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medio ambiente

Ecologistas en Acción rechaza la construcción del centro comercial de La Granja en León

La organización conservacionista pide al Ayuntamiento de León que impida "un proyecto innecesario que responde al interés de los promotores de hacer negocio".

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ileon.com  | 18/09/2018 - 12:00h.

Ecologistas en acción presentó este martes alegaciones ante la aprobación inicial de la memoria del proyecto de urbanización de las obras que permitirán que se pueda conceder licencia al centro comercial que Bogaris Retail, S.L. pretende construir entre las calles La Serna y La Granja, ya que consideran que "no hay justificación, basada en el interés general y el bien común, para licenciar otro gran centro comercial en León, una ciudad con población en declive, donde la gran superficie de venta al público está absolutamente sobredimensionada".

Los Ecologistas aseguraron que en la primera fase de la licencia, que comprende la urbanización del centro comercial y la construcción de un nuevo vial, el Ayuntamiento participa no sólo como administración reguladora, sino también como propietaria de terrenos incluidos en el sector, por lo que le exigieron al consistorio que impida un proyecto innecesario, "que sólo responde al interés de los promotores de hacer negocio urbanizando las parcelas de uso comercial para luego venderlas a Bogaris en condiciones aptas para la construcción".

Según apuntaron desde EA, la realidad socioeconómica de un municipio en recesión como es León y la situación del mercado inmobiliario de la capital, con más de 15.000 viviendas vacías, pone en serias dudas la intención del promotor de seguir adelante con la fase 2 de la urbanización, pero una vez aprobado el Proyecto de Actuación, el promotor está legalmente obligado a urbanizar la totalidad del sector.

Por ello, "para evitar el uso especulativo del suelo", solicitaron al Ayuntamiento de León que exija al promotor la máxima garantía permitida por la ley, que debe constituirse sobre el ámbito completo de la actuación urbanística y no solo por la parte del proyecto relativa al centro comercial.

Además, la formación de ecologistas advirtieron incumplimientos de la legislación aplicable en materia de información pública "por omitir el anuncio del BOCYL la dirección web habilitada para consultar el expediente y la dirección de la sede electrónica en la que presentar reclamaciones", de la Ley de Transparencia por "no estar disponibles para su consulta los informes sectoriales emitidos por los distintos organismos que han informado el expediente", del Reglamento de Urbanismo, porque "no se describen correctamente las obras al no estar completa la documentación legalmente exigida" y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico "al no aportar proyecto validado por CHD que garantice el cumplimiento de las 22 condiciones impuestas para entubar la presa de San Isidro".

Ante estos "defectos y omisiones" que conllevan la nulidad de pleno derecho de lo actuado, Ecologistas en Acción han pedido la apertura de un nuevo periodo de información pública ajustado a las exigencias legales.

Para ello, además, alegaron un posible incumplimiento de la legislación urbanística e hipotecaria en la aprobación inicial del Proyecto de Actuación, al admitir excepciones a las reglas de reparcelación que son ajenas al interés general, dado que se pretenden adjudicar libre de cargas, a la Junta de Compensación, las parcelas de uso comercial que luego se cederían a Bogaris, según convenio preestablecido cuyo contenido se desconoce. De esta manera, los gastos de urbanización del centro comercial los asumirían todos los propietarios, por lo que se ha solicitado someter a información pública el proyecto de actuación modificado que acredite la subsanación de las deficiencias advertidas por los Servicios Jurídicos Municipales.

Asimismo, apuntaron al incumplimiento de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que obliga a someter a evaluación ambiental simplificada los proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos. Por ello, se ha solicitado la evaluación ambiental de este proyecto, por su envergadura, casi 45 hectáreas, y porque previamente no se ha realizado evaluación ambiental ni del PGOU, ni del Plan Parcial, ni del Proyecto de Actuación.

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