El Gobierno aprueba la subida salarial “de un mínimo del 2%” para los funcionarios
El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos aprobó en el tercer Consejo de Ministros en una semana, el segundo en martes, la subida salarial prometida a los empleados públicos, que cifra “en un mínimo del 2%” y que será retroactivo desde el 1 de enero.
Un aumento que ya estaba pactado con los sindicatos, pero el presidente del Gobierno, el líder socialista Pedro Sánchez, retrasó su aprobación condicionándola a su elección en el Congreso de los Diputados para que así el Ejecutivo “tuviera plenas funciones”.
Los sindicatos de Función Pública habían reclamado al nuevo Gobierno de coalición la rápida aprobación de la subida salarial pactada, para que no se resintiera el poder adquisitivo de los funcionarios y pudiera aplicarse en la primera nómina del año, y el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, se comprometió a hacerlo lo antes posible, como asegura Laura Olías en esta información de ElDiario.es.
Los representantes de los trabajadores públicos señalaban ayer mismo que el Ejecutivo no les había dado una fecha concreta para aprobar la medida, que finalemente el presidente del Gobierno anunció que saldría adelante este martes en el Consejo de Ministros, al igual que la declaración de emergencia climática.
El incremento salarial es de un mínimo del 2%, que puede alcanzar en algunas ocasiones el 2,3% con el añadido de los fondos adicionales. Aunque no estaba aprobada antes de comenzar el año, la medida tendrá efectos desde el día 1 de enero, como ocurre con la subida de las pensiones del 0,9% que aprobó el Gobierno de coalición en su primer Consejo de Ministros.
Por otra parte, la letra pequeña del decreto de pensiones recoge cuestiones como la pensión máxima y las mínimas para las diferentes modalidades de pensión, así como algunas excepciones en el incremento del 0,9%. Por el momento queda pendiente el mayor aumento de las pensiones mínimas, que prometió el presidente del Gobierno.
Casi treinta mil empleados públicos en León
Según informa la Agencia ICAL, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, aseguró este martes que la subida beneficiará “a alrededor de 2,5 millones” de empleados públicos de empleados públicos en la administración central, autonómica y local. Algo que el Gobierno consideraba como “absolutamente prioritario”.
En León la medida beneficiaría a 29.356 funcionarios. De ellos, de la administración pública estatal son 7.512, mientras que de la Junta de Castilla y León dependen 14.061 y de la Administración Local (Ayuntamientos y Diputación), 6.550. Finalmente, de la Universidad de León dependen 1.233.
Al respecto defendió que se trata de la “recuperación de los derechos de las trabajadores y trabajadores públicos”, a los que elogió por su “dedicación”, “profesionalidad y vocación en la prestación de servicios” a la ciudadanía. “Es algo en lo que este Gobierno va a hacer hincapié porque son los artífices, los protagonistas no solo para el buen funcionamiento de la Administración, sino para el efectivo ejercicio de la ciudadanía en la democracia moderna”, aseguró.
Aún pendiente el Sueldo Mínimo Interprofesional
Todavía queda a la espera la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el Gobierno se ha comprometido que abordará de manera prioritaria con los sindicatos y la patronal en la mesa de diálogo social. Entre las medidas que también parecen muy próximas, según las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la derogación del despido por bajas médicas.
Díaz afirmó este lunes en la televisión pública gallega que la medida se tomará “inminentemente” y con carácter de “urgencia”, aunque concretó la fecha.
Se trata de una de las primeras medidas del desmontaje de la reforma laboral del PP de 2012 que ha prometido el Gobierno y que Díaz ha explicado que se concretará en dos fases: una primera con la derogación “urgente” de algunos de los llamados elementos “más lesivos” de la legislación laboral del mandato de Rajoy y una segunda fase con una revisión en profundidad del Estatuto de los Trabajadores para que se adapte “al siglo XXI”.
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