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JUICIO POR EL ASESINATO DE ISABEL CARRASCO

Los manejos políticos de Carrasco en Diputación apuntalan la defensa de Triana y Montserrat

El juicio por su asesinato airea aún más la política clientelista de personal de la presidenta como argumento principal para justificar el clima de terror impuesto por quien acabó siendo víctima. La defensa de Montserrat y Triana ahonda en este argumento erre que erre. Tanto que todos los abogados contra las tres acusadas de su 'ejecución' insisten en una única idea al jurado: que no se juzga a la presidenta.

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C.J.D. | 20/01/2016 - 22:00h.

En vida de Isabel Carrasco, era algo más que vox pópuli. Las oposiciones en 2011 de auxiliar administrativo en las que 14 elegidos resultaron ser afiliados, parientes, cargos públicos y amigos del PP que sacaron un 10 redondo, la máxima puntuación, entre sospechas de filtración de examen -que no acabaron en sentencia condenatoria- fueron como la punta de iceberg de un clima de clientismo, favores políticos y empresariales y una gestión interesada de personal que manejaba la todopoderosa presidenta de la Diputación y del Partido Popular leonés.

Éste y otros escándalos han recobrado nueva vida a propósito del juicio por el asesinato de Carrasco de tres tiros en mayo de 2014 a manos de una afiliada del PP, Montserrat González, madre de una Triana Martínez, también del PP y ex trabajadora a sus órdenes, que no ha tenido empacho alguno en detallar la red de presiones asfixiantes que sufrían los enemigos de la presidenta, empezando por ella misma. Y eso que tampoco oculta en ningún momento que, como tantos, ella entró enchufada en la Diputación incluso antes de que Carrasco asumiera el poder y 'enchufada' vivió a su protectora sombra hasta el presunto incidente del intento de agresión sexual de su jefa hacia ella.

 

Pero la lista de 'manejos' de la presidenta, conocida a nivel nacional como la de los 12 sueldos -para los que ella tenía esta justiticación-, es casi infinita hasta el día mismo de su cruel asesinato. Era su forma de dirigir la institución provincial un constante ubicar en puestos clave a personas vinculadas al partido, de su entera, ciega confianza, dispuestas a seguir a pies juntillas todas sus órdenes. Las mesas de contratación, con procesos de contratos públicos 'por invitación' tan sólo a tres empresas, contaban con técnicos siempre afines, al igual que los tribunales de selección de personal.

Todo ello para adoptar decisiones casi siempre dando puntada con hilo, siempre a favor de quienes pudiera interesar, incluso de sí misma. Como por ejemplo, contratos con la empresa en la que trabajaba su pareja, Jesús López Brea, hoy acusación particular en el juicio por su asesinato; una empresa que se embolsó al menos medio millón de euros en 113 operaciones de contratación diferentes en vida de la presidenta.

Esta política fue la que mantuvo durante años en el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), un servicio esencial de la Diputación para atender a los pequeños municipios leoneses, en cuyo frente situó a Ana Belén Cosmen y otros reconocidos 'carrasquistas', como el arquitecto-coordinador jefe, de su plena confianza y siempre de la órbita popular. Política que colea desde que un aguerrido grupo de funcionarios que no eran de la cuerda oficial comenzó a interponer denuncias que han ido ganando por decenas en los tribunales y que al cabo de los meses incluso ha acabado en una macrodenuncia ante la Fiscalía contra la totalidad del anterior equipo de Gobierno del PP por presuntos delitos de prevaricación, falsificación de documento público, malversación, fraude, tráfico de influencias y hasta coacciones y moobing, por tratar de pertetuar la línea de gestión de Carrasco.

Eso por no mencionar otra herencia envenenada: los pagos a la red corrupta Púnica, que luego acabaron en prisión de su mano derecha y sucesor, Marcos Martínez Barazón por orden de la Audiencia Nacional. La mayor parte de los 113.000 euros abonados al conseguidor Alejandro de Pedro, que entró en la Diputación a 'limpiar' la imagen pública de Carrasco en Internet, se abonaron por orden de la presidenta.

Miriam Chacón / ICAL La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, caracterizada como Isabel la Católica en la segunda jornada de Intur
Miriam Chacón / ICAL La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, caracterizada como Isabel la Católica en Intur 2013.

 

Fruto de esta presión asfixiante, de iba de lo laboral a lo político pasando por lo personal, hubo muchas personas, tanto de Presidencia como diversos responsables de Prensa de la Diputación y otros, que sistemáticamente renunciaban a su puesto por no poder aguantar aquel clima. Algunos estuvieron apenas unas semanas, como recordaba hoy mismo Triana Martínez en su declaración.

Todo ello le viene de perlas a la defensa de su asesina, Monserrat González, y de su hija Triana, que se ha encargado de recordar hasta la saciedad en los apenas dos días de juicio la tremenda lista de oprobios que acumuló la víctima en vida. Y por supuesto, en esa estrategia, tanto madre como hija han dado multitud de frases en ese sentido, sin cortarse un pelo.

Hasta tal punto que los abogados de tres acusaciones, la que representa a la hija de Carrasco, a su pareja y al Partido Popular, coincidieron insistentemente en fijar en los miembros del jurado -todo él de la provincia leonesa- una idea esencial: que este mes no se juzga a la presidenta sino a quién o quienes la mataron. Ni al régimen implantado por ella y bautizado por numerosos medios de comunicación como 'carrasquismo'. Fuera Carrasco como fuera.

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