Victorino Alonso gana el primer asalto a Hunosa por el caso del carbón desaparecido
El juez ha archivado la querella penal interpuesta por Hulleras del Norte S.A. (Hunosa) contra los administradores únicos de Unión Minera del Norte S.A. (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC) y contra su apoderado general, Victorino Alonso, por la desaparición de medio millón de toneladas de carbón de los almacenamientos. Tanto el juez como el fiscal han considerado que se trata de un “asunto civil” originado por una “discrepancia” en la interpretación de los contratos suscritos entre ambas compañías mineras y Hunosa para la adquisición de carbón con destino al Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC).
Por eso, se instó a continuar con el proceso por la vía penal, una posición “plenamente coincidente” con la mantenida “desde el principio” por Uminsa y CMC, que ya habían demandado a Hunosa ante los Juzgados de Primera Instancia de Oviedo por el embargo de sus facturaciones y ayudas que conducían a ambas empresas a la “asfixia económica” sin haberse declarado “ningún incumplimiento de los contratos”, según explicó el grupo Alonso a través de un comunicado.
Igualmente se advirtió de que, para “rematar el cúmulo de despropósitos” de estas actuaciones, hay que indicar que Hunosa tendrá que soportar pérdidas “muy significativas” en la ejecución de los contratos, dada la situación liquidación de CMC y de concurso de Uminsa. El grupo Alonso acusó a Hunosa de haber hecho que, con su estrategia de “acoso y derribo” se hayan perdido 1.000 puestos de trabajo en las empresas auxiliares de Uminsa y CMC, y de haber puesto en situación de “grave riesgo” a los algo más de un millar que aún se mantienen. De hecho, los querellados no descartan la posibilidad de exigir responsabilidades por los “multimillonarios daños” ocasionados.
Con la acusación realizada por Hunosa en la vía penal tan sólo se consiguió la paralización de la acción civil a la que ahora deriva el juez, así como generar un estado de opinión “adecuado” para favorecer la denegación de 50 millones de euros en ayudas de 2012 a ambas empresas, provocando la situación concursal en la que se encuentran inmersas, a la que hay que añadir la liquidación de gran parte de las empresas auxiliares.
A juicio del grupo Alonso, esta “maniobra” queda ahora “al descubierto” ya que se había aseverado por parte de Hunosa la desaparición de los almacenamientos de más de 500.000 toneladas de carbón, ya que se ocultó que el informe constaba de una segunda fase de mediciones, algo que quedó probado más tarde en el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea (Asturias), al ponerse de manifiesto que los dos informes aportados por ambas partes “no son contradictorios, sino complementarios”, es decir, que existía carbón “suficiente” en los almacenes para dar cumplimiento a los contratos.
A pesar de conocer esta situación, el grupo Alonso denunció que Hunosa aceleró el paso y se negó a recibir ese segundo informe, que era “el definitivo”, y que se le ofreció “pocos días antes” de la presentación de la querella, una actuación que los abogados de Uminsa y CMC están analizando ante la posibilidad de exigir responsabilidades por los “multimillonarios daños y perjuicios” ocasionados a ambas empresas.
