“Autonomía leonesa: el qué y el cómo”

A la vista de las reacciones sociales que ha producido la moción del Ayuntamiento de León sobre la autonomía me parece necesario aprovechar el momento para abrir un debate de mayor profundidad respecto al encaje de León en el modelo autonómico previsto por la Constitución de 1978 (CE1978).

En primer lugar hay que acometer sin más demora un análisis crítico de la noción de “territorio”. Si bien el territorio se concibe habitualmente como algo simple e inerte, en realidad no lo es en absoluto. La territorialidad es uno de los aspectos más importantes para comprender cómo los grupos humanos se organizan de muy diversas maneras en el espacio respecto al mundo social y material. El carácter contingente de la organización de los grupos humanos en el espacio a lo largo de la historia nos permite concluir que el territorio es ante todo un artefacto cultural que refleja las características esenciales del orden social que lo pone en pie. Una sociedad de cultura oral provee formas territoriales distintas a las de una sociedad letrada; la sociedad neolítica produce formas territoriales diferentes a las de la era electrónica, etc. Pero además de ser un artefacto cultural que refleja o incorpora aquellas características, el territorio constituye activamente al orden social que lo pone en pie. Es, entre otras cosas, un artefacto de producción de significado. En suma, un orden social determinado no es comprensible sin una referencia a la manera en que se expresa en términos territoriales. Podríamos avanzar que el orden social que territorializa al Estado durante la Transición y que da lugar al modelo autonómico se caracteriza por su proximidad al franquismo y consecuentemente produce territorialidad desde el verticalismo, la desproblematización de la realidad social y cultural, la concepción unitaria y centralista del poder y por una marcada funcionalidad respecto de los procesos elitistas de acumulación de capital. Los déficits democráticos y sociales de aquel contexto histórico siguen activos en “Castilla-león” y las consecuencias socieconómicas concretadas en un escenario de desarrollo geográfico desigual son consecuentes con él y no producto de la coyuntura.

Pese a su complejidad, los discursos predominantes estos días insisten, sin embargo, en la “naturalización” del territorio. Cada vez que se afirma un territorio como autoevidente, necesario o incuestionable también se oscurecen las relaciones de poder implicadas en su formación y consolidación. Las declaraciones de Tudanca y Mañueco en estos días van en esa linea. En ellas se deja claro que no hay espacio de posibilidad para modificar el mapa autonómico y que la solución a los agravios leoneses pasa exclusivamente por el respeto a la territorialidad vigente. Debe señalarse que simplificar así algo tan complejo como el territorio es, en realidad, una forma de simplificar y clarificar cuestiones fundamentales como la autoridad política, la identidad cultural o los derechos de las personas. O, en otros términos, como dice David Delaney, es la forma de que el territorio piense por nosotros estas cuestiones. Por otra parte, la posición de neutralidad-universalidad que se autoatribuyen estos discursos, supuestamente lejos de identitarismos perniciosos, puede desenmascararse si reparamos en que cada vez que un territorio se pone en cuestión de forma significativa se activan mecanismos que incluyen la violencia física y simbólica. Esto sucedió ya durante el proceso autonómico en los ochenta y vuelve a suceder hoy. Es igualmente el síntoma de que una revisión significativa del territorio implica una revisión significativa del orden social en su conjunto. El grado de simplificación y de coerción necesarias para mantener en pie el marco autonómico vigente rebasa todos los límites aceptables en una democracia bien entendida.

En segundo lugar opino que el autogobierno en León encierra cuestiones relevantes no solo en torno al qué sino también respecto al cómo. En cuanto al cómo, el autogobierno, más que un fin en sí mismo, debería implicar un proceso de empoderamiento y de actualización democrática. Esta sería su principal virtud. Frente al monopolio del Estado en la definición de lo común, cuya expresión más importante en nuestro entorno es el rígido marco territorial vigente, habría que oponer el derecho colectivo de leonesas y leoneses a decidir su propio destino. Sería la concreción política de la esperanza. No sirve, por muchas razones, que Madrid nos conceda graciosamente una autonomía por un acto de derecho administrativo (algo que nunca va a hacer) porque el derecho de los leoneses al autogobierno no tiene su referente último en el artículo 2 de la CE1978, oh, escándalo, sino que como memoria colectiva preexiste a dicha norma y al año 1978. Nuestro derecho se recoge en las normas internacionales que regulan la autodeterminación de los pueblos con mayor fuerza moral y mayor amplitud que en la propia CE1978. El análisis detallado de esta tesis excede, obviamente, los límites de estas lineas pero es perfectamente posible. La sociedad leonesa debe por tanto encontrar cauces para decidir democráticamente su propia agenda, para superar la exclusión a la que fue sometida durante la Transición y para marcar una diferencia moral y política relevante respecto del proceso autonómico que trajo consigo el marco actual. A este planteamiento subyace el problema del alcance de la democracia. Se plantea aquí la apuesta de recuperar la democracia en su acepción popular y desplazar la concepción liberal que identifica la democracia con el principio de legalidad y que tan bien sirve a los fines discursivos del statu quo. Esta equiparación democracia-derecho positivo tiene también el efecto práctico de obturar la crítica sobre la legitimidad política del poder. Yendo más lejos, el principio de empoderamiento popular es urgente hoy, en un contexto global marcado por la reducción constante y progresiva de la capacidad de decisión de la gente en asuntos que conforman nuestro día a día como así lo evidencia la agenda de austeridad neoliberal marcada desde Europa, la reforma exprés del 135, la represión en Catalunya y en términos generales la reducción del control de los pueblos sobre la gestión del excedente y sobre su entorno físico y social. No cabe duda de que alcanzar el autogobierno por medios democráticos supondrá incrementar el control de nuestra gente sobre su propio entorno y garantizar nuestra participación en la definición de todos los ámbitos relevantes para vivir mejor y para lograr una sociedad más justa, desde el ámbito económico hasta el cultural, desde lo material a lo inmaterial.

En conclusión, la cuestión del territorio en León es plenamente política, materialmente relevante y moralmente ineludible. Parafraseando a Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Fein irlandés, cuando nuestros gobernantes putativos pretenden hablar desde una posición no identitaria, cuando pretenden blindar la actual configuración territorial, lo que en realidad esperan es mantener intacto su propio estilo de hacer política, mantener intacto el statu quo y seguir repitiendo todos los errores del pasado. No quiero sin embargo concluir estas lineas sin manifestar mi apoyo y mi simpatía por el alcalde de León, por las personas que, en cualquier ámbito, se han posicionado públicamente al respecto y por los cientos de concejalas que a pesar de las presiones son capaces de un gesto que nos dignifica a todos

*Ignacio Redondo es licenciado en Derecho con máster de práctica jurídica, ejerciendo como abogado entre 2009 y 2012.