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ECONOMÍA PÚBLICA

Casi la mitad de la población de León recibe ingresos del erario público

La suma de parados con derecho a prestación, funcionarios, jubilados, perceptores de pensiones no contributivas y de la renta garantizada de ciudadanía supone el 46,5% de la población mayor de 16 años.

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R. Travesí/Ical | Valladolid | 19/08/2015 - 17:01h.

Cerca de un millón de castellanos y leoneses, en concreto 929.714, vive del erario. Una cifra que resulta de la suma de parados con derecho a prestación, empleados públicos, jubilados, perceptores de pensiones no contributivas y asistenciales además de personas que reciben la renta garantizada de ciudadanía, que en conjunto ya suponen el 44 por ciento de la población mayor de 16 años en la Comunidad Autónoma. Todos ellos tienen como principal o única fuente de ingresos el sector público, ya sea el Estado o la Junta de Castilla y León.

El grueso de las nóminas vinculadas a las arcas públicas en la región corresponde a las pensiones (602.668), seguido del personal empleado en las diferentes administraciones (164.961) y los beneficiarios de prestaciones por desempleo (103.800) hasta alcanzar un total de 871.429 ciudadanos, según los datos recabados por la Agencia Ical. Significa el 41,5 por ciento del total de mayores de 16 años en la Comunidad, un porcentaje solo superado por Asturias (44,1 por ciento), Galicia (43,4 por ciento) y Extremadura (42,1 por ciento).

Todas estas autonomías están muy lejos de Madrid, con una ratio del 32,7 por ciento al contar con un mayor número de ocupados. La proporción de personas que dependen directamente del erario en Castilla y León se sitúa cuatro puntos por encima de la media nacional, situada en el 36,6 por ciento.

Muy cerca del porcentaje del conjunto de España se encuentra la provincia de Valladolid, con un 37 por ciento y un poco más alejado Segovia, con un 38,6 por ciento. También figuran por encima de la media regional Salamanca (40,5 por ciento) y Ávila (41 por ciento). El resto de territorios de la Comunidad supera el 40 por ciento aunque algunas lo hacen con mucha diferencia.

Son los casos de León (46,5 por ciento), que lidera el número de desempleados con derecho a prestación y de pensionistas mientras que cuenta con la segunda cifra más alta de funcionarios (solo por detrás de Valladolid). Todo ello provoca que cerca de la mitad de la población leonesa mayor de 16 años dependa de forma directa del sector público.

También están muy por encima de la Comunidad las provincias de Soria y Zamora, con un 43,7 y un 43,4 por ciento, respectivamente, por las personas que cobran una pensión. Por detrás aparecen Palencia (42 por ciento) y Burgos (41,8 por ciento).

10.800 funcionarios menos que en 2008

En la actualidad, la Comunidad cuenta con unos 46.000 'dependientes' del Estado más que al inicio de la crisis, en 2008, con un incremento el 5,6 por ciento. El colectivo de funcionarios de las administraciones central, autonómica y local ha sido el único que ha caído en estos siete años, con 10.839 personas menos. De los 164.961 empleados públicos existentes en la Comunidad, a fecha de enero de 2015, más de la mitad corresponde a la Junta de Castilla y León que tiene en plantilla a 84.327 empleados. Completan la lista los funcionarios del Estado (37.216), de ayuntamientos y diputaciones (34.869) y los pertenecientes a las cuatro universidades públicas (8.551).

En cambio, los castellanos y leoneses que cobran el paro se ha disparado un 51,5 por ciento en ese periodo, al pasar de los 68.500 a los 103.800 beneficiarios de prestaciones por desempleo. El número de pensiones también experimentó un incremento, pero muy inferior al de los desempleados. La Seguridad Social abona 21.680 pensiones más que en 2008 hasta las 602.668. Es, con diferencia, el grupo más numeroso de los tres analizados pese a que la cifra de jubilados sea un poco inferior puesto que una persona puede cobrar más de una prestación. No en vano, están incluidas las pensiones de jubilación (62,4 por ciento del total), viudedad (26,1 por ciento), incapacidad permanente (7,4 por ciento), orfandad (3,3 por ciento) y en favor de familiares (0,6 por ciento).

Se trata de un colectivo que no para de aumentar por la elevada tasa de envejecimiento de la sociedad castellana y leonesa pero también por la falta de oportunidades laborales que fuerza a muchos individuos a adelantar la edad de jubilación. Un incremento que tiene su influencia en las cuentas públicas puesto que el desembolso mensual para el pago de las pensiones en Castilla y León supera los 520 millones de euros (más de 8.000 millones en España).

De ahí, el déficit de las cuentas de la Seguridad Social al coincidir el incremento constante de los pensionistas con el menor número de cotizantes, con la sangría de asalariados del sector privado con motivo de la crisis económica, y los sueldos más bajos.

La Comunidad suma 871.776 afiliados a la Seguridad Social frente a los 976.267 existentes en 2008. Son casi 105.000 menos. Del total de castellanos y leoneses dados de alta, más de 706.000 son asalariados del sector privado, un número muy similar a la suma de los desempleados que cobran el paro y los pensionistas.

Renta Garantizada y pensiones no contributivas

La acción protectora del Estado en su conjunto ha aumentado durante la crisis al tratar de paliar la falta de recursos de muchas familias que van más allá de las tradicionales prestaciones. El mejor ejemplo está en las rentas mínimas de inserción que son competencia autonómica y por tanto dispares entre unas regiones y otras.

La prestación en Castilla y León recibe el nombre de Renta Garantizada de Ciudadanía, que oscila entre los 426 y 692 euros en función de las cargas familiares. Se trata de una renta, establecida como un derecho, que busca garantizar las necesidades básicas de subsistencia una vez agotadas todas las prestaciones. La Comunidad registró el año pasado a unas 34.000 personas, con un incremento del 30 por ciento respecto a 2013.

Además, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) -dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- se hace cargo de las 13.390 pensiones no contributivas de jubilación en la Comunidad y otras 9.700 de invalidez. Beneficiarios que suponen un desembolso mensual de 8,3 millones de euros, a los que hay que sumar las 2.236 personas con discapacidad que perciben prestaciones sociales y económicas y el medio centenar de pensiones asistenciales.

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