Los ecologistas piden la retirada de la ley de Parques Nacionales

ICAL

Las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF piden la retirada de la ley de Parques Nacionales ante su posible aprobación mañana en el Congreso de los Diputados por entender que la norma debilita la conservación de estos espacios, aporta mayor confusión en su gestión y se pliega a las exigencias de los intereses privados en lugar de hacer valer el interés general.

El colectivo explica en un comunicado que, desde un primer momento, advirtió del riesgo que suponía reformar una ley fruto del consenso y del acuerdo general tras numerosos pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional. Por ello, considera “inaceptable y una irresponsabilidad” que la norma que regula la principal figura de la conservación de un país esté sometida nuevamente al conflicto y la falta de consenso.

Con la reforma de Ley de Parques Nacionales, el Gobierno ha optado por un enfrentamiento que sólo perjudica a estos espacios protegidos, tal como se evidenció en el Senado días atrás cuando todos los grupos políticos votaron en contra, dejando sólo al Partido Popular, destacan en su nota de prensa.

Para el colectivo ecologista, la reforma hace primar el interés particular sobre el interés general en unos espacios cuya conservación está declarada de interés general de la nación. “Por primera vez en los casi cien años de historia de los parques nacionales, se antepone nítidamente el interés particular al colectivo, y el objetivo de protección de la naturaleza se supedita a las demandas de sectores concretos”, indican.

Además, creen que se rompe la homogeneidad y la coherencia de los parques nacionales y rechazan que sea una ley armonizadora, sino que consideran que recoge “excepciones a la carta en parques nacionales”, donde citan a Monfragüe, Sierra de Guadarrama o Cabañeros. “Debilitan la figura de conservación que suponen los parques nacionales”, advierten.

Por otro lado, valoran que no se soluciona el problema de la falta de capacidad de coordinación de la Administración central. A pesar de que este era el objetivo inicialmente anunciado por el Gobierno para reformar esta ley, las referencias del texto propuesto a esa capacidad son meramente estéticas y no incorporan ningún elemento efectivo para desarrollar acciones comunes, programas de Red, o actuaciones coordinadas que justifiquen la reforma de la ley actual.

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