Down León denuncia la actuación de un notario que negó un poder a una joven para contratar un abogado
Un notario de León ha denegado en la mañana de este miércoles a una joven de 18 años, no incapacitada judicialmente la posibilidad de nombrar mediante un poder, un abogado para que una compañía de seguros realice una reclamación en su nombre ante el Ayto. de León, por unos desperfectos ocurridos en un vehículo cuya titularidad ostenta la joven, según ha denunciado Amidown León en un comunicado.
La joven, con síndrome de Down, acudió a la notaría acompañada de su padre, para poder realizar dicho trámite, lo que no fue posible ante la negativa del notario, que alega que la joven no tiene capacidad de obrar, puesto que no comprende lo que firma.
Según manifiesta el padre de la joven “podría entender que el notario actuase así, si se tratase de enajenar patrimonio suyo, o si acudiese a realizar el trámite acompañada de alguna persona extraña, pero si ni siquiera acompañada y asesorada de su padre, puede nombrarse un abogado que defienda sus intereses, que alguien me explique a mí en que situación de indefensión se encuentra mi hija ahora mismo”.
El notario ha remitido al padre de la joven a la fiscalía para que sea ésta quien represente a su hija, o bien a la obtención de una rehabilitación de la patria potestad para poder actuar en su nombre, lo que a juicio del padre, discrimina a su hija con respecto a los demás ciudadanos, “cuando va a la notaría una persona mayor, con sus familiares que tampoco entiende mucho lo que firma, nunca he visto a un notario remitirla al fiscal para que la represente, normalmente da por bueno el asesoramiento de sus familiares, y más para temas de poca trascendencia como es una reclamación por daños de un seguro”.
El padre de la joven, asociado a Down León -Amidown-, ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos de dicha Asociación, que estudiará si se ha producido algún tipo de conculcación de los derechos de esta joven y de ser así actuará en consecuencia.
La asociación Amidown, con la denuncia de estos hechos trata de poner de manifiesto la situación de indefensión y la escasa protección jurídica a la que se ven abocadas las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, ya que estas actuaciones, si bien pueden estar amparadas en un ámbito legal, chocan directamente con lo establecido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que en su artículo 2 recoge la obligación de los estados adheridos a dicha convección a realizar los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso en igualdad de condiciones de todas estas personas a los servicios públicos y a la justicia sin discriminación de ningún tipo por razón de discapacidad.
