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Juzgados

Denuncia penal de varios funcionarios contra todo el gobierno del PP en la Diputación

Empleados públicos de la institución piden a la Fiscalía que investigue si los diputados populares han podido cometer prevaricación, falsificación de documento público, malversación, fraude, tráfico de influencias y hasta coacciones y moobing por su política "mafiosa" para beneficiar a tres funcionarios afines al frente del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), varios de ellos miembros del PP. Se trata de una ofensiva judicial sin precedentes.

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El actual presidente, Emilio Orejas, se enfrenta a una denuncia sin precedentes junto a todos sus compañeros del PP en el Palacio de los Guzmanes. / Peio García / ICAL
ileon.com | 18/03/2015 - 12:38h.

La Fiscalía de León ha recibido una denuncia penal presentada por funcionarios de la Diputación de León por la que se atribuye a todo el equipo de gobierno del Partido Popular en la institución, incluidos el actual presidente y el anterior, Emilio Orejas y Marcos Martínez, respectivamente, los presuntos delitos de prevaricación, falsificación de documento público, malversación, fraude, tráfico de influencias y coacciones.

Se trata de un proceso que podría sacudir a la cúpula del Gobierno popular en la Diputación, a costa de las actuaciones que se han venido realizando por la política de personal en el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), en la que algunos empleados públicos han llegado a defender ciertas irregularidades interponiendo hasta ahora 10 procesos contenciosos, que acabaron en sentencias que a juicio de los denunciantes han sido sistemático desoídas por el PP tanto en Junta de Gobierno como en Pleno.

La responsabilidad más directa recaería en la diputada Mª Paz Díez, alcaldesa de Mansilla de las Mulas, como responsable directa del área del SAM, Patrimonio y Central de Compras, siempre según la documentación remitida a la Fiscalía por los impulsores de la denuncia, pero también en el actual presidente, Emilio Orejas, su antecesor, el hoy expulsado del PP Marcos Martínez Barazón.

Del mismo modo, se incluye a los vicepresidentes Francisco Lupicinio Rodrigo, José Antonio velasco y Miguel Ángel del Egido, así como a los diputados Francisco Javier García Álvarez, Teodoro Martínez, Raúl Valcarce, Mª Isabel Fresno y el portavoz del grupo, Jaime González, como integrantes de la Junta de Gobierno; así como José Manuel Blanco, Miguel Ángel Robla y Jose Manuel Moro, por sus acuerdos en el Pleno. Solamente libraría Manuela García Robles, que sustituyó a Isabel Carrasco tras su asesinato.

Una lista interminable

Tal y como se relata en la documentación, "la actuación de los diputados denunciados" consistió en nombrar para los tres puestos de máxima responsabilidad del SAM (Jefe del SAM, jefe de Sección-Coordinación de la Unidad de Asesoramiento y arquitecto-coordinador técnico) "a tres funcionarios afines mediante actuaciones de contínuo favorecimiento, incurriendo en ilícitos penales como prevaricación, falsificación de documentos oficiales, tráfico de influencias, fraude y malversación de caudales públicos, así como en coacciones, acosando laboralmente a los aquí denunciantes por resultar éstos un obstáculo para la consecución de sus fines".

A juicio de los impulsores de la demanda, revisten especial gravedad y posible responsabilidad penal la forma en la que el PP ha desoído las decisiones judiciales ganadas en el ámbito contencioso, así como decisiones como seguir pagando a personal designado en su día para responsabilizarse del Servicio de Asistencia a Municipios, a pesar de que los Tribunales anularan sistemáticamente sus nombramientos. En la actuación concreta de Mª Paz Díez, se creen demostrados dos presuntos delitos de falsedad documental.

La herencia mantenida de Carrasco

El caso proviene de la época de Isabel Carrasco y afecta a las decisiones para 'beneficiar' presuntamente a tres funcionarios a los que, siempre según la documentación que obra en la Fiscalía, los responsables del PP facilitaban 'ascender' a los puestos de máxima responsabilidad de este Servicio a través de comisiones de servicio que se eternizaban en el tiempo, superando con creces presuntamente el tiempo máximo que la legislación permite. Esta situación estaría agrabada con el pago de "prebendas económicas ilegales", según abundan en el escrito a la Fiscalía.

"Todo lo denunciado son claramente actos presuntamente mafiosos y, por ende, delictivos", finaliza el escrito.

Afiliados al PP

Este proceso habría culminado con la entrega definitiva de estas plazas, proceso en el que entrarían en juego posibles casos de falsificación en documento público, entre otros presuntos delitos. Entre la abundante documentación aportada, los denunciantes recuerdan que los funcionarios beneficiados por las decisiones políticas del PP en la institución son Isabel Fernández Pérez, afiliada al PP y "miembro de la ejecuta provincial"; Ana Belén Cosmen García, igualmente militante del PP; y José María Alvado Martín.

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