Amilivia 'tira de las orejas' a las juntas vecinales porque casi la mitad no rinden sus cuentas públicas

Amilivia y Morán en la reunión mantenida esta mañana.

E.F.G. / ICAL

El Consejo de Cuentas instó hoy al cumplimiento de la rendición de cuentas a las entidades que no lo han hecho dentro del plazo legal, después de constatar un descenso de un 5,4 por ciento en los municipios de Castilla y León, dado que fueron un total de 1.478 de los 2.248 ayuntamientos de la Comunidad.

La bajada es mayor -un 9,3 por ciento- en el caso de las entidades locales menores, es decir, las Juntas Vecinales, dado que cumplieron su obligación 1.149 de las 2.219 existentes en la actualidad, lo que representa un 51,8% del total. Y hay que recordar que la mitad de las existentes en España son leonesas, por lo que casi la mitad de ellas no dan explicación oficial de qué hacen con el dinero que es de sus vecinos.

Así lo detalló el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, tras la reunión mantenida con el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, al que pidió expresamente la colaboración de la institución para “animar” a la presentación de cuentas, en este caso en la provincia leonesa que, con 1.230, acapara el mayor número de entidades locales de la Comunidad (2.219).

Amilivia recordó que Castilla y León se sitúa en el quinto puesto del país en cuanto a rendición de cuentas; todo, a pesar de que no dispone de las medidas de estímulo que sí tienen otras comunidades autónomas como Aragón, Baleares, Madrid y Galicia, que también tienen órganos de control externos. “Tenemos la cobertura legal pero no está desarrollado en la Ley de Acompañamiento el tema de las multas”, señaló.

De los 770 ayuntamientos que no rindieron en plazo la cuenta del pasado año, un total de 34 no cumplieron con la obligación legal en ninguno de los últimos seis ejercicios, es decir, las cuentas que van de 2013 a 2018.

El Consejo de Cuentas remitirá esta semana un escrito a todos los ayuntamientos de la Comunidad que no han rendido la cuenta general del ejercicio 2018 dentro del plazo legalmente establecido, que finalizó el pasado 31 de octubre, requiriendo el cumplimiento de dicha obligación y acudirá al Tribunal de Cuentas para comunicar el inicio del procedimiento para la aplicación de multas coercitivas en los casos de incumplimientos reiterados de esta obligación legal.

“Creo que una decisión totalmente necesaria, porque tenemos que pensar que cuando una entidad rinde cuentas, lo hace ante sus ciudadanos y no se les puede hurtar a los ciudadanos de ese instrumento fundamental de participación y democrático”, comentó Amilivia, quien reconoció “sin lugar a dudas” la posible relación, en el caso de las entidades locales, del descenso registrado con la derogacíón y posterior recuperación de la figura del vecino-secretario.

Compromiso de la Diputación

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, compretió hoy el “compromiso firme” de la institución para que se puedan formalizar las rendiciones de cuentas. “Quiero justificar un poco a los ayuntamientos y a las juntas vecinales que, quizá por todos los procesos electorales de los últimos meses, se hayan despistado y no hayan presentado las cuentas, pero es una obligación que tenemos”.

Es verdad que desde el Servicio de Asistencia a los Municipios (SAM) y desde el Consejo Comarcal del Bierzo vamos a colaborar para que en la medida de lo posible, en el periodo más corot posible, puedan presentarlas. Al final es un trabajo técnico. Mejorar el personal disponible para dar mejor respuesta y no acumular expedientes.

Medidas de mejora

Sobre la posibilidad de mejorar el cumplimiento, el Consejo de Cuentas defiende una regulación estable de las multas coercitivas y el impulso de medidas legales tendentes a condicionar el pago de subvenciones y trasferencias a la efectiva rendición de cuentas. El impulso del cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas es uno de los objetivos principales del Plan Estratégico 2019-2022 del órgano de control externo autonómico para avanzar en materia de transparencia como principio básico de la gestión de las administraciones públicas.

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