha para alejar las dudas” y reclamó “una política distinta en las instituciones” que se traduzca en la gestión directa de los servicios por parte de las administraciones. “Acabemos con este chabaneo”, concluyó.
Igualmente, la portavoz de Cs, Rosa Luna, reclamó explicaciones sobre las escuchas practicadas por la Udef e instó a la alcaldesa a “hacer efectiva la transparencia de la que presume”. Por último, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, insinuó que “a lo mejor el asunto no acaba aquí”, en referencia al recorrido judicial que el caso pueda tener. “No descartaría que hubiera una pieza en Ponferrada”, afirmó.
En el campo del reproche político, Ramón afeó a Miranda que “intenta hacer ver que su actuación es normal, cuando se aparta por completo de la normalidad” y atribuyó la “súbita decisión de municipalizar el TUP” a la falta de control por parte de la administración sobre las concesiones públicas. “No ha actuado bien, lo sabe perfectamente y debería asumir responsabilidades por ello”, espetó.
El bercianismo, de perfil
En su turno de palabras, el portavoz del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio Carballo, recordó que no se ha producido ninguna detención relacionada con este caso en el Ayuntamiento de Ponferrada aunque criticó las “idas y venidas” del equipo de Gobierno en relación a temas de interés, así como la “ruina” que los partidos estatales han provocado en la ciudad y la comarca.
Por su parte, el portavoz de Coalición por el Bierzo (CB), Pedro Muñoz, también admitió haber sido protagonista de una reunión, tal y como se desprende de las conversaciones, aunque defendió la honradez de las mismas. Recurriendo a Bukowski, Muñoz consideró que “cuando se dan muchas explicaciones, parecen excusas” y lamentó que la repercusión pública de esta trama haya servido para iniciar “una causa general” en la que se está “haciendo leña del árbol caído”.
