Nuevo varapalo del TSJ a la coincineración de las cementeras en Castilla y León
Por Sentencia nº 755, de 10 de abril de 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la autorización en Venta de Baños, y cierra el círculo de las ya previas en Toral de los Vados y La Robla.
Esta sentencia se produce a instancia de Ecologistas en Acción contra la autorización otorgada en 2010 a la fábrica de cemento de Venta de Baños (Palencia) por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la incineración de 80.000 toneladas anuales de residuos, “por haberse omitido la preceptiva evaluación de impacto ambiental”, resume Ecologistas.
Se trata de la tercera sentencia dictada por el TSJ en relación con la incineración de residuos en fábricas de cemento, tras la anulación de las autorizaciones ambientales de las cementeras de La Robla y de Toral de los Vados, respectivamente en julio de 2013 y enero de 2014.
De esta manera, ha sido declarada ilegal la incineración de residuos en las tres fábricas de cemento de la Comunidad, pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo y de los recursos interpuestos por los ecologistas contra la pretensión de incinerar hasta 200.000 toneladas anuales de residuos en estas instalaciones.
Recurso al Plan de Residuos
Asimismo, Ecologistas en Acción ha recurrido la semana pasada el Plan Integral de Residuos aprobado el pasado mes de marzo por la Junta de Castilla y León, “plan dirigido a dar cobertura legal a la importación y quema en las fábricas de cemento de la región de centenares de miles de toneladas de residuos de todo tipo (rechazos, plásticos, neumáticos, lodos, envases, vehículos fuera de uso...), en detrimento de la reducción, la reutilización y el reciclado de los desechos”, señala la ONG en un comunicado.
Ecologistas en Acción considera “inadmisible que el Gobierno autonómico anteponga el interés económico de un sector industrial concreto como el cementero a la protección de la salud y el medio ambiente del conjunto de la Comunidad”. Por ello, pide al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, un cambio “radical en la política de residuos de su Consejería, cambio que debe pasar por el relevo de los actuales responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental, muy especialmente del Jefe de Servicio de Residuos, procesado por delito ecológico”.
