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La trama Púnica en la Diputación

La 'Púnica' leonesa se urdió en una reunión entre el interventor, el conseguidor De Pedro y Martínez Barazón en su despacho

La denegación de la Audiencia Nacional de devolución de los 30.000 euros de fianza a 'Suso' López desvela detalles desconocidos de una cita que acabó con los tres encausados, en la que presuntamente se habló de los contratos en San Isidro para favorecer a empresas de Alejandro de Pedro, además del pago supuestamente irregular de 105.038 euros que en su día desveló en exclusiva iLeon.com.

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C.J. Domínguez | 27/02/2015 - 13:49h.

La escena se produce en el despacho de Presidencia de la Diputación de León, en el Palacio de los Guzmanes. Tras la mesa que ocupara hasta pocos meses atrás Isabel Carrasco se encuentra el presidente del PP, Marcos Martínez Barazón, y al otro lado el joven empresario Alejandro de Pedro Llorca, con importantes vinculaciones empresariales con varios dirigentes populares del país.

Hablan de una serie de contratos muy precisos a desarrollar en la estación de esquí de San Isidro para favorecer al empresario, proyectos que desarrollarían "empresas controladas o en nombre de las que habla" De Pedro, "en detrimento de la libre y legal concurrencia" pública. En un momento dado, Martínez Barazón necesita saber si existe consignación presupuestaria dentro del año 2014 para ponerlas en marcha y es entonces cuando se avisa al interventor del Palacio de los Guzmanes, Jesús 'Suso' López Sánchez, para que se incorpore a la reunión.

'Suso' López tenía prohibido intervenir en San Isidro por intereses personales

El presidente le consulta además sobre "la forma o procedimiento de ejecución del gasto" que prevén impulsar, a pesar de que López tiene prohibido intervenir en cualquier contratación en San Isidro por tener intereses personales en la zona, en concreto ser propietario de diversos apartamentos. La cita es a puerta cerrada. Nadie más interviene. Y aunque no se conoce la fecha de este momento en el que se urdió la trama que acabó con los tres encausados tras la Operación Púnica contra la corrupción, lo cierto es que pocas semanas después se cumplió la sonada orden de detención de la Audiencia Nacional para poner entre rejas a Marcos Martínez y Alejandro de Pedro y la imputación de 'Suso' López.

Estos vitales detalles, hasta ahora desconocidos, aperecer reflejados en el auto 67/15 del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional que el pasado 23 de febrero desestimó el recurso y apelación de Jesús López contra la decisión de imponerle el pago de 30.000 euros a cambio de su libertad, al que ha tenido acceso iLeon.com. Los entrecomillados son textuales de esa decisión judicial, un nuevo jarro de agua fría para la persona que aún ejerce de interventor de la Diputación a pesar del caso.

Los pagos a Madiva que desveló iLeon.com, prueba de peso

La red recibía a diario todas las noticias que generaba el presidente de la Diputación. Y las volcaba sin más en sus digitales 'zombis'. / Leonactualidad.es
La red recibía a diario todas las noticias que generaba el presidente de la Diputación. Y las volcaba sin más en sus digitales 'zombis'. / Leonactualidad.es

 

El auto desvela así detalles muy relevantes de cómo se originó la presunta trama Púnica en León, a pesar de que aún hoy continúa el secreto de sumario dictado por el juez Eloy Velasco. Pero aún hay más: la investigación penal no sólo afecta a esos contratos de San Isidro, además de a otro de un stand para la feria Intur de Valladolid, sino en los cuantiosos pagos mensuales que la Diputación realizaba a favor de la empresa Madiva, propiedad de Alejandro de Pedro, para la promoción política y personal de Martínez Barazón y de su antecesora Isabel Carrasco, entre otras cosas con la publicación de noticias favorables a ellos en la red de diarios zombis de las empresas del empresario presuntamente implicado.

El pago de hasta 105.038 euros, desvelado en exclusiva por iLeon.com, se apunta en la instrucción del caso Púnica como la otra punta del iceberg. El nuevo auto certifica que esos pagos se produjeron entre mayo de 2012 y octubre de 2014 -cuando fue detenido el hoy ex presidente del PP-, si bien en su recurso el interventor se desvincula de su posible irregularidad, admitiendo que "se tramitaron como 'propuesta de gasto' o 'contrato menor', por lo que no estaban sometidas a fiscalización previa por parte de Intervención".

El juez aún ve riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

Sin entrar en el fondo del asunto, porque "es cuestión que en este momento procesal no puede resolverse con total fiabilidad", esos pagos son serios "indicios" que "se siguen investigando" sobre el "diseño de una operativa fraccionada de pagos por presuntos servicios de publicidad concertados sin contrato ni estudio económico de viabilidad que evitaban subrepticiamente el preceptivo paso por la Intervención" de la institución, o sea, sin control alguno.

Al contrario de lo que argumenta el interventor Jesús López, el magistrado que rechaza la devolución de su fianza sigue dando crédito a "sus posibles responsabilidades penales" aunque sea como indicios, y recuerda que el alto funcionario de la Diputación mantiene "supuestos contactos" que podrían obstruir la investigación o destruir pruebas y deja abierta la posibilidad de fuga, riesgo "poco intenso, pero existente".

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