Los ecologistas demandan que no se renueve la concesión de la mina de uranio en la localidad salmantina de Retortillo
Las cinco principales organizaciones ambientales de España (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) reclamaron hoy a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que no renueve la autorización previa como instalación radiactiva nuclear en la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca).
No en vano, consideraron que sería “inconcebible e incoherente” con el compromiso del actual Gobierno central de eliminar progresivamente la participación de la energía nuclear en el mix energético.
El Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) ha concedido la licencia urbanística a Berkeley para que proceda a la construcción de una mina de uranio a cielo abierto en el municipio, con lo que esa compañía australiana ya puede acceder al uso de la tierra necesaria para las obras, según informó este martes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta manera, sólo queda pendiente la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva, trámite que ha recibido ya informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), aunque está pendiente de que Berkeley complete la entrega de la documentación necesaria.
Los ecologistas señalaron que si Ribera da su autorización, España se convertiría en el único país de Europa con una mina de uranio a cielo abierto. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, al igual que otros colectivos sociales como Stop Uranio y diferentes partidos políticos, han mostrado durante años su oposición y han alertado en numerosas ocasiones de que este proyecto ha estado envuelto en irregularidades, polémica y una oposición social desde un primer momento.
Degradación ambiental
El proyecto obtuvo en 2013 una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, la evaluación de impacto ambiental no analizaba la mayor parte de los graves daños asociados, como tampoco los generados por la producción y almacenamiento de residuos radiactivos sobre el entorno y las personas, según los ecologistas.
Estas organizaciones afirmaron que, pese a no haber conseguido todos los permisos necesarios, Berkeley ya ha realizado grandes movimientos de tierras y arrancado más de 2.000 encinas, algunas de ellas centenarias. Referido en ocasiones como 'mina de uranio', el macroproyecto en sí consta, además, de la mina a cielo abierto, de una planta de procesado de mineral de uranio (considerada instalación radiactiva nuclear) y de una planta de almacenamiento de residuos nucleares.
Las organizaciones ecologistas denunciaron que las amenazas no acaban con la explotación de la mina, el concentrado de uranio y el almacenamiento de residuos radioactivos, sino que perdurarán a largo plazo cuando las minas queden abandonadas una vez que acabe su explotación.
“Aparte de la degradación ambiental irreversible de un paisaje que quedará degradado para siempre, la contaminación y el riesgo radiactivo permanecerán de manera persistente en la zona y deberá ser la administración pública, con dinero de todos los ciudadanos, la que vele durante décadas por esta instalación radiactiva y sus residuos, dejando un legado peligroso y contaminado para las generaciones futuras”, añadió.
