Babia exige la expropiación forzosa del puerto de Pinos
Las juntas vecinales de Pinos, San Emiliano, Candemuela y Villargusán creen que ha llegado la hora de que la Junta de Castilla y León intervenga de una vez por todas en el conflicto que desde hace décadas se mantiene con el Ayuntamiento de Mieres, por unos montes utilizados por ganaderos de leoneses.
Y para resolver definitivamente la cuestión, indican que es necesario que la administración autonómica lleve adelante una expropiación forzosa de las parcelas que pertenecen, desde principios del siglo pasado, al municipio asturiano.
Según el abogado Carlos González Antón, de Ecourban, se trata de un conflicto territorial muy grave, que redunda en una notable inseguridad jurídica para los ganaderos de la zona, que conviven con la incertidumbre de saber cada año si podrán subir o no el ganado al puerto de Pinos.
Sucede que hace 85 años, Mieres adquirió en subasta pública esos terrenos, que se encuentran dentro de los límites territoriales de Castilla y León. Días atrás, el ayuntamiento de esa ciudad asturiana aprobó por mayoría pedir la anexión de esos terrenos a su jurisdicción.
“Esto significa un claro ataque y vamos a solicitar a la Junta de Castilla y León que tome cartas en el asunto. Es algo que se puede hacer asumiendo competencias”. Además, González Antón adelantó que se enviará una carta a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría poniendola en conocimiento del conflicto, por si llegara finalmente a las Cortes.
Financiación
Los ganaderos, las administraciones locales y distintas asociaciones medioambientales destacan que lo que se pide, además de la expropiación forzosa de los terrenos es que la Junta ejecute la construcción de la carretera hasta el puerto de Pinos, además de la adecuación de infraestructuras ya existentes.
De esta manera, se podría convertir a la zona en una motor para el desarrollo de la ganadería extensiva y la práctica de deportes de montaña (con especial atención al macizo de Ubiña) potenciando un espacio de “altísimo valor medioambiental”.
Según indicó González Antón, hace ya varios años la Diputación de León realizó un estudio que determinó que el coste de la expropiación de las 900 hectáreas rondaría el millón de euros.
El coste del proyecto debería correr, según los alcaldes pedáneos, por cuenta de la Junta de Castilla y León. Además, para las actuaciones en el puerto de Pinos debería contarse con las medidas compensatorias a las que está obligada la empresa MSP-Coto Minero Cantábrico por las explotaciones ilegales de minería a cielo abierto.
“Queremos agradecer el apoyo que ha comenzado a manifestar el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván. Entendemos que en enero tendremos una reunión con él para hablar de este tema. Hasta ahora, el papel de la Junta ha sido discreto”. concretó el abogado.
